El gobierno interino de Michel Temer nace con débil credibilidad en uno de los momentos de mayor polarización política en Brasil. Curtido, además, por todos los comentarios que han surgido respecto del proceso legislativo que terminó con la destitución temporal de la presidenta Dilma Rousseff.
De hecho, antes de que se concretara la destitución de Rousseff, ya los brasileños manifestaban su poco respaldo a Temer –menos del 8% de la población apoyaba su ascenso al cargo presidencial, según Ibope. Mientras que 76% consideraba oportuno convocar a un nuevo proceso electoral si el Congreso admitía el juicio político contra la mandataria, de acuerdo con estadísticas de Datafolha.
Bajo ese escenario, Temer no solo debe enfrentarse al rechazo popular sino a la crisis económica que heredó tras la salida de Rousseff del poder: Por segundo año consecutivo cae el PIB, en esta oportunidad en 5,4% (en 2015 fue de 3,8%), el peor resultado en 25 años. Mientras esto ocurre, en los primeros 18 días han renunciado dos de sus ministros tras revelarse conversaciones telefónicas en las que se discutían detalles sobre la operación Lava Jato —que ha sacudido a la esfera política de Brasil.
“Las conversaciones son catastróficas para los involucrados, y para el Gobierno que está perdiendo los líderes con los que tenía que pasar las medidas impopulares y urgentes que prometió aplicar”, advierte Rafael Mafei, profesor de Sociología Jurídica y Derecho Penal en la Universidad de São Paulo.
El más reciente caso ocurrió el 30 de mayo, cuando Fabiano Silveira, ministro de Transparencia, Vigilancia y Control, puso su cargo a la orden luego de que TV Globo divulgara una grabación en la que conversaba con Renan Calheiros, presidente del Senado y miembro de Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMD, oficialismo). Allí Silveira critica a la Procuraduría General de la República por la operación Lava Jato, que investiga a decenas de funcionarios por sobornos y desvíos de fondos de Petrobras.
Según una fuente periodística de São Paulo, que prefiere el anonimato ante la polarización nacional, luego de que el audio se conociese abiertamente, Temer negoció tras bastidores la salida de Silveira, porque no quería afrontar públicamente a Calheiros.
El primer escándalo ocurrió cuando el Gobierno interino tenía solo 11 días en el poder. El 23 de mayo, Romero Jucá, ministro de Planificación, salió de dicha cartera al evidenciarse -en la grabación- sus intenciones de obstruir las investigaciones en la estatal Petrobras, en una conversación que tenía con Sergio Machado, exdirector de la compañía de Petrobras (Transpetro).
Jucá, considerado un hombre fuerte en el Gobierno de Temer, advertía en el audio expuesto que la destitución de Rousseff le permitiría a Temer establecer un acuerdo con el Supremo Tribunal Federal (STF) para detener las investigaciones de Lava Jato, incluso hablaba de la protección que recibiría el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, si se concertaba dicho acuerdo.
El profesor Mafei recuerda que para aplicar las medidas económicas Temer necesita una buena coordinación de políticas, pero sus hombres fuertes ahora están debilitados, tanto en la Cámara de Diputados (Eduardo Cunha, quien era presidente de la Cámara de Diputados, fue suspendido el 5 de mayo de su cargo por obstruir la investigación en su contra) como en el Senado (Renan Calheiros).
“Él (Temer) tiene que mostrar resultados sorprendentes rápidamente, pero cada vez hay más dudas acerca de su capacidad de maniobra”, explica.
Sobre la legalidad de las grabaciones
Hasta ahora, el único beneficiado de las delaciones parece ser Sergio Machado, quien hizo las grabaciones con la intención de ofrecerlas a la Oficina del Procurador General, a fin de obtener un acuerdo por los casos en los que está involucrado en Lava Jato.
Su hijo, de igual nombre, gerenciaba el fondo Expedido Machado, en Londres, en donde se movieron más de 700 millones de reales en el período en el que el padre presidió Transpetro. Para los investigadores, ese dinero estaba relacionado con sobornos pagados por la construcción de navíos.
Además, Machado se ha convertido en una pieza fundamental en las investigaciones de Lava Jato para demostrar la participación de los líderes del PMDB en el Senado, en las desviaciones de fondos de Petrobras. De hecho, Calheiros estaría siendo investigado también por esta razón.
Aunque a los ojos del mundo pueden considerarse ilegales esas grabaciones obtenidas sin la autorización de las partes involucradas, Mafei explica que en situaciones similares el Supremo Tribunal Federal (STF) ha dictaminado que no hay ilegalidad.
“Si la Fiscalía decide iniciar una investigación contra las personas involucradas pudiera ser discutible el tema de la ilegalidad de ellas, por cómo se hizo, pero por ahora, el contenido del audio parece políticamente más grave de lo que legalmente constituyen los planes y los actos preparatorios de dichos delitos. Será necesario determinar si las personas registradas, de hecho, actuaron de manera ilegal para interferir con la investigación“, advierte el experto.
Para Mafei, la estrategia de los investigadores de la operación Lava Jato parece ser la misma hoy con el Gobierno de Temer que cuando estaba Rousseff: revelar poco a poco, no dejar que disminuya el interés de la sociedad en el escándalo de corrupción más grande que se haya revelado en Brasil, y con ello ir minando la autoridad, la legitimidad, y la capacidad del gobierno para actuar.
Temer no ha logrado estabilizar la situación de gobernanza ya deteriorada con la gestión de Rousseff, especialmente por las negociaciones que hizo para alcanzar el cargo presidencial que lo obligaron a nombrar un gabinete con los “capos de siempre: Eliseu Padilha, Moreira Franco, Geddel Vieira Lima”, sentencia el periodista de São Paulo.
Tácticamente, parece un error haber designado como ministros a políticos implicados en actos de corrupción cuando precisamente las maniobras fiscales de Rousseff han sido la motivación jurídica para sacarla temporalmente del Gobierno. Sin embargo, el periodista brasileño explica que no fue así. “Temer tenía una deuda que pagar. Gente como Padilha, Moreira y Vieira Lima son los capos regionales del PMDB. Eran ellos quienes orientaban a sus subordinados (diputados y senadores) a votar por el impeachment, pero eso tiene un costo (para Temer)“, acota.
El entramado de corrupción en Brasil
Los problemas de este Gobierno interino no son nuevos, sino que constituyen una continuación de eventos que lleva a cuestas el sistema político de Brasil. “Muchos de los ministros que Temer nombró tienen un historial de corrupción - en muchos casos, son investigados por la operación Lava Jato“, advierte el periodista de Sao Paulo.
Entre los 23 nombres anunciados por Temer para conformar su gabinete, 13 eran miembros del Congreso: tres senadores y 10 diputados. De esos funcionarios, sólo dos de los designados no presentan disputas judiciales: el titular de Ciudades, Bruno Araujo, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), y el de Minas y Energía, Fernando Coelho Filho, del Partido Socialista Brasileño (PSB), de acuerdo con la base de datos de Transparencia Brasil y Excelencia, que analiza el portal Lupa.news
Así se determina, por ejemplo, que el ministro Romero Jucá –recién salido del Gobierno- es quien más causas abiertas tiene, con cinco investigaciones pendientes, incluyendo una por la operación Lava Jato, por lo que las grabaciones que revelan su intención de obstruir las averiguaciones adquieren mayor importancia judicial.
Adicionalmente, la investigación de Lupa.news advierte que Blairo Maggi, actual ministro de Agricultura, y Mendonça Filho, responsable de la cartera de Eduación y Cultura, tienen tres expendientes abiertos cada uno.
De hecho, no solo existen investigaciones sino también condenas en tribunales. Así ocurre con cinco de los nuevos ministros que anteriormente eran legisladores: Romero Jucá (nuevamente mencionado), Ricardo Barros, Osmar Terra, Sarney Filho y Maurício Quintella Lessa.
En contexto: El Congreso como reflejo del problema
De los 513 congresistas de la Cámara de Diputados, 299 están siendo investigados por diversas causas en las cortes del país. De los 367 que apoyaron la destitución de Rousseff, 215 tienen procesos abiertos en instancias judiciales, representando 58,58% de los parlamentarios de oposición. Mientras que de los 137 que lo rechazaron, 79 también tienen procesos abiertos, siendo el 57,66% de ellos.
Los cinco partidos con más causas son: el Partido Ecológico Nacional (PEN), el Partido Progresista (PP), el Partido Laborista Brasileño (PTB), el Partido Democrático Laborista (PDT) y el Partido Laborista de Brasil (PtdoB).
Por el caso Lava Jato están siendo investigados 21 diputados, de ellos 16 apoyaron la admisibilidad de la apertura de los procedimientos de juicio político contra Rousseff, mientras que cuatro votaron en contra, y uno estuvo ausente.
Del total de esos 21 políticos implicados, 16 pertenecen al PP (14 apoyaron el impeachment, y dos se mantuvieron leales a Rousseff); tres están agrupados por el PMDB (dos votaron a favor del juicio político, y uno estuvo ausente); dos son del Partido de los Trabajadores y rechazaron la medida judicial (PT, partido de Rousseff y Lula da Silva).
Los 21 diputados han sido acusados de haberse beneficiado de la trama de corrupción que involucra a Petrobras. El caso más llamativo es el de Eduardo Cunha, quien actualmente enfrenta un juicio político en la Comisión de Ética de la Cámara que presidía hasta el 5 de mayo, y a quien se le acusa de recibir 5 millones de dólares en sobornos del contrato del astillero Samsung Heavy Industries con Petrobras.
En la Cámara Alta se mantiene el mismo patrón. De los 80 senadores, al menos 47 tienen causas abiertas en los tribunales de Brasil. En el Supremo Tribunal Federal (STF) existen unas 27 investigaciones abiertas a senadores por lavado de dinero. Sobre los casos de sobornos existen 25 averiguaciones.
El ahora partido oficialista—el PMDB— lidera las investigaciones, siendo la agrupación política con mayor número de representantes con pesquisas: 11 de sus 18 senadores. Aunque no es el único, cuatro de los 17 partidos presentes en el Senado tienen a todos sus representantes con causas en tribunales.
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