El Sistema Anticorrupción de Nuevo León: un enfoque ciudadano en la lucha contra la corrupción

En marzo de este año, el Congreso de Nuevo León aprobó diversas reformas a la Constitución del Estado para crear el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Entre otras razones, estas reformas son notables por potenciar el poder de la sociedad civil organizada en la solución de un problema tan complejo como la corrupción, a través de su participación activa en el proceso legislativo y en las medidas de implementación posteriores.

En lo más básico, el SEA representa la implementación en Nuevo León de los requisitos del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), un complejo entramado de reformas constitucionales, leyes federales, reglas e instituciones promulgadas en 2015 y 2016. El SNA fue una promesa de campaña incumplida del presidente Enrique Peña Nieto, hasta que cobró urgencia después de varios escándalos que sacudieron al gobierno federal y que dieron lugar a un clamor popular por la rendición de cuentas y por medidas eficaces en la lucha contra la corrupción.

Si bien el SNA representó un avance importante en muchos aspectos, su aplicación ha estado plagada de problemas logísticos y luchas políticas, particularmente con respecto a la designación de un fiscal anticorrupción independiente y otros funcionarios claves. Aunque es difícil identificar un solo factor determinante, la falta de participación ciudadana y los procesos basados en consideraciones partidistas parecen estar en la médula de estos problemas.

En este contexto, un grupo de 14 instituciones de la sociedad civil y varios ciudadanos de Nuevo León identificaron una oportunidad histórica de ir más allá de los requisitos del mandato federal, mediante un programa ambicioso para crear un sistema de vanguardia que colocara a Nuevo León como ejemplo en la lucha contra la corrupción en México. Estas instituciones y ciudadanos se organizaron bajo el rubro "Coalición Anticorrupción", que incluye entre sus miembros a algunas de las principales universidades, asociaciones profesionales y empresariales, y ONGs del Estado, así como a investigadores, profesionistas y activistas anticorrupción.

Desde el inicio de sus trabajos, la Coalición Anticorrupción identificó ciertos puntos nodales que el SEA debía incorporar y desarrolló un plan de trabajo detallado para lograr su adopción. Los esfuerzos de la Coalición se centraron en tres principios rectores:

1. El SEA debe cimentarse en una participación ciudadana significativa, especialmente en lo que se refiere al nombramiento de funcionarios claves, el diseño de mecanismos e instituciones, y la implementación de recomendaciones;


2. Promover una interacción activa con todas las partes relevantes, incluidos los ciudadanos, los diputados y otros servidores públicos, a través de foros de discusión pública y otras reuniones;


3. Fomentar un intercambio de ideas libre y abierto, cuestionar de buena fe las posiciones y supuestos de las partes, y tomar decisiones con fundamentos argumentativos y fácticos.

Estos principios proporcionaron la base para una cooperación sin precedentes entre el Congreso y la sociedad civil, incluyendo varias sesiones de trabajo con diputados y la discusión de borradores y propuestas presentadas por la Coalición Anticorrupción. Después de varios meses de trabajo intenso, las partes convergieron en un sistema anticorrupción que supera, con creces, los requisitos de la ley federal y que presenta varias innovaciones importantes, tales como:

1. Un rol decisivo del Comité de Selección, integrado en su totalidad por representantes ciudadanos, en el nombramiento del fiscal anticorrupción y otros funcionarios claves del SEA.


2. Sanciones y castigos más efectivos a quienes cometan actos de corrupción, tales como extinción de dominio contra prestanombres o sus empresas, recuperación de bienes apropiados ilícitamente e inhabilitación para ejercer puestos públicos.


3. La corresponsabilidad de los superiores jerárquicos por actos indebidos de sus subordinados, en casos de nepotismo o colusión.


4. Una mayor participación de representantes ciudadanos dentro del Comité Coordinador del SEA, el organismo encargado de administrar y desarrollar los distintos componentes y participantes del sistema.


5. Obligatoriedad de que los funcionarios públicos y candidatos a puestos de elección popular presenten sus declaraciones fiscal, patrimonial y de conflicto de interés (llamadas 3 de 3).


6. Facultar al auditor superior del Estado para presentar denuncias sin necesidad de contar con la autorización del Congreso.


7. Las resoluciones del Comité Coordinador del SEA podrán ser obligatorias, a diferencia del SNA, en que dicho Comité solo puede emitir recomendaciones.


8. Sanciones ejemplares para empresas que participen en hechos de corrupción graves.


9. Mecanismos para incentivar la presentación de denuncias y proteger a los denunciantes.

Las reformas constitucionales que dieron origen al SEA constituyen una base sólida para la lucha contra la corrupción en Nuevo León, pero son solo el comienzo. El sistema debe implementarse a través de nuevas leyes y disposiciones y –lo que es más importante-  la participación activa de la sociedad civil en el diseño, instalación y puesta en práctica de sus instituciones y procedimientos. La Coalición Anticorrupción ha expresado su intención de seguir trabajando para que el SEA se convierta en un modelo de participación ciudadana y una herramienta eficaz en la lucha contra la impunidad y la corrupción en México.