En una decisión ampliamente comentada de fecha 19 de abril de 2017, el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) sostuvo que la decisión de un árbitro de no revelar hechos que afectan su independencia e imparcialidad, impide la confirmación de la sentencia arbitral respectiva en Brasil, ya que viola el orden público.
El caso se originó por la venta de la compañía de caña de azúcar y etanol Ometto a la compañía española Abengoa. La compañía española comenzó procedimientos de arbitraje con el auspicio de CPI, básicamente por daños provocados por la presunta tergiversación del vendedor sobre la capacidad de trituración de uno de los molinos.
Un panel de tres árbitros ubicado en Nueva York falló a favor de Abengoa y le otorgó a la compañía española más de US$110 millones en daños.
Poco tiempo después de emitida la sentencia arbitral, se descubrió que el presidente del tribunal arbitral no reveló que su firma legal había recibido honorarios significativos de Abengoa en el transcurso del arbitraje. El presidente admitió que no realizó el procedimiento apropiado para verificar que no existían conflictos, pero negó tener conocimiento de la relación de su firma con Abengoa para el momento en que la sentencia fue emitida.
Ometto luego introdujo una moción para anular la sentencia ante la corte del Distrito Sur de Nueva York. Sin embargo, la corte federal no anuló la sentencia arbitral con el argumento de que el peticionario no demostró la existencia de parcialidad evidente bajo una interpretación más rigurosa de la Ley de Arbitraje Federal. El Segundo Circuito sostuvo esta decisión y el Supremo Tribunal rechazó oír el caso, a pesar de que el Noveno Circuito aplica una prueba distinta de parcialidad evidente para anular sentencias arbitrales en situaciones similares.
La última línea de defensa de Ometto sería ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ), el máximo tribunal en materia de derecho federal, y también responsable de eliminar decisiones extranjeras que violen principios fundamentales de la ley brasileña.
En lo que se refiere a sentencias arbitrales, el STJ tiene una clara posición en favor del arbitraje y suele confirmar decisiones extranjeras. El tribunal es apropiadamente moderado al estudiar los méritos de casos ya decididos por tribunales arbitrales ubicados en el exterior.
Sin embargo, el STJ no aprueba todas las decisiones presentadas para su confirmación. En consonancia con el Artículo V(2)(b) de la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, la Ley de Arbitraje de Brasil autoriza específicamente al STJ a negarse a confirmar sentencias que violen la política pública nacional. En otras palabras, las sentencias que violen principios fundamentales del marco legal brasileño no serán reconocidas por este país.
El STJ rechaza la mayor parte de las defensas de orden público como intentos indebidos de re-litigar el asunto. Es solo en esas raras circunstancias en las cuales los principios del marco legal de Brasil se ven amenazados, que el STJ interfiere. Ese fue exactamente el caso en la disputa entre Abengoa y Ometto, de acuerdo al STJ.
En una decisión con 8 votos a favor y 1 en contra, el STJ sostuvo que “la decisión del presidente de no revelar a todas las partes elementos objetivos que comprometen su imparcialidad e independencia bajo las leyes brasileñas impide la confirmación de las sentencias respectivas en este país”.
Además, el tribunal declaró que “considerando la naturaleza contractual del arbitraje, que resalta la relación de confianza entre las partes y el árbitro, la violación del deber de un árbitro de revelar cualquier circunstancia con el razonable potencial de poner en duda su imparcialidad e independencia impiden la confirmación de la sentencia arbitral en este país”.
La independencia e imparcialidad de los árbitros representa un requerimiento absoluto de todos los procedimientos arbitrales; son esenciales para el rol de árbitros judiciales y, como tal, representan un principio fundamental de arbitraje tanto en Brasil como a nivel internacional. Por esta razón, los árbitros tienen el deber de divulgar hechos que afecten su independencia e imparcialidad, y no hacerlo probablemente acarreará sanciones por cortes brasileñas, como indica la reciente decisión del STJ.
La decisión del caso Abengoa vs. Ometto parece sentar las pautas del papel del STJ durante los procedimientos de confirmación. El tribunal continuará ejerciendo moderación al estudiar defensas de política pública, como es su deber. Sin embargo, los magistrados de la capital de la nación están preparados para salvaguardar la integridad del proceso de arbitraje al “revocar únicamente aquellas acciones y efectos legales que sean absolutamente incompatibles con el sistema legal brasileño”.
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