Venezuela y su gobierno han ocupado un amplio centimetraje desde hace varios años en los medios de comunicación, bien sea por un tema u otro. Sin embargo, la crisis económica y social que vive en los últimos tiempos, sumada a la tan criticada elección presidencial, solo ha aumentado la cobertura mediática sobre el país.
Pero no todos los temas discutidos sobre Venezuela se refieren a estos hechos pues son varias las aristas de la profunda crisis del país petrolero. Es precisamente el petróleo (o, mejor dicho, los activos que tienen que ver con esta industria) uno de los que más sonó durante este mes luego de que ConocoPhillips decidiera confiscar los activos –a esta fecha, parcialmente devueltos– de PDVSA (la estatal más importante del país caribeño) en las islas de Bonaire, Curazao, Aruba y San Eustaquio, como una medida para cobrar la compensación de USD 2.000 millones que la estatal debe pagarle a Conoco, luego de que la Cámara de Comercio Internacional (CCI) se los hubiera otorgado tras un laudo arbitral concluido en abril.
La movida de la tercera petrolera más importante de Estados Unidos apretó aún más el nudo económico que asfixia al gobierno de Nicolás Maduro (reelecto con más de 5 millones de votos), incapacitado para cancelar deudas vencidas de varios orígenes, lo que llevó al país a un default técnico desde finales de 2017.
La deuda que Venezuela tiene con Conoco nace de la demanda que esta empresa impuso ante la CCI por la nacionalización –forzada y unilateral- de la que fue objeto la compañía estadounidense en 2007, durante el gobierno de Hugo Chávez Frías.
La orden de la Corte permite retener temporalmente los activos de PDVSA (desde barriles de crudo hasta buques y plantas) en las Antillas Holandesas, lo que eventualmente le daría el poder de venderlos para cobrar finalmente la compensación.
A pesar de que la movida de Conoco estaba respaldada por un tribunal, esta fue repelida en parte por la Corte Conjunta de Justicia del Caribe holandés para que Bonaire y Curazao obtengan suficiente combustible y electricidad, bienes y servicio ofrecidos por Curoil, empresa local.
En un momento en el cual Venezuela se aferra a PDVSA, el embargo de Conoco suma un problema más a una industria debilitada por una baja en sus bombeos y venta de crudo, dependiente más que nunca del flujo de dinero que el petróleo pueda producir para la nación.
El hecho de que este arbitraje no permita a PDVSA abastecer con normalidad sus buques en Bonaire, San Eustaquio y Curazao ni atender sus despachos solo es una gota más en un barril ya rebosado.
En los procesos de ConocoPhillips contra Venezuela la asesoría legal se ha repartido entre Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Three Crowns, Kobre & Kim, BZSE y Soliana Bonapart & Aardenburg, por parte de la empresa estadounidense, y Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP y Spigt Dutch Caribbean, por parte del país suramericano.
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