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Septiembre es el último plazo para acogerse a la ley Fintech. Pixabay

Termómetro Fintech: Cuenta atrás para el fin del plazo

Hace ya cinco meses que el pleno de la Cámara de Diputados mexicana aprobó la ley que regula a las instituciones de tecnología financiera, conocida como ley Fintech. Unos meses que han pasado rápido para muchas entidades que pueden acogerse a la regulación, y que ven cómo se les agota el tiempo para adaptarse
por Ana Veiga
publicado el14/08/2018
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Septiembre será el mes en que el pánico tome a muchas empresas financieras de base tecnológica en México. Será el último mes que tienen para decidir si se acogen a la Ley Fintech mexicana, aprobada en marzo de este año. Pero lo cierto es que la decisión es complicada cuando no tienes toda la información necesaria. Es el caso de esta Ley, que todavía no ha fijado en su regulación primaria información tal como la cantidad mínima necesaria para constituirse en empresa fintech.

No es que sea una novedad que la normativa tenga carencias. Al igual que sucede con el ser humano, en su propio ADN está la necesidad de crecer y desarrollarse mucho más allá de lo que es ahora; aunque en este caso, la regulación es definida por algunos como asimétrica y será su descendencia regulatoria la que defina muchos de sus puntos clave. Sí, la Ley nace con una regulación escalada, que ha centrado sus líneas en sentar bases y deja lo ¿accesorio? para una cascada regulatoria que deberá ser creada por las autoridades en la materia en los próximos dos años.

De hecho, se trata del único país que ha optado por la regulación escalada o por fases. Algo que algunos expertos ven como oportunidad. “La realidad es que se hizo tan rápido que se hicieron solo los principios generales en la primaria; si las legislaciones secundarias no funcionan, se pueden ir cambiando. La adaptabilidad es la ventaja del modelo escalado”, asevera Romina Fernández, asociada de Cuesta Campos y Asociados S.C., quien también reflexiona sobre una de sus desventajas: la incertidumbre que la regulación escalada genera en los posibles afectados.

Romina Fernández
Romina Fernández

Entre sus preocupaciones, está también un “cierto proteccionismo a la banca tradicional” que, insiste, aún planea por las líneas de esta Ley. “México empezó a regular al ente desconocido que es el sector fintech y trató simplemente de hacerlo de forma inmediata porque ya era necesario, había muchas áreas grises en las que ya operaban estas empresas mientras la legislación seguía protegiendo a la banca”, considera.

Lo que está claro es que se trata de una Ley innovadora por ser la primera Ley Fintech en América Latina. Aunque “es una innovación un poco obligada, porque es una actividad que ya se estaba llevando a cabo en el país y que chocaba con el marco regulatorio”, consideran expertos de la firma González Calvillo S.C.

Sea como fuere, sí es fácil comprender que cualquier legislación que pretenda regular un sector con un gran componente tecnológico se ve abocada a tomar – o al menos intentarlo- su acelerado tempo. Y es que se está regulando un sector muy nuevo. A pesar de que México es líder en emprendimiento fintech de América Latina, cuenta con un 35% de empresas del sector de las que solo el 13% supera los cinco años -y la mayoría no supera los dos años-. ¿Puede ser pronto para regular un mercado incipiente?

“Es el momento, ya llegamos tarde”, cree Fernández. “Lo más importante que debe cumplir la ley Fintech es anticipar cualquier crisis que el mercado deba afrontar”. Analizamos los puntos más relevantes a tener en cuenta y sus implicaciones. 

Principales aportaciones

La Ley Fintech tiene como finalidad regular la prestación de servicios financieros a través de plataformas tecnológicas. Y aporta una inclusión financiera que permite o abre el acceso a servicios financieros a jugadores que no tenían acceso.

El primer aporte que trae es la regulación de cuatro grandes conceptos: las ITFs -Instituciones de Tecnología Financiera, que pueden ser de fondo de pago o de financiamiento colectivo-, el concepto de activos virtuales o criptomonedas, el regulatory sandbox -que permite obtener autorizaciones para llevar a cabo modelos tecnológicos novedosos relacionados con el sistema financiero- y establece la necesidad de crear interfaces tecnológicas entre los diversos jugadores del sector financiero -que permitan intercambiar información del sector-. 

José Ignacio Rivero
José Ignacio Rivero

Es especialmente representativo del sector el regulatory sandbox que se ha planteado y que permite llevar a cabo actividades que aún no existen. En ese sentido es flexible y tiene que serlo por el objeto que busca regular. “Esta Ley tiene como objeto regular un tema que no puede estar atado a una camisa de fuerza”, opina José Ignacio Rivero.

Una preocupación manifiesta del jurista es ver a la Ley Fintech pensando más en el presente que en el futuro.

“Parece que la Ley buscó regular más las cuestiones que se están dando de forma más recurrente en México pero no consideró de manera exhaustiva todas las actividades que se están dando en el sector a nivel mundial. Por ejemplo, en México no se hicieron ICOs y no se han mencionado en el texto legal."

Rivero tiene otra desazón y es el anuncio del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la reducción de los salarios de los funcionarios públicos de primer nivel, que son los encargados de esta regulación secundaria. Le preocupa que este descenso salarial “no atraiga al mejor talento”.

“Necesitamos capacidad y educación en nuestros reguladores, para que sean abiertos y permitan el crecimiento del sector”.

 

Menor rigidez y mínimos de capital

La banca tradicional está regulada por legislaciones rígidas y estrictas. Justamente lo que se intenta con esta Ley Fintech es ampliar el panorama legal y, como explica Romina Fernández, “flexibilizar el funcionamiento de la legislación en el sector tecnológico-financiero mexicano”.

La abogada espera una legislación más laxa en los capitales mínimos para la formación de sociedades y en la regulación fiscal. “Tendremos que ver qué dice la legislación secundaria, porque ahí veremos cuánto limitará. En la legislación primaria sí hay mucha flexibilidad”.

Por su parte, Pedro Said -asociado de la firma Basham, Ringe y Correa S.C. en el área financiera, bursátil y corporativa-, sospecha que esa cantidad no será tan baja como se espera, lo que advierte como una ventaja. “Antes, cualquiera podía constituir una entidad fintech, pero ahora el mínimo que se va a establecer es muy elevado. Precisamente para que, si hay algún problema, puedan responder a sus inversionistas”, argumenta Said. 

Pedro Said
Pedro Said

En cambio para Rivero, experto en González Calvillo, esa supuesta cifra elevada sería una barrera de entrada para muchos de sus clientes, que veían en la Ley Fintech la solución para mejorar la regularización de su actividad. También lanza una duda al aire: “Si van a emitir autorizaciones antes de que esté toda la regulación secundaria aprobada o si van a esperar a 2020, cuando se establezca el capital mínimo de las ITFs. Si eligen la segunda opción, ¿entonces cómo van a dar autorizaciones en septiembre?”. Y es que si esta Ley ha generado algo es expectación y dudas.

 

Protección frente al riesgo

Hasta ahora, los clientes asumían los riesgos contraídos por ellos mismos. “En el futuro, tendremos que ver la posibilidad de que el Gobierno se haga algo responsable, como pasa en Reino Unido, con el fin de proteger al consumidor y mantener la estabilidad financiera”, opina Fernández.

“La Ley Fintech es un poco deficiente por contemplar solo tres figura nuevas en un sector ilimitado; pero creo que es una regulación más importante para los consumidores que para los jugadores del mercado”, considera Said que se refiere al escándalo de la crowdfunding Foodies, en 2016, el cual supuso la recaudación de 963 mil pesos. En ese entonces, varios inversores participaron del proyecto pero la empresa desapareció y “los afectados no tuvieron más recursos en el sistema financiero que ir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef)”. Por eso cree que uno de los objetivos de la Ley no es dar seguridad a la empresas fintech, sino a sus inversores.

No obstante, hablamos de inversores, no del cliente particular. Según Said, los particulares ya tienen acceso a Condusef. Antes no tenían esa entidad y debían acudir a resolver sus problemas con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y, en algunos casos, podían ir al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (Ipab).

 

Mayor acceso a servicios financieros

Malasia fue el segundo país en el mundo –por detrás de China- en aprobar una legislación en torno a las fintech. La introducción del cambio de juego en las finanzas del país tuvo una buena acogida, según un informe de PwC, por las economías aún en crecimiento de la región y las poblaciones aún sin relación con los bancos. ¿Pasará lo mismo en México, donde la población rural supone en torno al 15% del total en el país?

“Totalmente”, responde Said. “Las fintech van a dar acceso a los servicios financieros a personas que no lo tenían, como aquellas en sectores pobres o rurales. Muchas personas no van a los bancos porque no tienen los medios ni las formas para obtener crédito. Estas nuevas empresas les beneficiarán”.

Concuerda Daniel Guaida, asociado sénior de González Calvillo, debido al “perfil poblacional en Mexico”. Según datos del Inesdi, el 56% de la población tenía una relación con la banca formal en el 2012. En el 2015, ese porcentaje subió al 68% pero “aún queda un 32% sin relacion con la banca y es un porcentaje importante”.

Daniel Guaida
Daniel Guaida

Por otro lado, también han aumentado los hogares con acceso a Internet, en el 2015 conformaban el 39% y en el 2017 el porcentaje aumentó a 50%. Mientras el acceso a Internet siga creciendo y se sigan promocionando estos productos, el mercado potencial se seguirá engrosando. “La clave es conseguir que esa población confíe en las empresas fintech y en esos modelos novedosos”, argumenta.

 

Futuro de la banca tradicional

Muchas empresas de la banca tradicional temen que la Ley sea la crónica de una (su) muerte anunciada. Rivero lanza un mensaje de calma. “No creo que se contraponga con el sector fintech porque atienden dos nichos distintos: la banca está altamente regulada y realiza actividades que las ITFs no van a desarrollar, como los préstamos; las ITFs van a hacer cosas que la banca no puede hacer. Son complementarios”.

Tan complementarios que, incluso, algunos bancos ya han optado por hacerse híbridos e incluir pequeñas incursiones en el mundo digital, como la cada vez más extendida apuesta por la banca electrónica. En esta transformación digital de la banca cree también Pedro Said, quien expresa que la Ley ya contempla que muchas fintech se conviertan en subsidiarias o afiliadas de los bancos. “La banca tradicional va a tener que evolucionar”, sentencia.

Aunque quizá no sea la única que debe evolucionar. Se hablaba de que el Gobierno iba a tener un comité para hablar con los jugadores de la tecnología financiera “pero van a ser los jugadores grandes; las pequeñas y medianas empresas van a quedarse fuera y creo esencial que también las escuchen”, sostiene.

El artículo 48 de la Ley indica que cualquiera de las autoridades financieras –como el Banco de México o Hacienda- podrá establecer los requisitos y características que deben cumplir los terceros independientes y se deberán revisar las relaciones profesionales o de negocio que mantengan o puedan mantener con las instituciones de tecnología financiera. Said espera que las autoridades sean “muy rigurosas con esos terceros” como “ya lo han hecho con los bancos” para así evitar cualquier conflicto de intereses o aventajar a algunos jugadores mientras perjudican a clientes e inversores.

Romina Fernández cree que esta medida puede empeorar la temporalidad de los procesos con proveedores extranjeros si les somete a una auditoría. “La tecnología y la operabilidad del blockchain proviene generalmente de empresas que están en el extranjero; por nuestra localización geográfica, muchas son provenientes de EE.UU. Esa evaluación a través de los terceros independientes va a poner en riesgo esa operabilidad y funcionamiento porque, para auditar a un proveedor en el extranjero, va a ser necesario detener los servicios”.

Sin embargo, Rivero ha hecho otra lectura de la Ley:

“El requisito de que te auditen para mantener la seguridad de la información es para las fintech, no para los proveedores. Las fintech deberán cerciorarse de que sus proveedores cumplan lo establecido para no exponerse ellas; y contractualmente tendrán que cubrirse con indemnities u otros similares”.

Por otro lado, se exige que haya oficiales de cumplimiento. Pero la legislación y las empresas que tengan que darle cumplimiento, se verán mermadas. “Este sector es nuevo. Está lejos de que podamos darle cumplimiento. No tenemos ni siquiera gente calificada para pasar los exámenes. Y los pocos que hay, no puede cubrir todas las necesidades”, expresa Fernández.

Posibles duplicidades

Otra preocupación es la posible duplicidad de autorizaciones y de requisitos de cumplimiento. Frente a esto, Daniel Guaida se muestra tranquilo y reconoce que son muchos los clientes que han expresado la duda del conflicto de derechos con leyes previas. A ellos, les contesta:

“No existían leyes que regularan a las ITFs porque se crearon con esta Ley. Lo que sí existían eran operaciones que hoy regula y autoriza a las ITF, pero que antes hacían otras empresas o entidades de forma aislada. Y no creo que vaya a haber ningún conflicto. La ley Fintech es optativa; la institución elige someterse a esta ley si quiere beneficiarse de sus atributos –entre los que destacan las modificiaciones en la Ley del Mercado de Valores y la de Instituciones de Crédito-.”

El cambio en la legislación del mercado de valores fue para permitir a las ITF reconocer sus operaciones – como el crowdfunding- sin entrar en una prohibición por ser una oferta pública, que es lo que actualmente regula esa otra ley. En cuanto a las de instituciones de crédito, se concede a las ITFs la potestad de captar recursos del público de manera habitual.

En el tema fiscal, no existirá un impuesto específico para estas operaciones, “no es cierto que las fintech no tengan que asumir impuestos, porque se les aplicarán las leyes fiscales generales”, expone Guaida.

En definitiva, a un mes del fin del plazo para acogerse a la ley Fintech, son muchas las dudas y la desinformación entre las crecientes empresas de tecnología financiera que se ven en la tesitura de acogerse a ese nuevo sector o borrarse el apellido.

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