OPINIÓN


¿Servidumbre en el siglo XXI?

El proyecto 1215/2016-CR – que modifica la ley de Modalidades Formativas Laborales en Perú – propuesto por Rosa Bartra (Fuerza Popular), y aprobado por el Congreso el 21 de febrero, contempla la opción de que estudiantes de institutos superiores o que estén ejerciendo profesiones de corte técnico, adquieran experiencia laboral sin remuneración económica alguna.

Al permitir que el alumnado realice prácticas no pagadas por tres años, el poder legislativo no solo crea una figura cercana a la servidumbre, sino que también vulnera el derecho a acceder a un seguro de salud y pensiones, vacaciones y otros beneficios. Esta situación es similar a la criticada “ley Pulpín”, proyecto que creó un régimen laboral para jóvenes entre 18 y 24 años, donde el otorgamiento de ciertos beneficios eran una facultad que la misma empresa debía tomar.

En esa línea, resulta lamentable que se plantee la posibilidad de un practicante gratuito, teniendo en cuenta que representa dos figuras de relevancia en un ambiente laboral: aprendiz de la materia y trabajador incipiente dentro de la compañía. La idea que el proyecto propone es inconstitucional y discriminatoria. La Constitución peruana prohíbe de manera explícita el trabajo gratuito, y dicha situación genera una brecha entre las prácticas preprofesionales universitarias y técnicas.

Aunque la modificación aprobada será revisada -debido a la reacción negativa de la opinión pública- el próximo paso sería fomentar la discusión en el Parlamento con la Comisión Permanente. Después, se aprobaría por mayoría que se retire la iniciativa. Si el proyecto no se descarta en la Comisión Permanente, pasaría por el poder ejecutivo, que ya ha adelantado que observará la norma.

El Estado debe impulsar propuestas que no promuevan el empleo no remunerado, ni desalienten las perspectivas laborales de los estudiantes de institutos técnicos, como ocurre actualmente. Por otro lado, el régimen debe tener muy en cuenta que un practicante no es solamente un aprendiz, sino que también es parte de la fuerza laboral de la organización. A pesar de que en primera instancia las actividades que ejerce son de corte educativo, al desarrollar sus habilidades con el tiempo empiezan a generar productividad.

Promover reformas como ésta no solo frena los esfuerzos en la lucha contra la informalidad y las deficiencias del sector laboral, sino que también proyectan desconocimiento y desinterés en el Parlamento para trabajar por una situación laboral más justa y equitativa con el público universitario y técnico.

Se deben proponer soluciones que eliminen brechas, no que las expandan. El retiro momentáneo del proyecto ofrece un tiempo valioso para evaluar en profundidad cuál sería el impacto a medio y largo plazo en los institutos superiores, y cómo tienen que ser reguladas las empresas para no permitir ninguna manifestación de explotación laboral.  


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ARTICULO ESCRITO POR:

Jorge Toyama Miyagusuku

Socio en Miranda & Amado, Pereú.

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