Instituciones forestales: hacia el manejo sostenible de bosques tropicales

El Amazonas es considerado el bosque tropical más extenso del mundo. Dicha región del continente está compuesta en parte por la Amazonía peruana - que representa más del 60% de nuestro territorio nacional - y alberga el noveno bosque más amplio del planeta (el cuarto más grande de bosques tropicales).

En países como el Perú - con una vasta superficie boscosa - el desarrollo de políticas sostenibles de los recursos forestales, constituye una tarea clave para que la población pueda gozar de los beneficios sociales y económicos de la explotación sostenible de los bosques.

En esa misma línea, el pasado 2 de diciembre culminó en Lima el 53° Período de Sesiones del Consejo Internacional de las Maderas Tropicales. Dicho órgano rige la Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT), de la cual Perú forma parte. El evento agrupó a 73 países miembros entre productores y consumidores. Éstos miembros representan el 90% del comercio mundial de la madera tropical. Persiguen el fin de fomentar la cooperación internacional en el desarrollo de políticas de aprovechamiento sostenible de bosques tropicales, además de la comercialización de madera extraída de manera sustentable.

Es innegable que la participación del Perú en la OIMT ha sido un elemento clave para fomentar la protección de bosques tropicales y el financiamiento de proyectos forestales durante las últimas décadas en el país. No obstante, si las propuestas planteadas para el desarrollo del sector no vienen acompañadas de un fortalecimiento de las instituciones que lo regulan, será improbable que encontremos una solución a los problemas que aquejan a nuestra selva.

Como se sabe, muchas zonas del Amazonas peruano vienen siendo sistemáticamente perjudicadas por el desarrollo de actividades ilícitas que causan la deforestación, la degradación de los suelos y el comercio ilegal de recursos forestales. Lidiar con estos problemas requiere, no solo de una normativa adecuada, sino también de instituciones sólidas, con competencias regladas que puedan ejercer sus funciones en el marco regulatorio.

En los últimos años hemos podido observar una serie de avances en relación con la regulación forestal. En efecto, el gobierno ha venido aprobando un marco normativo para el desarrollo del sector que incluye una gran cantidad de leyes. A pesar de lo anterior, en la práctica vemos que ciertas autoridades vienen adjudicándose competencias indebidamente en torno a la interpretación y aplicación de normas forestales. Ésto está generando una situación de inseguridad jurídica, que termina repercutiendo en las actividades de aprovechamiento sostenible de nuestros bosques tropicales.

Ya sea para el reconocimiento de un beneficio aduanero y/o tributario, durante la fiscalización de una exportación, para el control terrestre de un producto forestal, o para la acreditación del origen legal de productos forestales al momento de su exportación, ciertas autoridades gubernamentales han ejercido competencias que no le corresponden. Dichas competencias debieron ser ejercidas por el Serfor - en su calidad de autoridad nacional en materia forestal - o por el Osinfor, tratándose de la supervisión y fiscalización de títulos habilitantes. 

Fotolia

La situación anterior, lejos de solucionar los problemas del sector, ha puesto una trampa al desarrollo de nuestra incipiente industria forestal. La confusión en el ejercicio de roles entre las autoridades administrativas ha contribuido a generar irregularidades, retrasos y costes, los cuales nos colocan en una situación de desventaja competitiva en relación a otros países vecinos.

El claro ejemplo de un país que nos lleva una amplia ventaja en la materia es Chile. Los chilenos han sabido sacar adelante una industria forestal formal. Lo han hecho a través de un marco regulatorio claro y con una serie de acciones orientadas a impulsar el cultivo de plantaciones. Lo anterior, sumado a un adecuado respeto a sus instituciones, ha resultado ser una fórmula exitosa. Solo en el 2016 le permitió exportar 6.500 millones de dólares americanos en productos maderables, a pesar de no contar con nuestra biodiversidad ni con las bondades de nuestro clima, que benefician el crecimiento más rápido de los árboles en los bosques.

El primer paso para alcanzar el desarrollo de una industria formal en el Perú, que propicie el aprovechamiento sostenible y la puesta en valor de bosques tropicales, pasa por fomentar el respeto a las instituciones creadas por nuestro sistema normativo. En ese sentido, es necesario que pueda plantearse una agenda de coordinación para el cumplimiento de metas concretas en el interior del sector, clarificándose los roles y la participación de los actores gubernamentales en asuntos forestales. El fortalecimiento y control de las funciones de los gobiernos regionales y la dotación de fondos para autoridades claves como son el Serfor y el Osinfor, también jugarán un papel importante en la consolidación del sector.

La iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas en relación con la instalación de las mesas ejecutivas forestales para elevar la competitividad productiva del Perú, y así eliminar los “cuellos de botella” administrativos que impiden el despegue del sector forestal, son un avance positivo para la industria. Se espera que a través de dicha propuesta, las instituciones puedan trabajar con el sector privado en aquellos aspectos que requieren refuerzo para propiciar mejores condiciones.

Esperamos que iniciativas como las mesas forestales sirvan para identificar y reforzar las debilidades institucionales con el fin de que, en un futuro cercano, lleguemos a explotar de manera sostenible el verdadero potencial de nuestros bosques tropicales.

Una versión de este artículo fue publicada en la revista Enfoque Derecho.