Venezuela vive bajo un férreo control cambiario desde hace 15 años. El control ha sido una de las políticas económicas banderas del chavismo y probablemente la causa más importante de nuestro actual cataclismo económico. Algo que se discute poco es que el Gobierno es en muchas maneras víctima de sus absurdas regulaciones en materia cambiaria y de la inercia o incapacidad de llevar a cabo cualquier reforma racional, incluso aquellas que mejorarían la situación sin implicar un costo político.
Por muchos años, a través de la asignación de dólares durante el boom petrolero se financió una orgía de gastos públicos sin precedentes, la cual terminó en una dolorosa resaca con ocasión del desplome de los precios. La baja en el ingreso petrolero causó una disminución importante en el ingreso de dólares del Estado a través de PDVSA que es la fuente principal de divisas (por no decir la única) del Gobierno. Esta baja produjo una contracción en las importaciones y la asignación de divisas que, para casi todos los efectos prácticos, ha detenido la actividad industrial del país y causado una aguda escasez de alimentos y medicinas.
Algo que no se menciona mucho es que la mayoría de las regulaciones cambiarias implementadas en los tiempos de vacas gordas en que se intentaba impedir, sin éxito, la reventa de divisas, son una de las mayores causas de la parálisis, más allá de la escasez de divisas. El Gobierno Chavista que basa su permanencia en poder llegar a consensos entre las diversas facciones que lo componen, no puede promulgar ninguna reforma radical sin amenazar la unidad que les asegura el poder y el Presidente Nicolás Maduro parece ser muy consciente de ello. Por ello no ha sido posible implementar ninguna reforma importante en el sector cambiario o de controles de precio, a pesar de que la existencia de estos controles continúa ahogando lo que queda de economía productiva en el país.
La ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, varias veces reformada pero consistentemente inefectiva en su objetivo de sancionar las operaciones cambiarias realizadas fuera del sistema, castiga las operaciones que ocurran fuera de los mercados oficiales (Dipro y Dicom) o que usen una tasa de cambio oficial distinta a las permitidas. Estas restricciones aplican no solo a las operaciones en que divisas pertenecientes al Banco Central de Venezuela son comercializadas en operaciones cambiarias, sino también al reverso: en aquellas mediante las cuales particulares intentan ofrecer al Gobierno divisas, las cuales, irónicamente, necesita desesperadamente.
Actualmente, debido a las sanciones impuestas por el gobierno de los EE.UU., las operaciones cambiarias tanto de compra como de venta de divisas -vía subasta Dicom- con particulares se encuentran suspendidas, las cuales eran el único mecanismo alternativo para comprar y vender divisas.
Aunque en sus últimas reformas la ley del Régimen Cambiario despenalizó varios ilícitos cambiarios relacionados con la venta de dólares, la deficiente técnica legislativa deja aún en vigencia varias sanciones administrativas e ilícitos cambiarios relacionados con operaciones en el mercado paralelo, o al uso de una tasa de cambio no oficial. Dicha tasa deja a cualquier operación fuera del mercado oficial en un área gris que asusta a los departamentos de cumplimiento de norma de muchas multinacionales.
La diferencia clave es que en el caso de empresas transnacionales, misiones consulares y organizaciones internacionales que estén dispuestas a remitir al país divisas en intercambio de bolívares, - a pesar de la hiperinflación y las tasas de interés negativas -, no se pueden ingresar por la costumbre casi patológica que tiene el Gobierno de regular cada sector de la economía.
El efecto práctico de esto es que muchas empresas se ven en la situación no solo de no tener divisas suficientes, sino también de no tener una manera claramente legal para realizar operaciones cambiarias y obtener bolívares. La paradoja es que los bolívares que el Banco Central imprime de manera descontrolada para cubrir un titánico déficit fiscal, son escasos para las personas que tengan reparos en violar la ley. El Gobierno regula y prohíbe toda actividad que medianamente se asemeje al mercado, así sea en su propio detrimento, porque no conoce otra manera de actuar.
Reparar en este hecho puede darnos una perspectiva de la posibilidad verdadera de que exista una reforma económica importante en el mediano plazo, ya sea resultado de un esfuerzo unilateral o de un proceso de negociación. La incapacidad del Chavismo para emprender reformas significativas por priorizar el consenso entre sus facciones ante una gestión coherente de la economía y su probable permanencia en el poder en el futuro mediato, hacen del actual cataclismo económico una tragedia indetenible e inevitable.
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