Si ha generado suspicacia lo sucedido tras el “No” en el plebiscito y el nuevo proceso de refrendación del Acuerdo entre el Gobierno y las FARC en el Congreso de la República, lo que sigue, la implementación, podría ser el mayor desafío del proceso de paz.
Los cuatro años de negociación entre las FARC y el Gobierno colombiano y la emocionante ceremonia en Cartagena de la firma del acuerdo de paz concluyeron en un anticlimax, cuando el pueblo colombiano rechazó los términos de tal acuerdo en el plebiscito del dos de octubre. Aun así, el presidente Juan Manuel Santos, con su recién otorgado premio nobel de la paz bajo el brazo, insistió en este propósito, y tras 40 días de escuchar primordialmente a los opositores del acuerdo y firmar un nuevo documento en el Teatro Colón de Bogotá (Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera), deja en manos del Congreso la refrendación del acuerdo.
Desde la perspectiva del presidente Santos son “los representantes elegidos por los colombianos quienes refrenden el acuerdo y lo implementen, bajo el control de la Corte Constitucional”. Para ser más exactos, el Gobierno se acoge a la capacidad del Congreso de realizar observaciones de la política pública, a través de su función de control político. Refiriéndose específicamente a la capacidad de negociar la paz.
A partir del primero de diciembre empiezan a contar cinco días para que inicie el movimiento de las FARC hacia las zonas veredales transitorias, a los 90 días se comenzará la dejación de las armas, y en 150 días “TODAS las armas de las FARC estarán en manos de las Naciones Unidas”, sostuvo el Presidente Santos en su discurso durante la firma del nuevo acuerdo.
“La interpretación que hace el Gobierno Nacional es que el Congreso representa al pueblo y por esa razón es viable y legal que se tramite por allí. Es válida, pues muchos de los analistas y críticos del plebiscito decían que no era necesario llevarlo al coeficiente primario, sino que se pasara al Congreso”, explicó Carlos Arias, consultor de Comunicación Política, Estrategia y Poder y docente de la Maestría de Comunicación Política de la Universidad Externado de Colombia.
El abogado y político colombiano, que en la actualidad es presidente ejecutivo de Fasecolda (Federación de Aseguradores Colombianos), Jorge Humberto Botero, afirmó que si bien este accionar es legítimo y legal en tanto que el Congreso lo es, “ese curso de acción genera un resultado político más no jurídico” y por lo tanto, “el Congreso en la fase de implementación conserva la plenitud de sus funciones”.
Es allí, entonces, en la implementación, donde se encuentra el nuevo quid del asunto pues según explicó Botero “el Congreso es un cuerpo político que actúa en ese ámbito que es distinto al de expedición de las leyes y es en este último en donde procede el Control Constitucional (…) El Congreso es un cuerpo soberano y el acuerdo con las FARC no le compromete”.
De acuerdo con el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, el proceso de implementación se podrá tomar seis u ocho meses. Este proceso iniciará con la radicación del proyecto de amnistía “que busca darle seguridad jurídica a los guerrilleros que se desmovilicen”, afirmó el Presidente del Senado. Esta primera ley tendrá trámite ordinario.
Los otros proyectos prioritarios son la participación política y el estatuto de la oposición. Aún no es claro qué tipo de trámite tendrán a su disposición, porque dependerá de la decisión que tome la Corte Constitucional sobre el Fast Track, que permite mayor celeridad en la aprobación de las leyes.
El Fast Track es el mecanismo que le da funciones extraordinarias al Presidente de la República para tramitar las normas de implementación del acuerdo de paz. Este trámite incluye la aprobación o rechazo de todo el texto y el control constitucional “único y automático”; sin embargo, aún no está vigente pues estaba supeditado al resultado de la refrendación que fue negada el pasado dos de octubre.
Al final, será la Corte Constitucional quien decida sobre este respecto.
¿Cómo funcionó la refrendación en el Congreso de la República?
El Senado de la República sesionó el 29 de noviembre con el jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle; voceros de partidos políticos (incluido el Centro Democrático), Naciones Unidas, líderes sociales, senadores, líderes del “Sí” y del “No”. Luego de su aprobación ante el Senado, el 30 de noviembre la Cámara de Representantes realizó el mismo ejercicio con el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, y el jefe del equipo negociador del Gobierno Nacional, Humberto de la Calle, y también con voceros del “Sí” y el “No”.
Tras los debates respectivos resultaron dos documentos en los que se dio el apoyo para el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, con lo cual se dio por refrendado el nuevo acuerdo. Un apoyo de 75 congresistas en el Senado y 130 en la Cámara.
Para el constitucionalista Juan Manuel Charry, es realmente problemático que esta refrendación se haya realizado de esta manera pues “en derecho público solo se puede hacer aquello que está autorizado o previsto por una norma constitucional legal o reglamentaria. El Congreso no tiene competencia de refrendar acuerdos del Gobierno, no se trata de un tratado público, podría hacerlo si se realiza como se tramita un contrato celebrado por el Gobierno. Debería hacerse mediante una ley aprobatoria”.
De acuerdo con Charry, “si se hace como una manifestación o respaldo podría estar incurso en una prohibición constitucional debido a que ninguna de las cámaras del Congreso puede emitir votos de aplauso a las actividades del Gobierno. Creo que esa fórmula sería incluso inconstitucional”.
Al día de hoy, el ala más radical representada por el ex-presidente y actual Senador, Álvaro Uribe Vélez, sigue en desacuerdo. Según dice “el Gobierno no aceptó modificar temas fundamentales para la democracia”.
Aún no convencen a los opositores en puntos como son “elevar los acuerdos a nivel constitucional, con alcance de Bloque de Constitucionalidad”, que de acuerdo con el Centro Democrático implican la total impunidad, así como las “penas simbólicas, que significan lo mismo, para delitos de lesa humanidad; crear una justicia paralela a la medida de los intereses de las FARC; considerar el narcotráfico como delito conexo con el delito político; por ende sin sanción doméstica, sin extradición y con elegibilidad política”.
De hecho uno de los puntos que más genera controversia es permitir el derecho de elegibilidad política “a los responsables de delitos atroces sin que hayan cumplido siquiera con las mínimas penas, ni acreditada la reparación de víctimas; mezclar la necesaria reivindicación de los derechos de la mujer con la controversia de género; desconocer el dolor de los secuestrados que no aparecen y niños que no regresan; someter a policías y soldados al riesgo de buscar su libertad a través de reconocer un delito no cometido, y negarles una oportunidad judicial de rescatar su honra”.
Finalmente, Uribe ha manifestado que el Centro Democrático va “a proponer un referendo para que el pueblo se pronuncie sobre los temas sustantivos que el Gobierno no cambió en el Acuerdo”.
Amanecerá y veremos.
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