OPINIÓN


Balance y perspectivas de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017

Uno de los sucesos político-institucionales más importantes ocurridos en Venezuela en el difícil año 2017, fue la convocatoria, elección, instalación y actuación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Contexto político de la Asamblea Nacional Constituyente

La ANC fue una de las respuestas políticas que, desde el Gobierno de Venezuela, se impulsó ante la crisis política derivada de las críticas de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, y de las protestas ciudadanas desde abril de este año

Hacia finales de marzo, la Sala Constitucional dictó las sentencias N° 155 y 156. Estas provocaron la reacción de la opinión pública nacional e internacional, y de Díaz, quien hasta ese momento era una funcionaria cercana ideológicamente al partido del Gobierno. 

Pixabay protestas

Las sentencias generaron una serie de protestas ciudadanas en Caracas, la capital de Venezuela, y en buena parte de las principales ciudades del interior del país. La respuesta política del Poder Ejecutivo se dio en dos frentes, como se señaló: por una parte, una feroz represión de los cuerpos de seguridad del Estado sobre los manifestantes; por la otra, la convocatoria por parte del Presidente de la República a una ANC al margen de lo dispuesto en la Constitución. 

La convocatoria a la ANC

Conforme con los artículos 348 y 349 de la Constitución venezolana, solo el pueblo mediante referendo puede convocar a una ANC, aunque al presidente de la República se le faculta para tener la iniciativa de pedir al órgano electoral que convoque esa consulta. Sin embargo, mediante el Decreto N° 2.830 el presidente Nicolás Maduro convocó directamente la ANC, lo cual resultó ser una violación a la Constitución. Por supuesto, esa nulidad afecta los actos dictados por la ANC. La elección de los miembros se realizó el 30 de julio, en medio de denuncias de fraude.

¿Qué decisiones dictó la ANC durante 2017?

La ANC se instaló el 4 de agosto y de inmediato comenzó a dictar decisiones. La primera decisión en ese sentido sería la remoción de la Fiscal General de la República y su sustitución por el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab. En los días siguientes a su instalación, acudieron ante la ANC diversas autoridades del Estado, como el Presidente de la República, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y los miembros del Consejo Nacional Electoral para “subordinarse” ante la ANC. La Asamblea ha dictado varias “leyes constitucionales”:

»Ley Constitucional que crea la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública: Del análisis de los objetivos de la Comisión, descritos en el artículo 3 de la ley Constitucional, se deduce claramente que el grupo pretende convertirse en un instrumento para la persecución política, dirigida a la investigación y sanción de actores políticos a los que se les pretenda imputar responsabilidades por hechos cometidos desde 1999 hasta el presente.

» Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia: En la Gaceta Oficial N° 41.274 del 8 de noviembre de 2017 se publicó la ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, que es, fundamentalmente, otro instrumento para la persecución política.

» Ley Constitucional de Precios Acordados: En la Gaceta Oficial N° 6.342 extraordinario de 22 de noviembre de 2017 fue publicada la ley Constitucional de Precios Acordados, que constituye otro instrumento más del control de precios vigente en Venezuela desde 2003.

» Ley de Presupuesto para el ejercicio económico-financiero 2018; ley especial de Endeudamiento Anual para el ejercicio económico-financiero 2018 y Plan Operativo Anual 2018: En la sesión del 30 de noviembre, la ANC aprobó estas leyes, que solo pueden ser dictadas por la Asamblea Nacional, de acuerdo con la Constitución de 1999 (Gaceta Oficial N° 41.293 de fecha 5 de diciembre de 2017).

La ANC y la juramentación de los gobernadores

Luego de que se anunciaran los resultados de la elección de gobernadores, celebrada el 15 de octubre, se planteaó ante la opinión pública la discusión sobre si los electos debían tomar posesión ante la ANC. Diversos voceros del Gobierno afirmaron que era requisito necesario para asumir sus cargos el que acudieran a la ANC a “juramentarse”. Los gobernadores electos que pertenecían al partido Acción Democrática acudieron ante la ANC para “juramentarse”. Por el contrario el elegido en el Estado Zulia por el partido Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, decidió no someterse a esa ilegítima exigencia de juramentarse y subordinarse ante la ANC.

Pero la ANC usurpó también otra competencia de la Asamblea Nacional, como es la de autorizar un proceso judicial en contra sus diputados. Dictó el “Acto Constituyente que autoriza la continuación del enjuiciamiento del ciudadano Freddy Alejandro Guevara Cortez”, lo cual supuso una violación del artículo 200 de la Constitución.

La ANC no ha comenzado a trabajar en un proyecto de Constitución. A pesar de que en algunos momentos algunos miembros han declarado que iniciarán los trabajos de redacción , en realidad la no han comenzado formalmente su principal misión.

¿Qué puede esperarse de la ANC durante 2018? 

Es razonable esperar que continúe como un instrumento de control político durante el año que viene sobre la oposición y sobre la actividad de las empresas. En todo caso, en 2018 en la ANC seguramente se discutirán leyes de contenido económico. Actualmente se discute por ejemplo una reforma a la ley de Inversiones Extranjeras.

La ANC fue la respuesta política que el Gobierno de Venezuela dio a la grave crisis que se generó con la crítica de la Fiscal Luisa Ortega Díaz a las actuaciones del TSJ y del propio Presidente Maduro, y a las protestas ciudadanas que en paralelo se iniciaron en buena parte de Venezuela. Pero hoy, luego de que el Gobierno haya logrado importantes victorias electorales, se mantiene como una amenaza. Seguramente en 2018 la ANC seguirá en el centro del análisis de la realidad venezolana.


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ARTICULO ESCRITO POR:

Carlos García Soto

Socio en Andrade, Weffe y García Abogados. Profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Central de Venezuela.

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