En octubre de 2016, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del Gobierno Federal de los Estados Unidos de América estableció una regla de privacidad, cuya vigencia no se inició efectivamente, que obligaría a las proveedoras de Internet, ya sea una compañía de cable o de telefonía celular, a contactar a un consumidor antes de vender su historial de búsquedas en Internet, uso de aplicaciones o ubicación a un tercero. Hasta ese momento, los proveedores de Internet comercializaban esa información si recibían permiso de los clientes. La regulación de la FCC, además, obligaría al promulgarse a los proveedores a informar a los consumidores qué tipo de datos recaba sobre ellos y con quién los comparten. Las empresas también deberían informar en el caso de que sus datos estuvieran en peligro y necesitaban un permiso especial para registrar datos específicos como los historiales de navegación. Estos deberes no se extendían, sin embargo, a la actividad de las usinas de búsqueda como Google o redes sociales como Facebook. La medida, cuyos efectos sin embargo no se producirían de inmediato, fue saludada como un refuerzo al respeto de la privacidad de la data de los usuarios. No todos, sin embargo, estaban felices.
El Senado y la Cámara de Representantes aprobaron, entre la semana pasada y este martes 27 de marzo, la abrogación de la norma de 2016- que en realidad nunca entró en vigor. Al hacerlo, los legisladores argumentaron que "la orden de privacidad de la FCC dificulta el que los consumidores conocieran sobre productos nuevos de parte de sus proveedores de Internet". Por otra parte, las proveedoras de Internet tampoco estaban satisfechas con la resolución de la FCC, porque consideraron las reglas demasiado estrictas y ventajosas para empresas como Facebook y Google, que pueden vender publicidad relacionada a los datos de sus usuarios, en detrimento de los proveedores de acceso como AT&T, Comcast y Verizon.
Sin embargo, este punto merece alguna reflexión. No es lo mismo navegar en una red social como Facebook o Twitter, donde los usuarios pueden optar por aplicar más herramientas de privacidad, o en Google, donde incluso pueden navegar de forma incógnita, que utilizar los servicios de un proveedor de acceso a Internet. Incluso, en el primer supuesto, también pueden optar por limitar su actividad en determinadas usinas o redes sociales. No ocurre exactamente lo mismo con el acceso a Internet. No hay herramientas que aseguran una mejor protección de la privacidad a mano para el usuario, ni existe la posibilidad real de decidir voluntariamente no acceder a Internet. En este último caso, se trata hoy en día de una necesidad, incluso una considerada un derecho elemental. Por esta razón, las reglas son más estrictas para las proveedoras de Internet que además, recolectan y almacenan mucha más información de los usuarios que Facebook y Google. Por otra parte, no existen tantos proveedores como para poder elegirlos, circunstancia que los ponen en una situación dominante sobre el consumidor. Se me ocurre que estas diferencias ameritaban un tratamiento más cuidadoso de dos situaciones diferentes.
También resulta conveniente tomarnos un momento para recordar qué información podrán vender las proveedoras: nada menos que el historial de navegación, que puede revelar creencias religiosas, pertenencias políticas, orientaciones sexuales, estado de salud o informaciones geográficas de los usuarios- en tiempo real. "Estas informaciones figuran entre las más íntimas de la vida de una persona. Los consumidores deben poder controlar qué hacen las empresas con ellas", opina Natasha Duarte, del Center for Democracy and Technology. En la misma línea, el director ejecutivo del Centro para la Democracia Digital, Jeffrey Chester, le dijo a The Washington Post que con este proyecto "los estadounidenses no estarán nunca a salvo de tener sus datos personales sigilosamente examinados y vendidos al mejor postor".
Otro reparo podría ser la velocidad con la que se tomó la decisión, sin debate ni audiencias en los comités del Congreso, una herramienta eficiente a la hora de explicar y fundar posiciones opuestas. Ello impidió que los expertos pudieran testimoniar- todo ocurrió en menos de un mes. Quizás hubiese sido preferible un amplio debate, donde las diferencias entre proveedores de acceso a Internet y las demás empresas relacionadas con la actividad fueron explicadas y en el cual se hubiera examinando cuáles son las herramientas que de verdad tiene el usuario para proteger su privacidad en una y otras. El tema era lo suficientemente serio como para tomar un tiempo de reflexión.
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