Fecha de publicación: 03/10/2016
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La iniciativa de referendo revocatorio presidencial (RR) que ha impulsado la oposición venezolana agrupada en torno a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ha sido, junto con el conflicto institucional entre la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, uno de los dos asuntos políticos de mayor interés durante 2016 en Venezuela.
Una vez que la Asamblea Nacional —mayormente opositora— tomó posesión el pasado 5 de enero, en la opinión pública se planteó la necesidad de intentar alguna iniciativa de carácter constitucional que permitiera el fin anticipado del período presidencial de Nicolás Maduro y la convocatoria a unas elecciones presidenciales en este año 2016.
Entre las distintas opciones que fueron discutidas en la MUD, hacia marzo de este año se impuso la iniciativa del RR.
En Venezuela hay un precedente de un referendo revocatorio presidencial, en 2004, cuando las fuerzas opositoras fracasaron en su intento de lograr revocar el mandato del entonces Presidente Hugo Chávez.
Sin embargo, desde que se dio inicio a la solicitud del RR, éste ha sido un camino de obstáculos para la MUD.
Concretamente, el Consejo Nacional Electoral ha realizado una interpretación sesgada de las normas que aplican al RR. Además, ha incumplido los lapsos en los cuales debe tomar cada una de las decisiones del procedimiento del RR.
Los retrasos en el procedimiento tienen una consecuencia particularmente importante: conforme al artículo 233 de la Constitución, si la revocatoria del mandato se da luego de cumplidos cuatro años del período constitucional (es decir, a partir del 10 de enero de 2017), el Vicepresidente Ejecutivo designado para ese momento, deberá completar el período como nuevo Presidente.
El CNE ha señalado en una nota de prensa, y no a través de alguna Resolución publicada en la correspondiente Gaceta Electoral, que los ciudadanos dispondrán de tres días (26, 27 y 28 de octubre) para realizar las manifestaciones de voluntad solicitando la activación del RR. Conforme al artículo 72 de la Constitución, deben recabarse las manifestaciones de voluntad de, al menos, 20 % de los electores para solicitar un RR.
Una vez que sean recabadas las manifestaciones de voluntad, el CNE dispone de 15 días hábiles para precisar si se cumplió correctamente con el requisito del 20 %.
Con lo cual, para finales de noviembre, el CNE debería haber determinado si se cumplió correctamente con 20 % de manifestaciones de voluntad.
Sin embargo, el CNE pudiera exigir que un número de personas de las que firmaron realizaron esa solicitud, vuelvan a manifestar por segunda vez, su voluntad de activar el RR. Con lo cual, allí podría haber un retraso significativo de días.
Si se cumplió con 20 %, el CNE dispone de tres días para fijar la fecha de celebración del RR. Conforme a la Resolución que rige la materia, el RR debe celebrarse dentro de los 90 días continuos siguientes.
Sin embargo, en la referida nota de prensa, ya el CNE ha advertido que el RR, “pudiera” celebrarse hacia el primer trimestre de 2017. Con lo cual, si el Presidente Maduro es revocado, asumiría la presidencia por los dos siguientes años del período constitucional aquella persona a quien el propio Maduro haya nombrado como su Vicepresidente Ejecutivo antes de ser revocado.
La MUD, y los ciudadanos, se enfrentan a importantes riesgos a partir de este momento.
En primer lugar, es necesario que se recoja 20 % de firmas en cada uno de los Estados de la Federación venezolana, según la distribución geográfica de los centros electorales que haya decidido el CNE. Ello hace sumamente difícil para la MUD y los ciudadanos lograr que 20 % de los electores de cada Estado de la Federación logren firmar a favor del RR. En ese sentido, si en algún Estado no se logra el 20 %, el procedimiento de solicitud del RR quedaría anulado, lo cual sería una derrota desmoralizante para la oposición.
Si se logra recabar 20 % de las firmas en cada Estado de la Federación, el CNE estaría obligado a convocar el RR. Pero, como señalamos, ya el CNE ha advertido que en tal caso el RR sería en el año 2017, con lo que el período constitucional sería completado por algún dirigente político, civil o militar, del propio oficialismo.
Ante las condiciones impuestas por el CNE en la nota de prensa, la MUD ha advertido ambiguamente que sólo irá a la recolección del 20 % si se permite que el cálculo del porcentaje se realice a nivel nacional, y no en cada uno de los Estados.
El RR se ha convertido en una carrera de obstáculos para la MUD. Y cada día que pasa, el escenario se parece más al del referendo revocatorio de 2004, en el cual el entonces Presidente Chávez salió relegitimado políticamente, y la oposición venezolana quedó absolutamente desarticulada.
Por eso es que el RR es no sólo un camino de obstáculos para la MUD. Es también un camino lleno de riesgos.
Una vez que la Asamblea Nacional —mayormente opositora— tomó posesión el pasado 5 de enero, en la opinión pública se planteó la necesidad de intentar alguna iniciativa de carácter constitucional que permitiera el fin anticipado del período presidencial de Nicolás Maduro y la convocatoria a unas elecciones presidenciales en este año 2016.
Entre las distintas opciones que fueron discutidas en la MUD, hacia marzo de este año se impuso la iniciativa del RR.
En Venezuela hay un precedente de un referendo revocatorio presidencial, en 2004, cuando las fuerzas opositoras fracasaron en su intento de lograr revocar el mandato del entonces Presidente Hugo Chávez.
Sin embargo, desde que se dio inicio a la solicitud del RR, éste ha sido un camino de obstáculos para la MUD.
Concretamente, el Consejo Nacional Electoral ha realizado una interpretación sesgada de las normas que aplican al RR. Además, ha incumplido los lapsos en los cuales debe tomar cada una de las decisiones del procedimiento del RR.
Los retrasos en el procedimiento tienen una consecuencia particularmente importante: conforme al artículo 233 de la Constitución, si la revocatoria del mandato se da luego de cumplidos cuatro años del período constitucional (es decir, a partir del 10 de enero de 2017), el Vicepresidente Ejecutivo designado para ese momento, deberá completar el período como nuevo Presidente.
El CNE ha señalado en una nota de prensa, y no a través de alguna Resolución publicada en la correspondiente Gaceta Electoral, que los ciudadanos dispondrán de tres días (26, 27 y 28 de octubre) para realizar las manifestaciones de voluntad solicitando la activación del RR. Conforme al artículo 72 de la Constitución, deben recabarse las manifestaciones de voluntad de, al menos, 20 % de los electores para solicitar un RR.
Una vez que sean recabadas las manifestaciones de voluntad, el CNE dispone de 15 días hábiles para precisar si se cumplió correctamente con el requisito del 20 %.
Con lo cual, para finales de noviembre, el CNE debería haber determinado si se cumplió correctamente con 20 % de manifestaciones de voluntad.
Sin embargo, el CNE pudiera exigir que un número de personas de las que firmaron realizaron esa solicitud, vuelvan a manifestar por segunda vez, su voluntad de activar el RR. Con lo cual, allí podría haber un retraso significativo de días.
Si se cumplió con 20 %, el CNE dispone de tres días para fijar la fecha de celebración del RR. Conforme a la Resolución que rige la materia, el RR debe celebrarse dentro de los 90 días continuos siguientes.
Sin embargo, en la referida nota de prensa, ya el CNE ha advertido que el RR, “pudiera” celebrarse hacia el primer trimestre de 2017. Con lo cual, si el Presidente Maduro es revocado, asumiría la presidencia por los dos siguientes años del período constitucional aquella persona a quien el propio Maduro haya nombrado como su Vicepresidente Ejecutivo antes de ser revocado.
La MUD, y los ciudadanos, se enfrentan a importantes riesgos a partir de este momento.
En primer lugar, es necesario que se recoja 20 % de firmas en cada uno de los Estados de la Federación venezolana, según la distribución geográfica de los centros electorales que haya decidido el CNE. Ello hace sumamente difícil para la MUD y los ciudadanos lograr que 20 % de los electores de cada Estado de la Federación logren firmar a favor del RR. En ese sentido, si en algún Estado no se logra el 20 %, el procedimiento de solicitud del RR quedaría anulado, lo cual sería una derrota desmoralizante para la oposición.
Si se logra recabar 20 % de las firmas en cada Estado de la Federación, el CNE estaría obligado a convocar el RR. Pero, como señalamos, ya el CNE ha advertido que en tal caso el RR sería en el año 2017, con lo que el período constitucional sería completado por algún dirigente político, civil o militar, del propio oficialismo.
Ante las condiciones impuestas por el CNE en la nota de prensa, la MUD ha advertido ambiguamente que sólo irá a la recolección del 20 % si se permite que el cálculo del porcentaje se realice a nivel nacional, y no en cada uno de los Estados.
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El RR se ha convertido en una carrera de obstáculos para la MUD. Y cada día que pasa, el escenario se parece más al del referendo revocatorio de 2004, en el cual el entonces Presidente Chávez salió relegitimado políticamente, y la oposición venezolana quedó absolutamente desarticulada.
Por eso es que el RR es no sólo un camino de obstáculos para la MUD. Es también un camino lleno de riesgos.
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