Fecha de publicación: 10/12/2015
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Hace apenas un año Guatemala se encontraba en la víspera de un año electoral y nadie dudaba quién sería el ganador. Sin embargo, el candidato que todos vaticinaban resultaría vencedor, Manuel Baldizón, salió de la carrera tras la primera ronda, y al final la presidencia quedó en manos de Jimmy Morales, quien ganó ambas rondas robustamente.
Fue un año interesante desde el punto de vista político.
El entonces presidente saliente, Otto Pérez Molina, y su vicepresidenta, Roxana Baldetti Elías, se vieron forzados a renunciar antes de concluir sus mandatos, cuando se les retiró el derecho de antejuicio o inmunidad por el Congreso de la República de Guatemala, ante acusaciones de estar involucrados en una red de corrupción aduanera. Hoy día, ambos se encuentran guardando prisión preventiva y ligados a proceso penal.
Por más dramático que todo esto suene, los cambios drásticos y sin precedentes que ha enfrentado Guatemala en los últimos meses, constituyen esperanzadores avances hacia el fortalecimiento institucional de nuestro país con un claro y contundente mensaje de la sociedad civil guatemalteca. Y muy especialmente de los jóvenes universitarios de la gran mayoría de universidades del país (incluyendo la universidad estatal), quienes jugaron un rol preponderante en todos estos acontecimientos, y que se mostraron decididos y dispuestos a asumir un papel mucho más activo y exigente con las autoridades del país. Todo lo cual sucedió en forma pacífica y espontánea, organizados esencialmente a través de las redes sociales.
Es cierto, la ciudadanía no estuvo sola. Detrás estuvo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), al mando de su comisionado, el fiscal colombiano Iván Velázquez, que de la mano con el Ministerio Público de Guatemala, dieron durísimos golpes a redes criminales, incluyendo la que terminó causando la dimisión del presidente y vicepresidenta. Tan solo un año antes, me atrevo a decir, muchos habrían apostado que el mandato de la CICIG no hubiese sido renovado, pero en esto también resultaríamos equivocados.
La Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala firmaron el Acuerdo relativo a la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el 12 de diciembre de 2006, y que fue ratificado por el Congreso de la República de Guatemala, en mayo de 2007, y se ha prorrogado 3 veces a solicitud de Guatemala. Su mandato consiste en forma muy resumida en: (i) investigar cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos; (ii) colaborar con la desarticulación de estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos; y (iii) hacer recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a los mismos fines.
Una institución única en el mundo, que hoy otros países vecinos están considerando implementar a partir de los acontecimientos que se han suscitado en Guatemala en estos últimos meses. Desde luego, a nadie gusta la idea de necesitar una CICIG y para algunos su mera presencia resulta hasta ofensiva y denigrante.
Con todo esto, se sigue estimando que el crecimiento del producto interno bruto de Guatemala para el año 2015 termine en alrededor de 4%, por arriba de los países vecinos. La política macroeconómica se ha manejado en forma muy disciplinada, sana y estable durante las últimas dos décadas. Siendo la economía más grande de Centroamérica, Guatemala se perfila como una excelente opción para recibir inversión extranjera. No hay controles cambiarios y no existen restricciones al capital o inversión extranjeros. Cuenta con una banca moderna, adecuadamente regulada y supervisada por la Superintendencia de Bancos de Guatemala.
En los últimos años varios grupos empresariales originados en Guatemala han buscado crecer sus horizontes dentro del territorio y en otros países, especialmente -pero no solamente- en otros países de Latinoamérica, a través de la adquisición de otras empresas o con la participación conjunta con otros empresarios. Esto ha generado mucho trabajo transaccional de compras y adquisiciones.
Con el crecimiento de las empresas basadas en Guatemala, también se ha incrementado sus necesidades de financiamiento, lo que ha generado varias emisiones de deuda en los mercados de capital tradicionales. El mercado de capitales local es aún muy incipiente, pero se están dando las condiciones para que empiece a desarrollarse.
A partir de compromisos adquiridos por Guatemala con la Unión Europea, durante el año 2016 se deberá aprobar una Ley de Competencia, lo cual también cambiará sustancialmente el ambiente regulatorio de las empresas que operan en Guatemala, pues era el único país de la región que no contaba con una.
Con todo esto, durante los próximos meses y años Guatemala debería seguir avanzando en su fortalecimiento institucional. Es previsible que la sociedad civil siga involucrada en la lucha contra la corrupción, pues a partir de los logros de este año, se siente empoderada. Se visualizan también importantes cambios legislativos para prevenir la corrupción, tales como la Ley de Compras y Contrataciones que recientemente sufrió reformas muy relevantes (aún pendiente de aprobación por el Ejecutivo y de publicación en el Diario Oficial).
Los abogados no pueden permanecer ajenos a estos cambios profundos que se están presentando. A fin de cuentas, el fortalecimiento institucional y del Estado de Derecho guatemalteco es beneficioso no solo para la población en general sino, especialmente, para quienes buscan ejercer el derecho en forma correcta. Los miembros del foro deberán mantenerse atentos y vigilantes a estos cambios. También será importante seguir de cerca los casos paradigmáticos contra la corrupción que han sido planteados con el apoyo de la CICIG –y los que puedan venir-, pues el debido proceso y la finalización de estos casos será lo que en definitiva traslade un mensaje de verdadero fortalecimiento de nuestro sistema de justicia.
Fue un año interesante desde el punto de vista político.
El entonces presidente saliente, Otto Pérez Molina, y su vicepresidenta, Roxana Baldetti Elías, se vieron forzados a renunciar antes de concluir sus mandatos, cuando se les retiró el derecho de antejuicio o inmunidad por el Congreso de la República de Guatemala, ante acusaciones de estar involucrados en una red de corrupción aduanera. Hoy día, ambos se encuentran guardando prisión preventiva y ligados a proceso penal.
Por más dramático que todo esto suene, los cambios drásticos y sin precedentes que ha enfrentado Guatemala en los últimos meses, constituyen esperanzadores avances hacia el fortalecimiento institucional de nuestro país con un claro y contundente mensaje de la sociedad civil guatemalteca. Y muy especialmente de los jóvenes universitarios de la gran mayoría de universidades del país (incluyendo la universidad estatal), quienes jugaron un rol preponderante en todos estos acontecimientos, y que se mostraron decididos y dispuestos a asumir un papel mucho más activo y exigente con las autoridades del país. Todo lo cual sucedió en forma pacífica y espontánea, organizados esencialmente a través de las redes sociales.
Es cierto, la ciudadanía no estuvo sola. Detrás estuvo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), al mando de su comisionado, el fiscal colombiano Iván Velázquez, que de la mano con el Ministerio Público de Guatemala, dieron durísimos golpes a redes criminales, incluyendo la que terminó causando la dimisión del presidente y vicepresidenta. Tan solo un año antes, me atrevo a decir, muchos habrían apostado que el mandato de la CICIG no hubiese sido renovado, pero en esto también resultaríamos equivocados.
La Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala firmaron el Acuerdo relativo a la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el 12 de diciembre de 2006, y que fue ratificado por el Congreso de la República de Guatemala, en mayo de 2007, y se ha prorrogado 3 veces a solicitud de Guatemala. Su mandato consiste en forma muy resumida en: (i) investigar cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos; (ii) colaborar con la desarticulación de estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos; y (iii) hacer recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a los mismos fines.
Una institución única en el mundo, que hoy otros países vecinos están considerando implementar a partir de los acontecimientos que se han suscitado en Guatemala en estos últimos meses. Desde luego, a nadie gusta la idea de necesitar una CICIG y para algunos su mera presencia resulta hasta ofensiva y denigrante.
Con todo esto, se sigue estimando que el crecimiento del producto interno bruto de Guatemala para el año 2015 termine en alrededor de 4%, por arriba de los países vecinos. La política macroeconómica se ha manejado en forma muy disciplinada, sana y estable durante las últimas dos décadas. Siendo la economía más grande de Centroamérica, Guatemala se perfila como una excelente opción para recibir inversión extranjera. No hay controles cambiarios y no existen restricciones al capital o inversión extranjeros. Cuenta con una banca moderna, adecuadamente regulada y supervisada por la Superintendencia de Bancos de Guatemala.
En los últimos años varios grupos empresariales originados en Guatemala han buscado crecer sus horizontes dentro del territorio y en otros países, especialmente -pero no solamente- en otros países de Latinoamérica, a través de la adquisición de otras empresas o con la participación conjunta con otros empresarios. Esto ha generado mucho trabajo transaccional de compras y adquisiciones.
Con el crecimiento de las empresas basadas en Guatemala, también se ha incrementado sus necesidades de financiamiento, lo que ha generado varias emisiones de deuda en los mercados de capital tradicionales. El mercado de capitales local es aún muy incipiente, pero se están dando las condiciones para que empiece a desarrollarse.
A partir de compromisos adquiridos por Guatemala con la Unión Europea, durante el año 2016 se deberá aprobar una Ley de Competencia, lo cual también cambiará sustancialmente el ambiente regulatorio de las empresas que operan en Guatemala, pues era el único país de la región que no contaba con una.
Con todo esto, durante los próximos meses y años Guatemala debería seguir avanzando en su fortalecimiento institucional. Es previsible que la sociedad civil siga involucrada en la lucha contra la corrupción, pues a partir de los logros de este año, se siente empoderada. Se visualizan también importantes cambios legislativos para prevenir la corrupción, tales como la Ley de Compras y Contrataciones que recientemente sufrió reformas muy relevantes (aún pendiente de aprobación por el Ejecutivo y de publicación en el Diario Oficial).
Los abogados no pueden permanecer ajenos a estos cambios profundos que se están presentando. A fin de cuentas, el fortalecimiento institucional y del Estado de Derecho guatemalteco es beneficioso no solo para la población en general sino, especialmente, para quienes buscan ejercer el derecho en forma correcta. Los miembros del foro deberán mantenerse atentos y vigilantes a estos cambios. También será importante seguir de cerca los casos paradigmáticos contra la corrupción que han sido planteados con el apoyo de la CICIG –y los que puedan venir-, pues el debido proceso y la finalización de estos casos será lo que en definitiva traslade un mensaje de verdadero fortalecimiento de nuestro sistema de justicia.
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