El Estado peruano extendió el contrato de la firma White & Case LLP para que lo represente en la disputa que sostiene con la empresa estadounidense Renco Group, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
White & Case LLP ha representado a Perú desde el inicio de la disputa, en 2011. El gobierno peruano también contrató ese año al Estudio Echecopar, en Lima.
En 2011, Renco Group presentó una demanda de arbitraje contra Perú ante el CIADI, por el cierre del complejo metalúrgico La Oroya debido a problemas ambientales. La empresa reclama una indemnización por USD 2.000 millones.
Según la compañía, el Gobierno peruano vulneró el artículo 10.5 del capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, que establece el trato justo y equitativo a los inversores, así como garantías de seguridad jurídica.
La empresa acusó al Gobierno de incumplir el compromiso de sanear los suelos de La Oroya, mientras que el Estado señaló que Doe Run Perú, filial de Renco Group, no destinó USD 150 millones para un plan de recuperación ambiental.
La operación se encuentra paralizada desde 2009 por la insolvencia financiera de Doe Run Perú. La incapacidad de la empresa de honrar sus deudas con proveedores desembocó en un concurso de acreedores.
Asesores:
En la oficina de White & Case en LLP en Washington, D.C., los socios Jonathan Hamilton, Andrea Menaker y Petr Polasek, y las asociadas Kristen Young y Estefanía San Juan.
En Estudio Echecopar, los socios Eduardo Ferrero Costa y Maricarmen Tovar Gil.
Renco Group contrató a King & Spalding LLP, con un equipo integrado por los socios Edward Kehoe, Guillermo Aguilar Álvarez, Henry Burnett y Caline Mouawad.
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