Hace algunas semanas, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó varios reportajes describiendo el supuesto involucramiento de un número de individuos con cuentas offshore. Aparentemente, los informes estaban basados en documentos obtenidos de Mossack-Fonseca, firma de abogados con base en Panamá. Uno de los miembros fundadores de la firma, Ramón Fonseca, ha declarado a los medios sugiriendo que los documentos fueron obtenidos por medio de un hackeo ilegal desde afuera del bufete.
En términos generales, tener una cuenta offshore es legal en la mayoría de los países, y existe una serie de razones legítimas para establecerlas. En efecto, dada la naturaleza mayormente legal del asunto, algo del periodismo sensacionalista que ha rodeado el asunto de los Papeles ha sido particularmente injusto, poniendo en tela de juicio la reputación de sujetos que no estaban involucrados de forma alguna en actividades ilegales. La liberación de documentos también ha sugerido algunas conductas en efecto ilegales, como la del exprimer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, quien se desprendió de su cargo como consecuencia de los documentos revelados.
Es más, luego de la filtración, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado que sus agencias penales y regulatorias están llevando a cabo investigaciones. Josh Earnest, portavoz de la Casa Blanca, ha declarado que “ciertos expertos, tanto en el Departamento del Tesoro como en el Departamento de Justicia” están examinando los reportes para determinar si hubo transacciones que violaran las leyes de los Estados Unidos. Por su parte, el 12 de abril de 2016, se informó que el Fiscal General de Panamá allanó las oficinas de Mossack-Fonseca en busca de evidencia de conducta ilegal.
Estos reportes indican que los Panama Papers no solo generan noticias; sino que es muy posible que al final generen acciones criminales y regulatorias en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Como resultado de esto, vale la pena pensar sobre cómo serán esas acciones. La pregunta más obvia sería qué tipo de ofensas criminales serán perseguidas. La respuesta no es tan obvia. A pesar de que la mayoría de las noticias se concentran en “corrupción”, pareciera que el grueso de las pesquisas se centrarán en la potencial violación de leyes económicas y tributarias. En efecto, hace una década se creó una guía virtual para ese tipo de investigaciones, cuando los fiscales y reguladores pusieron en su mira al sistema bancario suizo, y en particular, el uso de cuentas secretas en esa jurisdicción.
Esas investigaciones se centraron principalmente en los profesionales que trabajaban dentro del sistema bancario suizo. Esta vez, los profesionales panameños que trabajaron creando cuentas offshore están en riesgo de que los reguladores y fiscales determinen que, intencionalmente, dieron acceso a vehículos offshore como medio para que personas naturales y compañías pudieran evadir impuestos o sanciones económicas.
También es posible que los riesgos de cumplimiento incrementen pronto. EL ICIJ no ha liberado todavía la totalidad de los Papeles, y ha sugerido que no entregará ningún tipo de lista de las personas mencionadas en ellos hasta mayo. Esto significa que durante el próximo mes, personas naturales y compañías que todavía no aparecen implicadas, pero temen serlo, enfrentarán serias decisiones sobre si buscar asesoramiento, y qué tipo de acciones pueden o deben tomar antes de que más información sea revelada.
Finalmente, no es muy temprano para considerar algunos de los retos que los ejecutores de la ley enfrentarán al armar casos basados en los Panama Papers. Probablemente los más interesantes tendrán que ver con el origen de los alegatos. Si es cierto, como ha sido reportado, que los Papeles fueron producto de un hackeo ilegal sobre siete servidores de la firma, entonces surgirán serias preguntas sobre la admisibilidad de los papeles como prueba en un juicio posterior. Muchas jurisdicciones prohíben el uso de pruebas obtenidas ilegalmente.
Adicionalmente, muchas jurisdicciones tienen algún tipo de norma protegiendo el privilegio cliente-abogado, y la confidencialidad de la informacion que se divulga a los abogados. Si ha surgido toda una investigación a partir del quebrantamiento ilegal de la relación cliente-abogado, y la evidencia que la soporta consiste únicamente de archivos digitales robados, ¿podrían proceder esos cargos? La respuesta a este tipo de pregunta probablemente dependa del caso en particular, pero la pregunta en sí misma es una que las personas defendiendo esas causas deberían empezar a considerar.
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