El 6 de diciembre de 2018 se cumplieron 40 años del referendo por el cual el pueblo español aprobó la vigente Constitución de 1978. También ese 6 de diciembre de 2018 se cumplieron 20 años de la elección de Hugo Chávez como presidente de Venezuela, cuya principal oferta política fue una Asamblea Nacional Constituyente, que dictaría una nueva constitución. La paradoja que suponen esos aniversarios es una ocasión para recordar cómo una constitución es, entre otras cosas, un pacto social.
La Constitución española de 1978: un pacto luego de la guerra y la dictadura.
Después de la Guerra Civil y la dictadura franquista, los españoles entendieron que era necesario llegar a un consenso sobre los temas fundamentales de la vida social. Uno de los consensos fundamentales sería precisamente el vivir bajo un régimen democrático, del cual uno de los rasgos fundamentales sería el pluralismo.
Sin embargo, tales consensos requerían ser plasmados por escrito —por aquello de que los hombres somos olvidadizos—, en un proceso de acuerdos políticos, económicos, sociales y jurídicos, que darían lugar a una Constitución, la de 1978. Las distintas fuerzas políticas aprendieron que debían sugerir y exigir, pero también ceder y conceder. En un proceso realmente modélico de sabiduría política, las distintas fuerzas políticas construyeron una transición política exitosa, con la Constitución como centro de gravedad.
Naturalmente, con el pasar del tiempo en estos 40 años, en España se ha planteado la discusión sobre una reforma a la Constitución, pero sin que ello implique una ruptura de los consensos fundamentales en torno a la democracia, el respeto a los derechos y el pluralismo. Se ha entendido que una ruptura de los consensos fundamentales plasmados en la Constitución, puede traer de nuevo a los fantasmas del pasado.
La Constitución española de 1978 fue así testigo de cómo culminó el exitoso proceso de transición, tras el cual han gobernado partidos políticos de distinto signo. Durante este, se ha producido una enorme transformación socioeconómica en España e incluso se ha dado un proceso de sustitución en la Monarquía. El jurista español Eduardo García de Enterría titularía por ello uno de sus luminosos ensayos como "La Constitución española de 1978 como pacto social y como norma jurídica", para realzar precisamente ese carácter de pacto social, junto con el no menos importante de norma jurídica.
La constitución como pacto social
Una constitución solo será verdaderamente tal si en ella pueden encontrar cabida las aspiraciones de las distintas tendencias políticas, en torno a la democracia y el respeto a la libertad, igualdad y el resto de derechos fundamentales. Es precisamente en ese sentido que la constitución refleja un pacto social: se dejan por escrito allí los consensos clave, que forman así un pacto de convivencia. Por ello, una constitución genuina es un compromiso de la comunidad para procurar la concordia y buscar unos fines comunes, que permitan el desarrollo de las personas y de la propia sociedad.
Una constitución redactada por una sola facción política, para concentrar el poder o para discriminar unos ciudadanos de otros, por el contrario, no será reflejo de pacto social alguno. Menos lo será aquella que sea utilizada por el poder como un instrumento para la sumisión. La constitución, paradójicamente, puede ser un instrumento utilizado de forma perversa para la violación de los derechos de los ciudadanos.
La Constitución de 1999 en Venezuela: sin vigencia efectiva
Por eso es que el aniversario de la Constitución de España contrasta tanto con el aniversario de la elección presidencial del 6 de diciembre de 1998 en Venezuela. Hugo Chávez cumpliría su promesa de impulsar un proceso constituyente, pero el primer asunto a resolver sería que la Constitución de 1961 no preveía a la Asamblea Nacional Constituyente como instrumento para su derogación.
Ambiguas sentencias de la entonces Corte Suprema de Justicia, junto con la sagacidad política del recién electo presidente, abrieron la puerta a que se instalara esa Asamblea Nacional Constituyente al margen del texto de 1961. No solo se redactó de forma sectaria la Constitución de 1999, sino que se intervino a los poderes públicos que habían sido electos bajo el régimen de 1961. Aquellos polvos trajeron estos lodos.
¿Qué puede decirse sobre el proceso de desmantelamiento posterior que no haya sido dicho ya? Desde la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 se ha seguido un libreto político por 19 años: el vaciamiento de las instituciones de la democracia, utilizando irónicamente a las mismas instituciones de la democracia, pero de forma perversa.
Una Constitución que no era un pacto social no podía ser un valladar efectivo ante una política de control indiscriminado del Estado y de la sociedad. Al punto que hoy otra Asamblea Nacional Constituyente se entiende a sí misma como una instancia superior a la propia Constitución de 1999. Al día de hoy, en realidad, el país carece de una constitución que sea un pacto social, de convivencia, de acuerdos políticos. El célebre artículo 16 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 ya lo advertía:
“Toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes no tiene Constitución”.
La paradoja en estos aniversarios se hace aún más patente cuando hoy se compara la vida social en España con el drama venezolano. Es imposible que un país pueda ofrecer a sus ciudadanos un mínimo de bienestar si no hay un consenso mínimo que lo sustente. Un pacto social es la base para unas condiciones socioeconómicas mínimamente dignas. Pero esta era una lección que bien pudimos ahorrarnos los venezolanos.
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