A menos de un mes de las Elecciones Generales en Perú, todavía no hay un claro ganador (ni siquiera se sabe a ciencia cierta quiénes serán los candidatos), pero sí conocemos ya algunas de sus ideas. En LexLatin desglosamos sus propuestas económicas y las consecuencias de su aplicación para el país.
El 10 de abril será la fecha en que el Perú decidirá quién será el presidente por el próximo período de cinco años. Y estas no son unas elecciones cualquiera. Siempre es difícil predecir con exactitud qué haría cada candidato en caso de ser elegido Presidente, pero es la primera vez en la historia del país que, a tan pocos días de la contienda, no se puede asegurar quiénes serán los candidatos. Para analizar este irregular escenario, hemos consultado con expertos de distintas áreas. Concretamente con el Dr. José Ricardo Rasilla Rovegno, Decano del Colegio de Economistas de Lima (CEL); Aldo Reggiardo, socio de la firma Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (PRC) y Renzo Roberti, asociado del estudio Barrios & Fuentes Abogados (Bafur).
Cuenta atrás para unas elecciones históricas
El pasado lunes 14 de marzo se confirmó que Julio Guzmán, del partido Todos por el Perú -y uno de los principales rivales de Keiko Fujimori- acompaña a César Acuña de Alianza para el Progeso del Perú en el banquillo, como meros espectadores de la carrera electoral de la que han sido expulsados. El primero (Guzmán), por lo que parecen ser fallos en la inscripción de su partido; el segundo (Acuña), debido a supuestas entregas de dinero a votantes en plena campaña.
Por el momento, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha rechazado los recursos de apelación presentados por ambos partidos, considerando improcedente la solicitud de inscripción de ambas fórmulas. Guzmán ha anunciado que recurrirá a otras instancias para continuar en el proceso pero no parece que vaya a llegar a tiempo a las elecciones de este año. Curiosamente, la primera candidata en las encuestas, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), ha sido señalada de haber cometido la misma ilegalidad por dos ex militantes del Movimiento Nueva Izquierda y de Perú Posible.
La autoridad electoral tendrá que determinar en los próximos días si acepta como válida la petición de inhabilitación de la hija del expresidente debido a la supuesta entrega de dádivas. Esta contienda electoral se ha convertido ya en histórica por la falta de claridad y los escándalos que la han acompañado. Tanto es así que la Unión Europea ha decidido tomar parte en el evento como observadora –tal y como hizo en 2001, 2006 y 2011- para garantizar la democracia del Perú. La Misión de Observación Electoral traerá a Perú a 70 observadores con el fin de realizar un análisis completo de las diferentes áreas del proceso electoral.
Mientras, los peruanos esperan pacientes, curiosos y presumiblemente preocupados por el futuro de su país. De dónde venimos y a dónde vamos Durante la década de 2002 a 2012, Perú experimentó un crecimiento medio de 6,4% impulsado por los precios internacionales de los minerales. “Lo que se debió hacer entonces fue aprovechar ese flujo de dinero para invertirlo en industria que tiene un alto valor agregado y generar mayor crecimiento económico y, por ende, desarrollo”, sostiene Rasilla Rovegno. Pero no se hizo; al menos, no suficiente.
Desde entonces, el país ha vivido una desaceleración de su economía que ha desembocado en un objetivo de crecimiento para el 2015 de tan solo el 4%; una meta marcada por el Banco Central de Reservas y que, de hecho, no ha sido alcanzada. Como si de una puja se tratase, los candidatos presidenciales se han lanzado a anunciar cifras de crecimiento y casi a jugarse el cuello en que se harán realidad.
¿Qué puede esperar Perú del 2016?
En opinión de Rasilla, “la economía no está débil ni deteriorada”. Admite que no es la que se esperaba pero opina que “no es para asustarse porque los ciclos financieros y las crisis duran poco”, insiste el economista que considera que están económicamente mejor que otros países hermanos como Argentina o Brasil, gracias a la diversificación de la mano de obra peruana.
“La caída que tiene Perú no es como la de hace años, cuando nos tiramos al fondo del mar. Ahora tenemos un colchón financiero y eso va a hacer que las empresas no quiebren; si quebraran, causaría una desinversión de empresas extranjeras en Perú y, a largo plazo, una aguda inflación y desempleo”, subraya.
Ahora, en 2016, llegan las Elecciones Generales y sus repercusiones. Rasilla no tiene miedo: “Los candidatos que se postulan no tienen ideas obsoletas. Ahora no hay diferencias: Todos quieren producir, todos quieren vender. No va a haber comunismo, no va a haber intervención estatal… Cualquier Gobierno que venga, va a continuar con lo que hay”, dice el economista que, eso así, aprovecha para avisar: “Le duela a quien le duela, la Sra Fujimori es la continuación de su papá, es su papá quien piensa”.
Para el Decano eso puede ser bueno o malo, en función de qué partes del fujimorismo mantenga la sucesora del ex-Presidente. “En la época de Fujimori se hicieron grandes obras públicas, se venció la inflación y el terrorismo… pero terminó en una terrible corrupción; veremos con qué parte continúa su hija”. Actualmente, la economía peruana afronta una etapa llena de interrogantes. “Si bien, como en todo periodo electoral, las inversiones se han ralentizado por las expectativas que genera la llegada de un nuevo periodo presidencial”, comenta Roberti, asociado del estudio Barrios & Fuentes Abogados (Bafur) y titular de un MBA por la Universidad de Piura (Lima). A pesar de ello, considera que “ninguno de los principales actores de la actual campaña presidencial supone un riesgo de ingresar a un modelo que contravenga el actual”.
Concuerda con esto Aldo Reggiardo, socio de la firma Payet, Rey, Cauvi y Pérez Abogados (PRC), quien espera que después de las elecciones “retorne la confianza, se retomen proyectos de inversión actualmente aparcados y surjan nuevas inversiones” y augura un crecimiento potencial superior al 4% anual “si existe la convicción y decisión política de realizar las denominadas ‘reformas de segunda generación’ que el país requiere”. Aunque para Reggiardo, 2015 tampoco ha sido especialmente positivo para el mercado legal peruano que “ha experimentado un nivel menor de transacciones” en relación con años anteriores.
“Hemos visto operaciones de menor cuantía que han permitido que los distintos estudios locales que ven temas transaccionales mantengan un nivel aceptable de ocupación. Es evidente que la coyuntura electoral genera una situación de expectativa entre los inversionistas privados foráneos y locales”.
La inversión pública y su futuro Varios candidatos han prometido que, de llegar al Gobierno, conseguirán un importante crecimiento económico para el Perú. Tal es el caso de la candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha asegurado que promoverá el crecimiento económico instaurando una “agenda de inversión pública” y que usará recursos del Fondo de Reserva Fiscal para impulsar la construcción de vías de acceso, carreteras y proyectos de irrigación.
¿Será la inversión pública una de las herramientas económicas del nuevo Gobierno?
El Decano de CEL se muestra dubitativo: “En nuestro país no tenemos mucha madurez en cuanto a política y siempre ha sido un fracaso en cuanto la inversión pública ha crecido. El 90% de la inversión peruana es privada. No le auguro muchos éxitos a la inversión pública”. Denuncia también “la politización de la inversión pública que muchas veces ha servido para pagar favores políticos y para poner en cargos técnicos a personas que no saben o no están preparadas”, explica Rasilla.
Al respecto, Roberti afirma que “la inversión pública en infraestructura es indudablemente un vehículo para encender la economía nacional” pero opina que “esta labor debe recaer en un binomio conformado por el Estado y sector privado”. Candidatos como Alan García –representante de Alianza Popular y recientemente protagonista de un escándalo al golpear e insultar a un colaborador en un mitin en Huancayo- ha llegado a proponer declarar en emergencia la inversión pública. Sobre esto, Roberti mantiene que “la próxima administración tiene la responsabilidad de realizar un examen al marco regulatorio nacional para simplificar la tramitación de autorizaciones y procedimientos administrativos y a la vez unificar funciones en cabeza de pocas instituciones”.
Por su parte, Reggiardo cree “sin lugar a dudas” que la inversión pública en infraestructuras debe ser una de las prioridades del nuevo regidor. “El déficit en el desarrollo de infraestructura en el Perú ha sido calculado por la escuela de gestión pública de la Universidad del Pacífico para AFIN en casi 160,000 millones de dólares americanos. Si el Perú quiere cerrar la brecha de infraestructura con los países de la Alianza del Pacífico debe invertir dicho monto en el plazo de cinco años, lo que equivale a un periodo presidencial en el Perú”. Y opina que traería ventajas para los empresarios peruanos, que “al contar con vías de conexión eficientes, podrían lograr mayores eficiencias logísticas e incrementar su productividad y competitividad”.
“El gran cáncer del desarrollo del país a través de la inversión pública es la corrupción existente a nivel local, regional y nacional, así como en la tramitología kafkiana por la que tiene que pasar un proyecto de inversión”, resalta Reggiardo, quien añade: “Toda medida orientada a contribuir con la solución de estos dos problemas no solo es deseable sino imperativa”.
Flexibilización del régimen tributario
Otra de las ideas debatidas en la contienda electoral es la flexibilización de los impuestos para los pequeños y medianos empresarios. Roberti lo define como un “reto” para el que “nuestras autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y Autoridad Tributaria deben pensar en el mecanismo que permitirá formalizar y cambiar la cultura de nuestra economía”. No se plantea, por tanto, un cambio en la cifra de los impuestos sino en la forma en que estos se aplican: “El Estado peruano tiene que tener pocos impuestos pero, aquellos que tengamos, tienen que recaudar eficientemente”.
El abogado de Bafur hace referencia a la economía informal que, según datos de 2015 de la OCDE, afecta al 55% de los trabajadores y sitúa a Perú entre los cinco países con mayor informalidad laboral en la región. Roberti opina que “el Estado debe brindar una base que invite a la mayoría de estos a formalizarse” así como fomentar “mecanismos que permitan viabilizar la flexibilización en la contratación de trabajadores, entre otros aspectos”.
Por otro lado, el socio de PRC es menos optimista y recuerda que “no existe dato concluyente que permita aseverar que una reducción de impuestos o la flexibilización de los mismos permitiría un incremento de la formalidad empresarial y/o laboral”. Para el economista, “se están aplicando impuestos recesivos”. Compara Perú con EEUU, donde “hay Estados que cobran el Impuesto sobre la Renta al 4%, otros al 2 o 3%... y aquí al 18%. Eso no puede ser”.
Reconoce que el origen del impuesto viene del “primer Gobierno de Alan García, cuando vivimos el récord mundial de la inflación de Perú. Se elevó el ICB a 18% pero se justificaba porque teníamos una inflación galopante. En cambio ahora no hay esa inflación. Por lo tanto, ya no deberíamos tener ese impuesto tan alto”. Debido a eso, Rasilla apuesta por reducir esos impuestos de forma escalonada porque “continuar con esos impuestos es verdaderamente recesivo, antes, ahora y después”, sentencia.
Sanidad Pública ¿universal?
El Sistema Nacional de Salud peruano comprende proveedores de servicios pu?blicos y privados, cada uno de los cuales incorpora un conjunto de mecanismos de financiamiento y suministro de servicios integrados verticalmente. Según indica el informe de la OIT ‘El Sistema de Salud del Perú’, el actual gasto público en salud es sumamente reducido. “La salud es un derecho al que todos los peruanos deben acceder. Se necesita un servicio de salud público de calidad”, dice Roberti.
Esto implica no solo la mejor atención sino “una reforma que contemple aspectos estructurales como infraestructura hospitalaria, mejora de las remuneraciones a los profesionales de la salud así como una eficiente gestión de esta infraestructura”. Reggiardo sostiene que “la única forma demostrable de eliminar o aminorar la pobreza es a través del crecimiento económico vía inversión privada en el contexto de reglas de juego claras, transparentes y predecibles en el tiempo”.
Mientras, Rasilla expone que en Perú “hay cuatro clases sociales: la alta, la media, la baja y la extremamente baja”. Aunque matiza esta idea: “No digo que deba haber un plan de subsidio porque eso incurriría en inflación pero al menos un plan de emergencia social aplicado de forma temporal; tampoco es bueno regalar”. Admite el Decano que se requiere la inversión pública porque “se necesitan más hospitales, colegios, carreteras, puentes… donde el beneficio no es pecuniario o financiero, sino social” aunque considera que “en Perú todavía estamos en pañales para poder administrar adecuadamente una inversión pública. Generalmente los puestos de excelencia o de los ministerios son favores políticos”.
TUPA: pros y contras
Durante la campaña electoral, se ha hablado también del ya conocido como TUPA: Texto Único de Procedimiento Administrativo, cuya supuesta función sería regular las arbitrariedades en las que incurra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). Como economista y Decano de CEL, Rasilla define el Texto Único como “abusivo”. “Desde el punto de vista económico, debería simplificarse, resumirse y deberían ser los precios -tanto de los derechos que pueda percibir el Estado como de las obligaciones que tenga- hacer un ajuste para abajo para beneficiar a la gran mayoría”. Concuerda Roberti, para quien la autoridades en materia tributaria “generan en la práctica el mensaje de ‘mejor paga y luego discute’, cuando deberían crearse los espacios en el que las empresas puedan discutir la validez o no de una infracción tributaria.
Esto invitaría precisamente a que los empresarios pequeños y medianos quieran formalizarse”. A favor del TUPA se muestra Reggiardo que indica que “los esquemas que permitan fomentar mecanismos que contribuyan a que los privados utilicen sus impuestos para efectuar obra pública y servicios públicos con los estándares y eficiencias habituales del sector privado, son de destacar”.
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