El Perú tiene una gran brecha que cerrar en lo que a inversión de proyectos se refiere. Se estima que tiene una necesidad de infraestructura de aproximadamente USD 160.000 millones según reportes de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada en Perú (ProInversión).
Esta necesidad se extiende a distintos sectores, entre los que se incluyen transportes, saneamiento, electricidad, gas natural, minería y telecomunicaciones.
El país —a través de ProInversión— ha sido bastante activo en la promoción de los proyectos que se encuentran disponibles. De estos, 20 fueron expuestos en Londres, Suiza y París durante el 2018 en diversos eventos, incluyendo A bright future – Peru’s PPP outlook 2018.
Moody's ha señalado al respecto que la inversión en infraestructura impulsará el crecimiento y la competitividad del Perú, lo cual es indispensable para cumplir con las necesidades internas del país. Estos proyectos han sido estructurados con base en las asociaciones público-privadas (APP), que ya demostraron en distintas ocasiones ser bastante exitosas para atraer nuevas inversiones a los mercados emergentes.
Es en el proceso de estructuración donde se evalúa cuál es el tipo de apalancamiento óptimo y tipo de financiamiento de proyecto (project finance) más adecuado. Las partes analizan la implementación de estructuras —como el financiamiento de proyecto— que son más comunes en financiamientos a largo plazo y que requieren de una gran inversión, difiriendo así del tradicional bancario.
El project finance tiene sus bases en la capacidad del proyecto para generar flujos de caja que sean estables y predecibles. Una de las modalidades de financiamiento —que además proporciona acceso a los mercados internacionales— se refiere a los bonos de proyecto o infraestructura, mecanismo de titularización de los derechos irrevocables, incondicionales y transferibles de los pagos diferidos para la recuperación de la inversión en infraestructura. Perú implantó este tipo de estructuras en el año 2006 con la implementación de los Certificados de Reconocimiento de Derechos del Pago Anual por Obras (CRPAO) y de las Retribuciones por Inversiones según Certificado de Avance de Obras (RPICAO).
Uno de los criterios claves para evaluar los riesgos legales y la calidad crediticia de este tipo de transacciones se refiere al análisis del aislamiento de los activos de la sociedad con propósito especial (SPE) y a la insolvencia remota.
Con la finalidad de mitigar el riesgo de insolvencia, se incorporan mecanismos como (i) las estipulaciones de recurso limitado y (ii) la restricción de solicitud de bancarrota.
Dado que todos los acreedores tienen roles identificados, se puede acordar contractualmente el límite de sus derechos y tener recurso solamente en contra de los activos del SPE para el pago de dichas cantidades adeudadas, así como comprometerse a no solicitar el inicio de proceso de bancarrota u otro proceso de insolvencia por el adeudo a sus acreedores.
Estos principios, que son fundamentales para la insolvencia remota del SPE, están consagrados en la legislación societaria de las Islas Caimán. Dicha jurisdicción es la única que ha incorporado estos mecanismos directamente en su legislación, otorgando derechos estatutarios que son reconocidos y exigibles ante sus tribunales y dando así certidumbre jurídica y protección a todas las partes involucradas.
Las Islas Caimán se han posicionado así como la jurisdicción líder para el establecimiento de una SPE. Cuenta con una legislación flexible para establecer el tipo de estructura que se requiera adoptar, ya sea huérfana o no y, dependiendo de los distintos factores fiscales, comerciales o estructurales requeridas para cada SPE.
Las Islas Caimán están ubicadas en el Caribe (justo al sur de Cuba) y son un territorio británico de Ultramar con un sistema jurídico sólido basado en el derecho anglosajón, cuya última instancia de apelación es el Privy Council en Londres. Cuenta con estabilidad política y económica, además de la más alta calificación de crédito soberano (Aa3) por Moody's. Tiene también una plataforma tributaria neutral sin control de cambios o restricciones de transferencia de capital al extranjero.
El territorio se estableció como uno de los centros financieros más importantes del mundo a partir de los años 70 al ser la primera jurisdicción offshore en cumplir con todos los estándares internacionales respecto a antilavado de dinero y transparencia fiscal.
Asimismo, fue pionera en aplicar el Estándar Común de Comunicación de Información (CRS, por sus siglas en inglés) para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras.
Es por todo lo anterior que varios proyectos de infraestructura (como el de la línea 2 del Metro de Lima y el de la planta de tratamiento de aguas residuales Taboada) han recurrido a las Islas Caimán. Quizás, nuevamente, este sea el vehículo de ayuda en los nuevos proyectos de infraestructura que requiere el Perú y que se prevén en un futuro.
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