Fecha de publicación: 09/11/2015
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Por Carlos Loaiza Keel*
Nunca voy a olvidar aquella divertida anécdota personal que le escuché al expresidente de Chile, Sebastián Piñera, en el año 2009. Yo trabajaba entonces en el país trasandino y seguía muy de cerca la campaña electoral que le encumbraría más tarde como presidente. Campaña en la que no faltaron críticas a los aspectos débiles del candidato y, entre las más corrosivas, a su enorme fortuna. Durante un debate televisivo, alguien del público preguntó a Piñera sin remilgos cómo había logrado ser millonario, a lo que el expresidente respondió sin vacilar evocando la visita de un magnate norteamericano durante su tiempo de estudiante de Harvard. A él también le habían hecho esa incisiva pregunta y Piñera tomó para sí la respuesta de entonces: “me levanté temprano, fui perseverante y… encontré petróleo”. Como en aquel momento, la audiencia estalló en carcajadas, solo interrumpidas por la moraleja de la historia: “tengan por seguro que si no me hubiera levantado temprano ni hubiera sido perseverante, nunca hubiera encontrado petróleo”.
En el contexto latinoamericano, el caso de Uruguay es destacable si de perseverancia se trata. De larga tradición de respeto por la democracia y el Estado de Derecho, el pequeño país sigue mostrando los más altos índices de desarrollo humano y estabilidad financiera de todo el continente, que lo ubican en lo más alto del PIB per cápita y que le han valido en 2013 nada menos que el título de “país del año”, según el prestigioso periódico británico The Economist.
Seguramente para sacar provecho de este buen momento, que suma ya una década de crecimiento sostenido, el nuevo Gobierno uruguayo estableció como prioridad dentro de su agenda la inversión en infraestructura para asegurar el crecimiento y la productividad de la economía. Y para lograr este alto objetivo, se considera al régimen de Participación Público-Privada (PPP) como una herramienta muy valiosa. Los sectores donde se presentarán oportunidades en el corto plazo van desde infraestructura vial, ferroviaria, portuaria y logística, hasta mejoras en la infraestructura de los sectores de educación y salud, con una inversión necesaria estimada en al menos USD 3.000 millones.
Otra de las áreas en las que Uruguay ha decidido apostar fuertemente es la de las energías renovables, por medio de significativas ventajas impositivas. Es que entre los desafíos más importantes que enfrenta Uruguay está justamente el aumento de la oferta y autonomía energéticas, con miras a permitir la continuidad de la dinámica económica expansiva. Uruguay tiene una importante disponibilidad de recursos naturales para la generación de energía solar, eólica e hidráulica, y el marco normativo aprobado en 1997 establece la libertad de generación de energía, habilitando el ingreso de privados, todo lo cual ha dado lugar a un modelo de asociación a partir del esquema de Project Finance, que ha mostrado ser sumamente exitoso y es hoy replicado en varios países. Tanto el gobierno como los privados han realizado importantes inversiones en el área, que alcanzaron más de USD 7.000 millones entre 2010 y 2014, lo que representa una inversión anual de más del 3% del PIB en infraestructura energética.
Pero Uruguay no está solo en su necesidad y empeño. Del otro lado del Río de la Plata, y aunque lejos de la estabilidad y seguridad jurídica de su vecino más pequeño, Argentina también deberá emprender en el corto plazo un profundo programa de desarrollo de infraestructura y energía. En medio de un año electoral que, pese a la incertidumbre, siembra optimismo y expectativa entre los empresarios nacionales y extranjeros, el esperado catching up, que permita actualizar la infraestructura y, al mismo tiempo, sacar mayor partido a cuantiosos recursos energéticos como los de Vaca Muerta, es a esta altura ineludible.
Nadie duda que, con cualquier presidente, Argentina deberá llevar a cabo reformas que exigirán, por supuesto, desmantelar muchas de las medidas proteccionistas y de las subvenciones que deterioraron sensiblemente el clima de negocios del país en los últimos años. Un proceso mucho más difícil que el uruguayo, habida cuenta de la inestabilidad política reciente, pero con incentivos nada despreciables para el inversor, considerando que el tamaño de la economía argentina trepó en 2014 a USD 927.000 millones, y ya nadie duda que el futuro gobierno, salvando los matices, será inexorablemente más business oriented que los anteriores.
Claro que, más allá de la tradición o la voluntad política de los países del Río de la Plata por actualizar su infraestructura, en tiempos en que Latinoamérica comienza a mostrar señales de enfriamiento económico, será finalmente el inversor quien tome la decisión. Pues como reza con lucidez el adagio anglosajón, “se puede llevar el caballo hasta el río, pero no se le puede obligar a tomar agua”. Será cuestión de saber cómo atraerlo a la orilla, para lo que, siguiendo el consejo de Piñera, habrá que levantarse muy temprano y perseverar. Para empezar.
***
*Máster en Tributación y máster en Derecho Empresarial (Harvard Law School-Centro Europeo de Estudios Garrigues); doctor en derecho de la Universidad de Montevideo (N.1 del ranking), profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República y Director del Postgrado de Tributación Internacional de la Universidad de Montevideo. Dirige el suplemento Consultor Tributario en El Observador, con el apoyo de Thomson Reuters y es columnista de El Observador y otros medios de prensa.
Nunca voy a olvidar aquella divertida anécdota personal que le escuché al expresidente de Chile, Sebastián Piñera, en el año 2009. Yo trabajaba entonces en el país trasandino y seguía muy de cerca la campaña electoral que le encumbraría más tarde como presidente. Campaña en la que no faltaron críticas a los aspectos débiles del candidato y, entre las más corrosivas, a su enorme fortuna. Durante un debate televisivo, alguien del público preguntó a Piñera sin remilgos cómo había logrado ser millonario, a lo que el expresidente respondió sin vacilar evocando la visita de un magnate norteamericano durante su tiempo de estudiante de Harvard. A él también le habían hecho esa incisiva pregunta y Piñera tomó para sí la respuesta de entonces: “me levanté temprano, fui perseverante y… encontré petróleo”. Como en aquel momento, la audiencia estalló en carcajadas, solo interrumpidas por la moraleja de la historia: “tengan por seguro que si no me hubiera levantado temprano ni hubiera sido perseverante, nunca hubiera encontrado petróleo”.
En el contexto latinoamericano, el caso de Uruguay es destacable si de perseverancia se trata. De larga tradición de respeto por la democracia y el Estado de Derecho, el pequeño país sigue mostrando los más altos índices de desarrollo humano y estabilidad financiera de todo el continente, que lo ubican en lo más alto del PIB per cápita y que le han valido en 2013 nada menos que el título de “país del año”, según el prestigioso periódico británico The Economist.
Seguramente para sacar provecho de este buen momento, que suma ya una década de crecimiento sostenido, el nuevo Gobierno uruguayo estableció como prioridad dentro de su agenda la inversión en infraestructura para asegurar el crecimiento y la productividad de la economía. Y para lograr este alto objetivo, se considera al régimen de Participación Público-Privada (PPP) como una herramienta muy valiosa. Los sectores donde se presentarán oportunidades en el corto plazo van desde infraestructura vial, ferroviaria, portuaria y logística, hasta mejoras en la infraestructura de los sectores de educación y salud, con una inversión necesaria estimada en al menos USD 3.000 millones.
Otra de las áreas en las que Uruguay ha decidido apostar fuertemente es la de las energías renovables, por medio de significativas ventajas impositivas. Es que entre los desafíos más importantes que enfrenta Uruguay está justamente el aumento de la oferta y autonomía energéticas, con miras a permitir la continuidad de la dinámica económica expansiva. Uruguay tiene una importante disponibilidad de recursos naturales para la generación de energía solar, eólica e hidráulica, y el marco normativo aprobado en 1997 establece la libertad de generación de energía, habilitando el ingreso de privados, todo lo cual ha dado lugar a un modelo de asociación a partir del esquema de Project Finance, que ha mostrado ser sumamente exitoso y es hoy replicado en varios países. Tanto el gobierno como los privados han realizado importantes inversiones en el área, que alcanzaron más de USD 7.000 millones entre 2010 y 2014, lo que representa una inversión anual de más del 3% del PIB en infraestructura energética.
Pero Uruguay no está solo en su necesidad y empeño. Del otro lado del Río de la Plata, y aunque lejos de la estabilidad y seguridad jurídica de su vecino más pequeño, Argentina también deberá emprender en el corto plazo un profundo programa de desarrollo de infraestructura y energía. En medio de un año electoral que, pese a la incertidumbre, siembra optimismo y expectativa entre los empresarios nacionales y extranjeros, el esperado catching up, que permita actualizar la infraestructura y, al mismo tiempo, sacar mayor partido a cuantiosos recursos energéticos como los de Vaca Muerta, es a esta altura ineludible.
Nadie duda que, con cualquier presidente, Argentina deberá llevar a cabo reformas que exigirán, por supuesto, desmantelar muchas de las medidas proteccionistas y de las subvenciones que deterioraron sensiblemente el clima de negocios del país en los últimos años. Un proceso mucho más difícil que el uruguayo, habida cuenta de la inestabilidad política reciente, pero con incentivos nada despreciables para el inversor, considerando que el tamaño de la economía argentina trepó en 2014 a USD 927.000 millones, y ya nadie duda que el futuro gobierno, salvando los matices, será inexorablemente más business oriented que los anteriores.
Claro que, más allá de la tradición o la voluntad política de los países del Río de la Plata por actualizar su infraestructura, en tiempos en que Latinoamérica comienza a mostrar señales de enfriamiento económico, será finalmente el inversor quien tome la decisión. Pues como reza con lucidez el adagio anglosajón, “se puede llevar el caballo hasta el río, pero no se le puede obligar a tomar agua”. Será cuestión de saber cómo atraerlo a la orilla, para lo que, siguiendo el consejo de Piñera, habrá que levantarse muy temprano y perseverar. Para empezar.
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*Máster en Tributación y máster en Derecho Empresarial (Harvard Law School-Centro Europeo de Estudios Garrigues); doctor en derecho de la Universidad de Montevideo (N.1 del ranking), profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República y Director del Postgrado de Tributación Internacional de la Universidad de Montevideo. Dirige el suplemento Consultor Tributario en El Observador, con el apoyo de Thomson Reuters y es columnista de El Observador y otros medios de prensa.
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