El Departamento del Tesoro de Estados Unidos flexibilizó a finales de la semana pasada la orden ejecutiva del 21 de mayo que prohíbe a sus ciudadanos efectuar operaciones con PDVSA, lo que abrió la puerta a que los tenedores del Bono 2020 de Petróleos de Venezuela puedan reclamar el cobro de la garantía de 50 % sobre los mismos.
Esto significa que se podría embargar Citgo, que es el garante de dichos bonos en caso de que la petrolera incumpla el cronograma de pagos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Tesoro emitió la Licencia General N°5 que autorizó a los inversionistas estadounidenses a participar en todas las operaciones relacionadas con el Bono 2020, pero dejó por fuera cualquier operación con los demás bonos venezolanos, sancionados entre agosto de 2017 y mayo de este año.
Estos bonos son los únicos que no están en riesgo de default, ya que están garantizados con la única empresa petrolera que el gobierno de Nicolás Maduro ha protegido. La otra mitad de las acciones de Citgo sirven como colateral de un préstamo por USD 1.500 millones que Rosneft cedió a la petrolera en 2016.
Las probabilidades de que Venezuela no pague sus deudas son altas. Para marzo de este año, el país debía 1,3 millardos de dólares repartidos entre 13 bonos vencidos. Sin embargo, a lo largo del año se sumarían cuatro bonos más, que aumentarían la deuda a dos millardos.
A esto se añaden al menos 9 millardos de dólares por concepto de deuda externa. Por ahora, lo que queda claro es que los tenedores de bonos de PDVSA podrán ejecutar sus garantías si Venezuela incumple deudas por más de USD 100 millones.
European InterAmerican Finance LLC (Eurinam) (asesorado por Clifford Chance LLP) organizó a varios tenedores de deuda para negociar con el gobierno venezolano el pago de la deuda que PDVSA sostiene con ellos. La meta de Eurinam es manejar una cartera de al menos USD 2 millardos que le den ventaja a los inversionistas ante una posible negociación.
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