En “Las consecuencias económicas de la paz”, John Maynard Keynes analizaba los acuerdos de paz impuestos, en el tratado de Versalles, sobre la derrotada Alemania, y advertía al Mundo que más allá del contenido del tratado, existían importantes implicaciones y consecuencias; argumentaba que la forma en la que se había impuesto la paz al bando vencido no solamente perjudicaría a Alemania, sino que perjudicaría la reconstrucción económica de toda Europa.
Pero aquí no vinimos a hablar solamente del icónico libro de John Maynard Keynes. Hablamos de los acuerdos “de paz” que suscribe el gobierno de Bolivia (situado, valga la redundancia, en La Paz) con las empresas extranjeras nacionalizadas y expropiadas, y las a veces olvidadas consecuencias de estas políticas del gobierno sobre la inversión extranjera en Bolivia.
Hace un par de semanas (11 de mayo de 2017), el gobierno de Bolivia declaró que ha llegado a un acuerdo definitivo con la empresa española Abertis, por la nacionalización de la empresa Servicios de Aeropuertos Bolivianos SABSA. La empresa española adquirió 90% de SABSA en 2004, y en 2013 su participación fue expropiada por el gobierno de Evo Morales. Abertis inició un arbitraje internacional en contra del gobierno boliviano, pero antes de llegar a su culminación las partes arribaron a un acuerdo transaccional para saldar la controversia. El gobierno de Bolivia pagará a Abertis la suma aproximada de 23 millones de dólares en compensación por la expropiación, y considera que de esta forma cierra "con éxito” la controversia.
Este hecho es relevante como noticia, pero también como materia de análisis, porque las consecuencias económicas de este acuerdo no solamente abarcan el pago de los 23 millones de dólares. La firma de este nuevo acuerdo transaccional (similar a muchos otros ya suscritos por el gobierno boliviano) envía una señal más al Mundo y a las empresas inversionistas internacionales. El gobierno de Bolivia declara haber cerrado “con éxito” este arbitraje, pero al declarar su victoria no factoriza en su cálculo las consecuencias económicas que tienen, en su conjunto, las políticas de nacionalización y expropiación sobre la inversión extranjera en el país.
En arbitrajes que involucran a entes estatales, existe una complejidad adicional respecto al cobro de cualquier monto ganado en arbitraje; el laudo arbitral debe ser reconocido y ejecutado contra un Estado soberano, y por lo general el Estado tiene amplias herramientas para retrasar el pago, o negarlo por completo. Los laudos pueden ser anulados cuando se tratan de ejecutar en las cortes del propio país condenado por el laudo, y si se intenta el cobro contra bienes del Estado que se encuentran en otros países, el acreedor pronto descubrirá que una gran parte de estos bienes está cubierta por protección diplomática. El acreedor tiene, en estos casos, un camino empinado por delante.
Sin tratar de adivinar los hechos que impulsaron el acuerdo de 23 millones de dólares con Abertis, una suposición educada apunta a que Abertis tenía argumentos meritorios que le permitirían cobrar montos más elevados en contra de Bolivia, pero negoció un precio mucho menor para evitar la titánica labor de ejecutar el laudo arbitral en Bolivia.
Considerando esta posibilidad, que por cierto no es descabellada, debemos preguntarnos si hay consecuencias que trascienden el contenido de los acuerdos transaccionales. Indudablemente sí las hay, pero por lo general no son reconocidas en el cálculo político. El cálculo del gobierno se limita al monto de compensación que debe pagar, y hecho el análisis, declara victoria y el cierre “con éxito” de la controversia. Lo que pretendo transmitir es que el cálculo sobre el éxito de las políticas de expropiaciones y nacionalizaciones no debería limitarse únicamente a los montos de compensación pagados o perdidos en arbitrajes; estas políticas de gobierno tienen efectos a largo plazo sobre cuán atractivo es el país para recibir inversión extranjera.
Pese a que España era la fuente principal de inversión extranjera en Bolivia, Abertis es la cuarta empresa española afectada por la política de nacionalizaciones del gobierno de Evo Morales (junto con Red Eléctrica, Iberdrola y AENA). La inevitable consecuencia es que otras empresas españolas y europeas evalúen su situación con mucha más prudencia antes de ingresar a Bolivia.
Similar al análisis que hacía Keynes en su libro, para Bolivia, también existen implicaciones y consecuencias que no se reflejan en términos tan polarizados como “éxito” o “derrota”. Es difícil reprochar que el gobierno boliviano declare victoria sobre los acuerdos transaccionales que suscribe; se trata de un tema político, y en política no suelen admitirse las derrotas ni las equivocaciones. Pero el lector cuidadoso debe saber que detrás de esa declaración de victoria del gobierno boliviano, hay consecuencias económicas para la inversión extranjera en Bolivia, que si bien no son tan visibles, son igualmente importantes.
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