Se comenta, como anécdota popular, que UBER es la empresa más grande de taxis del mundo, y sin embargo no posee ni un solo automóvil. Se trata de un mecanismo de transporte ofrecido de manera electrónica. La aplicación para teléfono móvil de UBER proporciona a la gente una red de transporte de orden privado, en la cual los pasajeros se comunican de manera directa con conductores registrados en UBER. El conductor recoge al pasajero, lo deja en su destino, y el pasajero puede salir del automóvil sin intercambiar un solo centavo con el conductor si así lo desea; el cobro por el servicio, calculado de acuerdo a distancia y tiempo, se debita automáticamente de la cuenta bancaria del usuario.
Las dos ciudades más pobladas de Bolivia ya cuentan, en sus calles, con automóviles que prestan servicios a través de UBER. En Santa Cruz de la Sierra el servicio se inició en noviembre de 2016, en La Paz se inició tres meses más tarde, y se anuncia que el sistema se expandirá también a la ciudad de Cochabamba. Pero los obstáculos y las trabas no tardaron en aparecer. La Alcaldía de La Paz, las autoridades del gobierno, y los gremios de transportistas, entre otros, han salido al paso. El camino de UBER parece tener varios baches legales a la vista.
¿Por qué UBER genera tantos anticuerpos en las ciudades en las que incursiona? Wall Street Journal reporta que UBER enfrenta problemas en ciudades tan diversas como Río de Janeiro, Ciudad del Cabo y Estocolmo. En términos comerciales, la respuesta es evidente: UBER representa una amenaza para los gremios de transportistas dominantes del mercado, y una molestia regulatoria para las autoridades. Un conductor privado utilizando la aplicación UBER es un competidor directo de un taxista común. La incursión de UBER en mercados cerrados, como lo es la industria de transporte, genera una disrrupción en las actividades de gremios y reguladores.
En términos legales, el problema es más profundo. Los principales conflictos que enfrenta UBER tienen, como raíz, la divergencia de opiniones respecto a la naturaleza de este servicio. Si se interpreta que UBER es un servicio de transportes, como alegan los gremios de transportistas, UBER estaría alcanzado por la regulación sobre transportes a nivel municipal y nacional. Si por el contrario se considera que el servicio de transportes lo provee el conductor privado, y que UBER solamente ofrece la posibilidad de conexión entre conductor y usuario, entonces la aplicación de la regulación se hace más compleja.
En La Paz, la alcaldía municipal ha declarado de manera categórica que en tanto no se concluya una reglamentación que regule a UBER, esta no puede operar, razón por la cual decomisará placas a automóviles que se presten a este servicio. Alega que estos servicios no están debidamente registrados, normados, y generan inseguridad. Cabe preguntarse por cuántos meses perjudicará la alcaldía a UBER y a sus usuarios, hasta que tal regulación sea elaborada y emitida por la propia alcaldía.
Por otra parte, la Autoridad de Fiscalización de Juegos de Bolivia ha sancionado a UBER por los descuentos que ofrece a los usuarios que utilizan la aplicación por primera vez. Esta entidad del gobierno, que tiene como función regular y fiscalizar actividades de azar, sorteos y promociones empresariales, ha determinado que esta oferta de viajes con tarifas descontadas representa una promoción empresarial, y por tanto UBER ha incumplido esta regulación.
También se esgrimen argumentos más coloquiales contra UBER. Por ejemplo, rige a nivel nacional una interpretación extensiva del artículo 13 del Reglamento del Código de Tránsito que fija una multa para quienes se distraigan peligrosamente al conducir un vehículo, por tanto, los transportistas de Santa Cruz arguyen que el uso de la aplicación de UBER en el teléfono móvil estaría en violación de esta norma.
Debo admitir que redacto esta nota con irritación. Los argumentos contra la incursión de UBER en Bolivia delatan la falta de libertad económica del país, y la prevalencia de la burocracia por sobre todas las cosas. Es evidente que los transportistas no velan por la comodidad de las personas o por la integridad del sistema de transporte del país, su interés está en proteger el monopolio cerrado de sus servicios. Por su parte, las autoridades frenan este desarrollo empresarial sustentándose en su propia falta de regulación sobre esta industria. El resultado es una población sometida a la atrincherada industria de transporte, y el voluntario sometimiento a un servicio que podría ser más competitivo y eficaz gracias a la llegada de UBER.
¿No sería más adecuado dejar que las fuerzas del mercado operen? Si en comparación a los servicios de transportes ya establecidos, el servicio de UBER es más barato, o más caro, o más eficiente, o más complicado, o más seguro (y existen muchos argumentos que demuestran que sí es más seguro), ¿no sería mejor dejar que los usuarios decidan?
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