Sobre las trampas y el atletismo de las telecomunicaciones

Las actividades económicas que se desarrollan en el país y la iniciativa privada son libres, siempre y cuando se mantengan en los límites del bien común…

Con esta idea se inició la maratón hacia la plena apertura de las Telecomunicaciones en Costa Rica, bajo la Ley Nº8642, iniciada por el tan demonizado Tratado de Libre Comercio. Una de las tantas preocupaciones que se tuvo al inicio de este proceso fue el tema de los precios, y de la garantía al acceso universal.

La libre competencia le ha permitido a los costarricenses tener mejores servicios, ser tratados como clientes dignos y acceder a mejores tecnologías que muchos de sus pares en Latinoamérica. Ha sido un ganar/ganar para el usuario y para la multiplicidad de operadores y proveedores que encontraron nicho en el cual desarrollarse.

A pesar de esto, existe la tesis, empleada mundialmente por los operadores, de un hipotético colapso de las redes de telecomunicaciones por el uso desproporcionado de internet. En este sentido, han propuesto el cobro por descarga o velocidad, bajo un modelo de "tarifas flexibles y segmentadas" adecuadas al perfil de consumo de cada uno de los abonados, frente al servicio ilimitado para todos del actual sistema en las tarifas de postpago.

Aunque no comparto esta tesis completamente, es cierto que desde 2013 existe la tarifa por descarga, y que se aplica a los usuarios del servicio de internet móvil (todos ellos en la modalidad prepago). De modo que la propuesta de los operadores a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), sería fijar una modalidad adicional de acceso a internet móvil que incidiría en la modalidad postpago.

Algunos pensaban que la Sutel iba a intervenir en exceso frenando la competencia y se comportaría como garante de los derechos del usuario interviniendo de manera excesiva en el mercado. Pero en varias ocasiones, más allá de informar, ha buscado convencer a los usuarios que el Internet por descarga es la opción más conveniente, y que no corresponde a los proveedores compensar la creciente demanda del servicio con inversión propia. Lo más cuestionable es que dicha campaña se ha financiado con fondos públicos.

Este debate no es nuevo. Constantemente oímos comentarios sobre la poca preparación de las redes de telecomunicaciones para soportar un tráfico tan intenso de datos. Si ese fuera el caso, los operadores deberían considerar soluciones a largo plazo, como el desarrollo de mayor capacidad de sus redes y, en todo caso, a esto debería obligarlos la Sutel, y no hacerles patrocinio, para convencer a los usuarios que es bueno que se pague más implementando internet de descarga o por velocidad —cuando ya los sistemas de postpago tienen planes ilimitados.

La Ley de Telecomunicaciones creó a la Sutel para permitir el desarrollo de la libre competencia bajo una intervención estatal proteccionista de la parte más débil del mercado: el usuario. No fue creada para proteger el bolsillo de operadores públicos y privados.

Existen condiciones demostradas de competencia efectiva en el sector que, como consecuencia, hacen que la Sutel deba estimar hacerse a un lado, y dejar que sean los usuarios quienes decidan adquirir los servicios que consideren convenientes sin manipulación del Estado.