Brasil es un país curioso. Pese a la magnitud y frecuencia de los casos de corrupción, esto no suele ser asunto de conversación en el día a día y, cuando lo es, el tema es etéreo y se suele cambiar rápido. “Hablemos de cosas buenas”, se suele escuchar.
Esto hace, aún más, impresionante el fenómeno que Brasil está viviendo. La decaída en los servicios públicos y las cifras de fondos públicos desviados —a políticos y partidos— consiguió un efecto impensable: indignar y politizar a la clase media brasileña, que acabó exigiendo en las calles y en las urnas el fin de la corrupción y la salida del Partido de los Trabajadores (PT) y aliados del gobierno.
Con ese despertar vino la moción de Dilma (apoyada por sus aliados ante la presión popular) y su brutal derrota en las últimas elecciones como candidata a senadora de Minas Gerais. Vino también la llegada a prisión del expresidente Lula, condenado desde abril a 12 años de prisión por corrupción y lavado de dinero.
Surgieron movimientos sin partidos políticos pero politizados como el Vem pra Rua (que busca informar y movilizar a la población en contra de la corrupción) y RenovaBR (que tiene como objetivo preparar a los nuevos líderes que ingresan en la política). Por último, llegó la elección del derechista y exmilitar, Jair Bolsonaro.
Bolsonaro asumió la presidencia en enero y recibió un Brasil marcado por una economía proteccionista y particularmente cerrada. Los altos aranceles y la burocracia entrampan y encarecen la inversión en el país, creando obstáculos a su crecimiento económico.
El estatismo brasileño también se manifiesta en los impuestos, donde la carga fiscal para hacer un negocio puede ascender al 68,4 % de todos los ingresos de la empresa. Los empresarios gastan 1.958 horas por año, es decir 81 días, para cumplir con sus obligaciones fiscales. En países desarrollados este tiempo suele ser de 179 horas.
Por si no fuese suficiente, las divisiones estatales de la república —que en EE.UU. generan una sana competencia entre estados por atraer negocios— en Brasil generan una multiplicación de impuestos y un infierno tributario.
La elección de Bolsonaro, no exenta de polémica, ha traído una esperanza de cambio a la gran mayoría de los brasileños. Ven en el Gobierno una fuente permanente de problemas, trabas y gastos, con una recaudación agresiva que no reporta ningún beneficio para la clase media. Bolsonaro prometió reducir el gasto público, cortó el número de ministerios —incluyendo la controversial eliminación del Ministerio del Trabajo— y nombró a equipos técnicos y apolíticos, además de a algunos militares. Estas medidas ya han agradado a la populación, con el apoyo de 3 de cada 4 brasileños, según CNI-Ibope.
Su programa de gobierno instala temas inéditos y necesarios para ordenar las cuentas fiscales: privatización de empresas estatales; prevalencia del contrato individual de trabajo sobre las leyes laborales; la reforma previsional; poner fin al proceso de reelección y disminuir el número de parlamentarios; la unificación de los impuestos; exención del impuesto sobre la renta a aquellos que ganan hasta cinco sueldos mínimos mensuales; reducción de las tarifas de la industria; y la apertura comercial gradual.
Aunque algunas de sus propuestas sean ambiciosas y muchas dependan del aval del Congreso, la luna de miel entre gobierno y opinión pública debería ayudar al presidente electo. En las últimas semanas de 2018, el equipo de transición en conjunto con el expresidente Michel Temer, corroboró estos objetivos liberales y antiburocráticos. Se firmó una medida provisoria, permitiendo que extranjeros retuvieran el 100 % de capital social de las compañías aéreas en el país; se oficializó la realización de licitaciones para 12 aeropuertos, cuatro puertos y una ferrovía para el primer semestre de 2019; y se sancionó el nuevo Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y Brasil, documento que promete posibilitar un real aumento del flujo comercial y, principalmente, facilitar la relación entre ambos países.
Hoy Brasil es el principal destino de las inversiones chilenas en el mundo. Chile ocupa en la actualidad la 6ª posición (cuando hace 10 años ocupaba la 25ª) entre los países con mayor ingreso bruto de inversiones extranjeras directas en el país, lo que representa un 3,9 % del flujo total.
El TLC genera un sinfín de oportunidades para que esa relación comercial se potencie e incremente. Además, proporcionará a Chile una inmejorable ventaja para entrar en condiciones favorables a uno de los países más cerrados del mundo, con un mercado de 208 millones de personas ávidas por nuevas tecnologías y emprendimientos.
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