Fecha de publicación: 17/04/2016
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Cada voto se sentía como un clavo más en la tapa del ataúd del legado político de Lula da Silva. La sesión por medio de la cual la Cámara de Diputados del Congreso de Brasil confirmó el impeachment a la presidenta Dilma Rousseff transcurrió lentamente. No podía ser de otra manera. Cada representante daba un breve discurso para acompañar su voto. Quienes votaron “sim” se apoyaban en la palabra “justicia,” a diferencia de los que se decantaron por el "não” que insistían en la muletilla “democracia.” Hubo abucheos, vitores, insultos, e incluso un breve y tenso episodio en el que el diputado Jean Wyllys escupió al conservador Jair Bolsonaro. Pero aparte de esto, no hubo mayor sorpresa. Se esperaba que la moción fuera aprobada, y así ocurrió: con 367 votos a favor y 137 en contra (7 abstenciones).
Ahora la decisión que podría despojar a Rousseff de la presidencia mientras es investigada, queda en manos del Senado.
Más allá de Dilma y el legado de Lula, si la presidenta es removida de su cargo, este sería un nuevo golpe (si no el mortal) a la coalición de presidentes que, bajo pretextos de luchas sociales e igualdad que facilitan las ideologías de izquierda, se hicieron del poder en Sur América y despilfarraron uno de los booms económicos más grandes que ha visto la región.
Así, el poder ejecutivo brasileño seguiría la suerte de Cristina Kirchner en Argentina, y del parlamento chavista en Venezuela, y de las pretensiones de perpetuidad de la presidencia de Evo Morales en Bolivia. Así como hace 17 años la tendencia en la región fue la de cuadrarse detrás de “hombres fuertes,” ahora, en tiempos de vacas flacas, pareciera que una epidemia de sentido común ha generado un impulso que busca desmantelar estos regímenes pseudo-autocráticos y desvelar las redes de corrupción que los mantenían en funcionamiento.
La tendencia regional es a cambiar la forma como se han hecho negocios en nuestros países desde el siglo pasado. Y esta lectura la tienen que entender claramente las autoridades del sistema de justicia brasileño, y las personas que vayan a conformar un muy posible nuevo gobierno. Si bien el impeachment a Dilma es palpable como un paso en la dirección correcta, también es cierto que la remoción de un presidente es una prueba de fuego para las instituciones de un país.
Esa manera de hacer negocios, presta a los favores y la corrupción, tan típica en Venezuela, Argentina, y Brasil, ha sido el modus vivendi de muchos políticos en nuestros países. Como es bien sabido, algunos de los diputados que votaron a favor del impeachment a la presidenta Rousseff han sido investigados o señalados por estar implicados en escándalos de corrupción o malversación de fondos. Así, la depuración del sistema tiene que ser uniforme.
Si se están llevando a cabo investigaciones y procesos por actos de corrupción que trascienden a las parcialidades políticas, no puede haber tratos especiales. De lo contrario, corren el riesgo de exponerse al germen de la antipolítica. En momentos tan delicados como el que atraviesa Brasil, la ciudadanía es especialmente susceptible de perder confianza en el sistema, y a buscar alternativas que perciben como frescas y diferentes, pero que en realidad son parte del mismo ciclo del cual están tratando de salir.
La antipolítica es terreno fértil para el caudillismo.
Ahora la decisión que podría despojar a Rousseff de la presidencia mientras es investigada, queda en manos del Senado.
Más allá de Dilma y el legado de Lula, si la presidenta es removida de su cargo, este sería un nuevo golpe (si no el mortal) a la coalición de presidentes que, bajo pretextos de luchas sociales e igualdad que facilitan las ideologías de izquierda, se hicieron del poder en Sur América y despilfarraron uno de los booms económicos más grandes que ha visto la región.
Así, el poder ejecutivo brasileño seguiría la suerte de Cristina Kirchner en Argentina, y del parlamento chavista en Venezuela, y de las pretensiones de perpetuidad de la presidencia de Evo Morales en Bolivia. Así como hace 17 años la tendencia en la región fue la de cuadrarse detrás de “hombres fuertes,” ahora, en tiempos de vacas flacas, pareciera que una epidemia de sentido común ha generado un impulso que busca desmantelar estos regímenes pseudo-autocráticos y desvelar las redes de corrupción que los mantenían en funcionamiento.
La tendencia regional es a cambiar la forma como se han hecho negocios en nuestros países desde el siglo pasado. Y esta lectura la tienen que entender claramente las autoridades del sistema de justicia brasileño, y las personas que vayan a conformar un muy posible nuevo gobierno. Si bien el impeachment a Dilma es palpable como un paso en la dirección correcta, también es cierto que la remoción de un presidente es una prueba de fuego para las instituciones de un país.
Esa manera de hacer negocios, presta a los favores y la corrupción, tan típica en Venezuela, Argentina, y Brasil, ha sido el modus vivendi de muchos políticos en nuestros países. Como es bien sabido, algunos de los diputados que votaron a favor del impeachment a la presidenta Rousseff han sido investigados o señalados por estar implicados en escándalos de corrupción o malversación de fondos. Así, la depuración del sistema tiene que ser uniforme.
Si se están llevando a cabo investigaciones y procesos por actos de corrupción que trascienden a las parcialidades políticas, no puede haber tratos especiales. De lo contrario, corren el riesgo de exponerse al germen de la antipolítica. En momentos tan delicados como el que atraviesa Brasil, la ciudadanía es especialmente susceptible de perder confianza en el sistema, y a buscar alternativas que perciben como frescas y diferentes, pero que en realidad son parte del mismo ciclo del cual están tratando de salir.
La antipolítica es terreno fértil para el caudillismo.
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