Fecha de publicación: 31/08/2016
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Ciento once días transcurrieron entre la suspensión temporal de Dilma Rousseff como presidente de Brasil, y su destitución oficial por haber realizado maniobras fiscales durante su Gobierno. El 31 de agosto de 2016, el Senado determinó -con 61 votos a favor y 20 en contra- que la mandataria era responsable de los cargos por los que le abrieron el juicio político. Para su remoción, se necesitaban 54 votos.
Ante la expulsión de Rousseff, Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), asume oficialmente el cargo de presidente. Temer, quien una vez fuera compañero de fórmula de la expresidenta, y quien asumió la presidencia interina el 12 de mayo -luego de que el Senado aprobara el impeachment contra la mandataria- culminará la gestión presidencial el 31 de diciembre de 2018.
La primera prueba de gobernabilidad para Temer se avecina en un mes. El próximo 2 de octubre están convocadas las elecciones municipales en el país, en las que se definirán 5.564 alcaldías y 25.732 concejales.
Luego de conocerse la decisión, Rousseff se comunicó con los brasileños a través de un breve mensaje de 15 minutos en los que no dudó en calificar la acción en su contra como un golpe de Estado. Siendo víctima del régimen militar que tuvo lugar en 1964, advirtió que es el segundo golpe al que se ha enfrentado en su vida. “Se están robando el proyecto nacional progresista, inclusivo y democrático que represento. La decisión de los senadores sustituye la voluntad de más de 54 millones de electores”, enfatizó.
La expresidenta advertía así que lo que sucede actualmente en Brasil “es un golpe contra el pueblo y la nación. Es un golpe misógino, es homófobo y es racista”, sentenció. A su vez, dentro de su notable pesar, Rousseff estimó que la interrupción del “proyecto que promovió la caída de la desigualdad (..) no es definitiva”.
Así, Rousseff se convierte en el segundo Ejecutivo Nacional en sufrir las consecuencias del impeachment, tras Fernando Collor de Mello en 1992. Pero hay una diferencia sustancial entre ellos: la mandataria no fue inhabilitada políticamente por ocho años como sí sucedió con él.
Carácter político del juicio
Durante los meses de deliberación sobre el caso, un informe externo realizado por técnicos del Senado determinaba que ella no había tenido participación directa en la redacción de los decretos relacionados a las maniobras fiscales por las cuales fue separada de su cargo. Este, por supuesto, fue uno de los argumentos que utilizó la defensa para rechazar las acusaciones en su contra.
Tres abogados denunciaron a Rousseff en diciembre de 2015 por manipular la información sobre las cuentas públicas a través de préstamos. Los 61 senadores que votaron a favor del impeachment determinaron que haber reemplazado dinero de un pago hecho por un banco del Estado, a un programa social sí constituía un delito. Esto, a pesar de que algunos expertos alegaban que era una práctica de todos los gobiernos que la precedieron.
Al respecto, uno de sus defensores, Nelson Barboza, exministro de economía, advertía el sábado pasado —al iniciar la deliberación en el Senado: “Ustedes (los senadores) han decidido que hay un crimen y luego han buscado el delito”.
“Políticamente la condena de Dilma (Rousseff) es un hecho: nada de lo que suceda en el proceso va a revertir el resultado de su condena“, advertía Rafael Mafei, profesor de Derecho de la Universidad de São Paulo.
El carácter político que ha adquirido el juicio contra Rousseff, en el que los seis partidos aliados - Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), Partido Social Democrático (PSD), Partido Progresista (PP), Partido de la República (PR), Partido Republicano Brasileño (PRB) y Partido Comunista de Brasil (PCdoB) - le quitaron su apoyo, incluyendo a la agrupación política de su vicepresidente electo, y ahora constitucionalmente quien ha asumido el cargo presidencial, incidieron en su condena a pesar de que las pruebas presentadas por la defensa hayan sido favorables para ella, según explica el experto en Derecho.
Mafei se anticipaba a la votación explicando que la absolución de Rousseff dependería del apoyo político, y de las alianzas que pudiera consolidar para regresar a la oficina presidencial. Pero en la polarización que hoy vive Brasil parecía imposible, sobre todo, porque a su juicio, ni el propio Partido de los Trabajadores (PT, oficialismo) estaría muy comprometido en asegurar su retorno.
En la presentación de su defensa, Rousseff tuvo oficialmente media hora para exponer su caso. Luego la sesión se extendió a 14 horas de interrogatorio en la que más de 60 senadores la increparon por el caso que les atañe. De estos, ya 55 legisladores habían votado a favor del impeachment el 12 de mayo pasado cuando avalaron la suspensión del cargo mientras se abría el juicio e investigación en su contra.
Latinoamérica dividida
En la ecuación geopolítica de la región, Brasil es un eje principal. Durante trece años, el gigante suramericano fue estandarte de la izquierda en Latinoamérica, mientras estuvo en manos de Luiz Inácio Lula da Silva, quien le entregó el testigo a su delfín, Dilma Rousseff. Era el modelo de Gobierno de izquierda hasta que los escándalos de corrupción de Petrobras empañaron su gestión.
Pero desde hace cuatro meses, con la suspensión de Rousseff el viento cambió de rumbo y con su destitución, como era previsible, el grupo de países “bolivarianos“ fue el primero en responder: Bolivia, Ecuador y Venezuela tacharon de “golpe de Estado“ su remoción, y todos llamaron a consulta a sus embajadores. Caracas escaló el tono, y “congeló las relaciones políticas y diplomáticas“ con el Gobierno de Temer, que a juicio de la Cancillería (de Venezuela) surge de un “golpe parlamentario“.
En contraposición, la Argentina -de Mauricio Macri- envió un mensaje conciliador señalando que respeta el proceso político de Brasil, al tiempo que aboga por estrechar los lazos que los unen en Mercosur —al momento que existe una crisis interna por la asunción de Venezuela como presidente pro tempore sin el beneplácito de todos sus miembros.
Los cargos contra Lula afectan a Rousseff
En paralelo, el viernes 26 de agosto se dio a conocer que la Policía Federal presentó tres cargos contra el expresidente Lula da Silva: corrupción, lavado de dinero y falsificación, por la compra de un apartamento. En el caso también estaría involucrada su esposa, Marisa Letícia Lula da Silva, y el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamotto, según información obtenida por Efe.
Hasta 90 días tiene la Policía Federal para analizar las evidencias que determinarán si inicia un juicio contra Lula (y el resto de los acusados).
Este nuevo escándalo de corrupción golpea directamente al PT. Previo a esta acusación, el expresidente estaba siendo investigado por obstrucción de justicia en las investigaciones de Petrobras.
“Su implicación en el proceso penal, especialmente en relación con la obstrucción de las investigaciones sobre un escándalo de corrupción durante el Gobierno Rousseff, empeoran la situación de la presidenta. Además, Lula debe ocuparse de su propia situación jurídica y política, porque si se le condena penalmente y la condena es confirmada por un tribunal, se convierte en inelegible a un cargo en el partido (por ocho años)“, señala Mafei.
La pena por obstrucción de justicia en Brasil es de tres a ocho años de prisión. Si es declarado culpable, en función de la cuantía de la sanción que reciba, incluso puede pasar algún tiempo en la cárcel, aunque es poco probable que suceda. La opción más viable, explica Mafei, es que de ser declarado culpable reciba una condena fuera de la cárcel, siendo monitoreado por tobillera electrónica.
Lula no tiene ningún tipo de inmunidad, por lo que sería juzgado por un tribunal de primera instancia como cualquier ciudadano brasileño.
Ante la expulsión de Rousseff, Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), asume oficialmente el cargo de presidente. Temer, quien una vez fuera compañero de fórmula de la expresidenta, y quien asumió la presidencia interina el 12 de mayo -luego de que el Senado aprobara el impeachment contra la mandataria- culminará la gestión presidencial el 31 de diciembre de 2018.
La primera prueba de gobernabilidad para Temer se avecina en un mes. El próximo 2 de octubre están convocadas las elecciones municipales en el país, en las que se definirán 5.564 alcaldías y 25.732 concejales.
Luego de conocerse la decisión, Rousseff se comunicó con los brasileños a través de un breve mensaje de 15 minutos en los que no dudó en calificar la acción en su contra como un golpe de Estado. Siendo víctima del régimen militar que tuvo lugar en 1964, advirtió que es el segundo golpe al que se ha enfrentado en su vida. “Se están robando el proyecto nacional progresista, inclusivo y democrático que represento. La decisión de los senadores sustituye la voluntad de más de 54 millones de electores”, enfatizó.
La expresidenta advertía así que lo que sucede actualmente en Brasil “es un golpe contra el pueblo y la nación. Es un golpe misógino, es homófobo y es racista”, sentenció. A su vez, dentro de su notable pesar, Rousseff estimó que la interrupción del “proyecto que promovió la caída de la desigualdad (..) no es definitiva”.
Así, Rousseff se convierte en el segundo Ejecutivo Nacional en sufrir las consecuencias del impeachment, tras Fernando Collor de Mello en 1992. Pero hay una diferencia sustancial entre ellos: la mandataria no fue inhabilitada políticamente por ocho años como sí sucedió con él.
Carácter político del juicio
Durante los meses de deliberación sobre el caso, un informe externo realizado por técnicos del Senado determinaba que ella no había tenido participación directa en la redacción de los decretos relacionados a las maniobras fiscales por las cuales fue separada de su cargo. Este, por supuesto, fue uno de los argumentos que utilizó la defensa para rechazar las acusaciones en su contra.
Tres abogados denunciaron a Rousseff en diciembre de 2015 por manipular la información sobre las cuentas públicas a través de préstamos. Los 61 senadores que votaron a favor del impeachment determinaron que haber reemplazado dinero de un pago hecho por un banco del Estado, a un programa social sí constituía un delito. Esto, a pesar de que algunos expertos alegaban que era una práctica de todos los gobiernos que la precedieron.
Al respecto, uno de sus defensores, Nelson Barboza, exministro de economía, advertía el sábado pasado —al iniciar la deliberación en el Senado: “Ustedes (los senadores) han decidido que hay un crimen y luego han buscado el delito”.
“Políticamente la condena de Dilma (Rousseff) es un hecho: nada de lo que suceda en el proceso va a revertir el resultado de su condena“, advertía Rafael Mafei, profesor de Derecho de la Universidad de São Paulo.
El carácter político que ha adquirido el juicio contra Rousseff, en el que los seis partidos aliados - Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), Partido Social Democrático (PSD), Partido Progresista (PP), Partido de la República (PR), Partido Republicano Brasileño (PRB) y Partido Comunista de Brasil (PCdoB) - le quitaron su apoyo, incluyendo a la agrupación política de su vicepresidente electo, y ahora constitucionalmente quien ha asumido el cargo presidencial, incidieron en su condena a pesar de que las pruebas presentadas por la defensa hayan sido favorables para ella, según explica el experto en Derecho.
Mafei se anticipaba a la votación explicando que la absolución de Rousseff dependería del apoyo político, y de las alianzas que pudiera consolidar para regresar a la oficina presidencial. Pero en la polarización que hoy vive Brasil parecía imposible, sobre todo, porque a su juicio, ni el propio Partido de los Trabajadores (PT, oficialismo) estaría muy comprometido en asegurar su retorno.
En la presentación de su defensa, Rousseff tuvo oficialmente media hora para exponer su caso. Luego la sesión se extendió a 14 horas de interrogatorio en la que más de 60 senadores la increparon por el caso que les atañe. De estos, ya 55 legisladores habían votado a favor del impeachment el 12 de mayo pasado cuando avalaron la suspensión del cargo mientras se abría el juicio e investigación en su contra.
Latinoamérica dividida
En la ecuación geopolítica de la región, Brasil es un eje principal. Durante trece años, el gigante suramericano fue estandarte de la izquierda en Latinoamérica, mientras estuvo en manos de Luiz Inácio Lula da Silva, quien le entregó el testigo a su delfín, Dilma Rousseff. Era el modelo de Gobierno de izquierda hasta que los escándalos de corrupción de Petrobras empañaron su gestión.
Pero desde hace cuatro meses, con la suspensión de Rousseff el viento cambió de rumbo y con su destitución, como era previsible, el grupo de países “bolivarianos“ fue el primero en responder: Bolivia, Ecuador y Venezuela tacharon de “golpe de Estado“ su remoción, y todos llamaron a consulta a sus embajadores. Caracas escaló el tono, y “congeló las relaciones políticas y diplomáticas“ con el Gobierno de Temer, que a juicio de la Cancillería (de Venezuela) surge de un “golpe parlamentario“.
En contraposición, la Argentina -de Mauricio Macri- envió un mensaje conciliador señalando que respeta el proceso político de Brasil, al tiempo que aboga por estrechar los lazos que los unen en Mercosur —al momento que existe una crisis interna por la asunción de Venezuela como presidente pro tempore sin el beneplácito de todos sus miembros.
Los cargos contra Lula afectan a Rousseff
En paralelo, el viernes 26 de agosto se dio a conocer que la Policía Federal presentó tres cargos contra el expresidente Lula da Silva: corrupción, lavado de dinero y falsificación, por la compra de un apartamento. En el caso también estaría involucrada su esposa, Marisa Letícia Lula da Silva, y el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamotto, según información obtenida por Efe.
Hasta 90 días tiene la Policía Federal para analizar las evidencias que determinarán si inicia un juicio contra Lula (y el resto de los acusados).
Este nuevo escándalo de corrupción golpea directamente al PT. Previo a esta acusación, el expresidente estaba siendo investigado por obstrucción de justicia en las investigaciones de Petrobras.
“Su implicación en el proceso penal, especialmente en relación con la obstrucción de las investigaciones sobre un escándalo de corrupción durante el Gobierno Rousseff, empeoran la situación de la presidenta. Además, Lula debe ocuparse de su propia situación jurídica y política, porque si se le condena penalmente y la condena es confirmada por un tribunal, se convierte en inelegible a un cargo en el partido (por ocho años)“, señala Mafei.
La pena por obstrucción de justicia en Brasil es de tres a ocho años de prisión. Si es declarado culpable, en función de la cuantía de la sanción que reciba, incluso puede pasar algún tiempo en la cárcel, aunque es poco probable que suceda. La opción más viable, explica Mafei, es que de ser declarado culpable reciba una condena fuera de la cárcel, siendo monitoreado por tobillera electrónica.
Lula no tiene ningún tipo de inmunidad, por lo que sería juzgado por un tribunal de primera instancia como cualquier ciudadano brasileño.
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