Luego de más de quince años de haberse presentado el primer proyecto, el Congreso de Guatemala se encuentra en la fase final de aprobación de una Ley de Competencia para el país, que surge del compromiso adquirido por medio del Tratado de Libre Asociación firmado entre las Repúblicas de Centroamérica y la Unión Europea.
Aún a la fecha, la legislación de Guatemala regula la competencia única y exclusivamente: a) mediante figuras de competencia desleal, tanto en el comercio como en materia de propiedad industrial; b) a través de un artículo del Código de Comercio que establecía la obligación de no diferenciar precios ofrecidos a las distintas categorías de consumidores, y c) con algunas disposiciones del Código Penal que establecen ciertas penas a prácticas que tienen que ver con la materia.
La ley propuesta contiene, aunque en forma ambigua y poco técnica, los aspectos fundamentales de una ley de competencia tales como: aspectos regulatorios de posición de dominio; autorización de fusiones y adquisiciones; regulación de insumos esenciales; regla per se y sistema de evaluación de la razón; y un sistema sancionatorio. Además, crea una Superintendencia de Competencia con un Directorio, pero con potencial interferencia política a un órgano que por su naturaleza debe de ser técnico.
Uno de los desafíos fundamentales que la ley en Guatemala no resuelve es la protección a la propiedad industrial, que por su naturaleza es exclusiva y creadora de preferencias, y su necesario balance debe ir acorde con las prácticas competitivas. La legislación propuesta contiene una vaga exclusión derivada de normas y compromisos adquiridos por tratados internacionales, pero sin hacer referencia expresa a aspectos de propiedad intelectual.
Esto deja un tema sumamente importante sin solución legislativa. La propuesta de ley deja también pendiente por resolver la relación necesaria entre órganos reguladores técnicos en materia bancaria, eléctrica, de telecomunicaciones y salud con la Autoridad de Competencia.
Finalmente, el proyecto presenta disposiciones que se debaten entre una regulación necesaria para otorgar acceso equivalente al mercado a todos los oferentes y demandantes, y aspectos de intervención del Estado en el mercado.
Al hacer un estudio comparativo de la ley con sistemas de regulación de competencia en otros países, encontramos que las materias reguladas son similares. Sin embargo, la claridad, procedimientos y sanciones, tienen una regulación deficiente respecto a otros países de la región como Nicaragua, Honduras, El Salvador y México.
En síntesis, la propuesta de regulación de competencia, si bien es cierto que busca que Guatemala alcance los avances de otros países de la región, lo pretende hacer en una forma apresurada (por existir un compromiso que tenía vencimiento) e inferior en calidad que la legislación existente en otras jurisdicciones.
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