Muchos ojos están puestos en el crecimiento potencial de nuestro país. El precio de los minerales se estabiliza en niveles más razonables, las reformas económicas impulsadas por el gobierno están ya realizadas y la sociedad chilena discute acaloradamente sobre los elementos esenciales para potenciar ese desarrollo.
Considerando el estado actual de la economía chilena, una discusión transcendental es, sin duda, la política energética. El sector público ha avanzado en análisis, estudios y acciones concretas, específicamente, en las últimas licitaciones de energía para clientes regulados. Pero la gran mayoría de los chilenos no está siguiendo el tema con el interés que amerita, lo que resulta ser poco previsor para nuestro futuro. Especialmente si quienes están comandando las acciones guían su agenda de acuerdo con aquellos temas que clama la sociedad.
Los datos recientes son claros. Nuestra matriz energética está dividida en diversos medios de generación, con distintos costos: la generación térmica con petróleo, carbón o gas y otros medios que no ocupan combustibles fósiles -entre ellos la hidrogeneración-, centrales solares fotovoltaicas, centrales eólicas (todas, evidentemente, con menores costo de producción).
Según el último informe mensual del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), el 60,7 % de la energía generada durante junio provino de fuentes térmicas (y contaminantes), y sólo el 30.6 % de generación hidroeléctrica, con un saldo de 8,4 % proveniente de energías renovables no convencionales (ERNC).
En simple, en la era del calentamiento global, la generación eléctrica en Chile es totalmente dependiente de combustibles fósiles –de nuevo, contaminantes- que debemos importar, soportando además la volatilidad de su precio.
La pregunta evidente es por qué no nos apoyamos más en las fuentes que tenemos disponibles en nuestro país, que son menos contaminantes y más baratas. La respuesta es fácil, pero no menos compleja. En realidad, si revisamos los proyectos que se construyen en Chile hoy, son en su buena mayoría solares fotovoltaicos, y proyectos importantes de generación hidráulica que inicien su construcción en el corto plazo no hay. La oposición de la población, justificada o no, es tal que las empresas no invierten en hidroelectricidad. El resultado de esa oposición, muchas veces irracional, será que nuestra matriz será cada vez más contaminante y más cara.
El mismo informe del CEN advirtió que los costos marginales volvían a precios altos, por sobre los USD 90 MW. Y la proyección no es más auspiciosa.
Otro informe entregado recientemente, esta vez por el Ministerio de Energía, fija el potencial de generación de la Región de Aysén en cerca de 6000 MW, el equivalente al 90 % de toda la capacidad hidroeléctrica instalada en Chile, calculada respetando las condiciones ambientales que correspondan. La misma población que se opuso a Hidro Aysén y a la Central Cuervo, vive hoy de energía generada por petróleo y, en ciudades como Coyhaique, la leña en invierno hace irrespirable el aire.
Nuestro desarrollo como sociedad depende de la energía, de precios sustentables para nuestros hogares e industrias, pero que al mismo tiempo permitan la conservación de nuestro patrimonio natural, cultural y del mismo planeta. Para ese objetivo, necesitamos entender que la tarea está pendiente. Debemos, como sociedad, razonar y aceptar que necesitamos de la capacidad de las centrales térmicas, de nuevos proyectos de ERNC (que siempre tendrán una participación menor en la matriz) y, por sobre todo, del potencial hidroeléctrico de Chile.
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