Fecha de publicación: 04/02/2016
Etiquetas:
A cuatro semanas de haberse instalado la Asamblea Nacional (AN) en Venezuela, el balance puede ser considerado como positivo.
Transcurridas las primeras semanas de ejercicio de la nueva AN, pudiera concluirse que lo más importante, en términos políticos, es que el parlamento venezolano ha ganado legitimidad. No se trata solo de resaltar la legitimidad política que a través de los votos obtuvo la nueva mayoría, equivalente a las 2/3 partes de la AN, hecho político inédito desde 1947, sino que la nueva mayoría en la AN ha logrado imponerse como Poder Público, incluso sobre el Poder Ejecutivo.
Luego de las escaramuzas iniciales, particularmente los sucesos relacionados con el supuesto desacato a la sentencia de la Sala Electoral del TSJ con ocasión de la incorporación de los Diputados del Estado Amazonas, la AN entró en el “ritmo institucional” que le correspondía, y comenzó a ejercer su función como Poder Público independiente a los otros Poderes. Una situación similar a esta no había ocurrido en los últimos 17 años en Venezuela. Y ello tiene el mayor significado político que cabe imaginar. La AN está ganando, semana a semana, su propia “legitimidad de ejercicio”, adicional a la “legitimidad electoral” que ya había ganado el 6D.
Esa legitimidad en el ejercicio, que le ha permitido incluso imponerse institucionalmente sobre el Poder Ejecutivo, ha tenido, entre otras, tres manifestaciones claves: la Memoria y Cuenta que el Presidente de la República rindió frente a la AN, la reprobación del Decreto de Emergencia Económica que fue dictado por el Poder Ejecutivo, y la negativa del Gabinete Económico a comparecer a la invitación que le fue formulada por la AN para explicar por qué se solicitaba el Decreto de Emergencia Económica.
Desde un punto de vista institucional, la Memoria y Cuenta implicó que la cabeza del Poder Ejecutivo fuera hasta la AN a rendir informe de las actividades del Poder Ejecutivo durante el curso político pasado. Y a diferencia de lo que había ocurrido durante la última década, el Presidente de la República, al finalizar su intervención, escuchó respetuosamente la intervención del Presidente de la AN, quien realizó diversos señalamientos críticos sobre la gestión del Ejecutivo, frente a las cámaras de medios de comunicación públicos y privados.
Por otra parte, el Poder Ejecutivo también tuvo que someterse a la AN para el estudio del Decreto de Emergencia Económica. Según el artículo 339 de la Constitución, corresponde a la AN aprobar o improbar cualquier Decreto de Estado de Excepción. Pues bien, luego que una Comisión Especial de la AN rindiera un informe desaconsejando la aprobación, la AN procedió a negarla. El hecho tuvo el ingrediente adicional, de gran significación política, de que ante la solicitud de esa Comisión a altas autoridades del Gabinete Económico y el Presidente del BCV, de explicar la justificación del Decreto y la situación de la crisis económica, éstos optaron por no asistir a la convocatoria.
Más allá de esos significativos hechos, la AN ha fijado el Orden del Día ya de varias sesiones, el cual se ha cumplido serenamente.
Además, la nueva mayoría ha presentado proyectos de Ley, para cumplir así con otra de las funciones básicas de la AN, como lo es la función legislativa.
De tal manera, a cuatro semanas de haberse instalado la AN, la realidad es que ésta ha empezado a funcionar con cierta regularidad, al punto de controlar institucionalmente en dos oportunidades al Poder Ejecutivo, criticando la labor del Poder Ejecutivo de la que éste rindió informe en la Memoria y Cuenta, y negando la justificación alegada por el Poder Ejecutivo para que se le aprobara un Decreto de Emergencia Económica.
No es posible saber si la AN continuará funcionando regularmente. Pero a cuatro semanas de haber iniciado su trabajo, y luego de las turbulencias iniciales, la nueva mayoría ha comenzado a ganar una legitimidad de ejercicio clave para el control del Poder en Venezuela.
Transcurridas las primeras semanas de ejercicio de la nueva AN, pudiera concluirse que lo más importante, en términos políticos, es que el parlamento venezolano ha ganado legitimidad. No se trata solo de resaltar la legitimidad política que a través de los votos obtuvo la nueva mayoría, equivalente a las 2/3 partes de la AN, hecho político inédito desde 1947, sino que la nueva mayoría en la AN ha logrado imponerse como Poder Público, incluso sobre el Poder Ejecutivo.
Luego de las escaramuzas iniciales, particularmente los sucesos relacionados con el supuesto desacato a la sentencia de la Sala Electoral del TSJ con ocasión de la incorporación de los Diputados del Estado Amazonas, la AN entró en el “ritmo institucional” que le correspondía, y comenzó a ejercer su función como Poder Público independiente a los otros Poderes. Una situación similar a esta no había ocurrido en los últimos 17 años en Venezuela. Y ello tiene el mayor significado político que cabe imaginar. La AN está ganando, semana a semana, su propia “legitimidad de ejercicio”, adicional a la “legitimidad electoral” que ya había ganado el 6D.
Esa legitimidad en el ejercicio, que le ha permitido incluso imponerse institucionalmente sobre el Poder Ejecutivo, ha tenido, entre otras, tres manifestaciones claves: la Memoria y Cuenta que el Presidente de la República rindió frente a la AN, la reprobación del Decreto de Emergencia Económica que fue dictado por el Poder Ejecutivo, y la negativa del Gabinete Económico a comparecer a la invitación que le fue formulada por la AN para explicar por qué se solicitaba el Decreto de Emergencia Económica.
Desde un punto de vista institucional, la Memoria y Cuenta implicó que la cabeza del Poder Ejecutivo fuera hasta la AN a rendir informe de las actividades del Poder Ejecutivo durante el curso político pasado. Y a diferencia de lo que había ocurrido durante la última década, el Presidente de la República, al finalizar su intervención, escuchó respetuosamente la intervención del Presidente de la AN, quien realizó diversos señalamientos críticos sobre la gestión del Ejecutivo, frente a las cámaras de medios de comunicación públicos y privados.
Por otra parte, el Poder Ejecutivo también tuvo que someterse a la AN para el estudio del Decreto de Emergencia Económica. Según el artículo 339 de la Constitución, corresponde a la AN aprobar o improbar cualquier Decreto de Estado de Excepción. Pues bien, luego que una Comisión Especial de la AN rindiera un informe desaconsejando la aprobación, la AN procedió a negarla. El hecho tuvo el ingrediente adicional, de gran significación política, de que ante la solicitud de esa Comisión a altas autoridades del Gabinete Económico y el Presidente del BCV, de explicar la justificación del Decreto y la situación de la crisis económica, éstos optaron por no asistir a la convocatoria.
Más allá de esos significativos hechos, la AN ha fijado el Orden del Día ya de varias sesiones, el cual se ha cumplido serenamente.
Además, la nueva mayoría ha presentado proyectos de Ley, para cumplir así con otra de las funciones básicas de la AN, como lo es la función legislativa.
De tal manera, a cuatro semanas de haberse instalado la AN, la realidad es que ésta ha empezado a funcionar con cierta regularidad, al punto de controlar institucionalmente en dos oportunidades al Poder Ejecutivo, criticando la labor del Poder Ejecutivo de la que éste rindió informe en la Memoria y Cuenta, y negando la justificación alegada por el Poder Ejecutivo para que se le aprobara un Decreto de Emergencia Económica.
No es posible saber si la AN continuará funcionando regularmente. Pero a cuatro semanas de haber iniciado su trabajo, y luego de las turbulencias iniciales, la nueva mayoría ha comenzado a ganar una legitimidad de ejercicio clave para el control del Poder en Venezuela.
WordPress ID
3997
}
Add new comment