Puerto Rico informa a la ONU que EE.UU. está cambiando su postura ante autonomía de la isla
Fecha de publicación: 30/12/2015
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El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, envió una carta al secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, en la que informaba al representante de la Organización sobre un “cambio de postura” de Estados Unidos sobre la relación que sostiene con la isla como Estado Libre Asociado, en lo que respecta a su soberanía.
De acuerdo con García, Estados Unidos está desconociendo un acuerdo en el cual se había establecido que, aunque Puerto Rico es un estado asociado, se rige por su propia constitución. Así, denuncia el gobernador, que el procurador general de Estados Unidos, Donald Verrilli, indicó recientemente que la isla no es un ente soberano, y en consecuencia no puede procesar personas por un delito por el que ya fueron condenadas por un tribunal federal de Estados Unidos.
Esto viene a colación por un caso en el cual la nación latinoamericana lleva un juicio contra Luis M. Sánchez-Valle, quien ya fue procesado en EE.UU., y sobre cuyo procedimiento Verrilli dijo violaría las leyes de cosa juzgada ya que Puerto Rico no es una nación independiente.
Según lo expuesto en la carta de García Padilla, esto significa que “el procurador general de EE.UU. ha cambiado la postura sobre Puerto Rico asumida por décadas ante la comunidad internacional", además de que puede interpretarse que el funcionario norteamericano tiene la postura de que las leyes en la isla no emanan de un poder propio y popular sino del congreso estadounidense.
Para el gobernador puertorriqueño la postura del procurador es adversa a la jurisprudencia federal vigente. En su misiva recordó que Puerto Rico tiene “autoridad legislativa completa en materia de asuntos locales” y que las declaraciones de Verrilli son irreconciliables “con las expresiones hechas por Estados Unidos a las Naciones Unidas sobre las cuales esta entidad les relevó de sus obligaciones bajo el Artículo 73.”
En ese artículo, se lee en la carta, “los Estados Unidos (…) reconoció expresamente el principio de gobierno por consentimiento por lo que se ofreció a la gente de Puerto Rico un ‘pacto’ por el cual ‘el pueblo de Puerto Rico podrá organizar un gobierno en virtud de una constitución de su propia adopción’”.
García Padilla concluye su documento recalcando que la isla “cree que la reciente interpretación hecha por el Procurador General, a nombre de los Estados Unidos de América, es incorrecta y no debe prevalecer en la Corte Suprema. Sin embargo, a la luz de la suma importancia de este asunto cumplo mi deber ante el pueblo de Puerto Rico y la comunidad internacional al informar sobre este hecho.”
De acuerdo con García, Estados Unidos está desconociendo un acuerdo en el cual se había establecido que, aunque Puerto Rico es un estado asociado, se rige por su propia constitución. Así, denuncia el gobernador, que el procurador general de Estados Unidos, Donald Verrilli, indicó recientemente que la isla no es un ente soberano, y en consecuencia no puede procesar personas por un delito por el que ya fueron condenadas por un tribunal federal de Estados Unidos.
Esto viene a colación por un caso en el cual la nación latinoamericana lleva un juicio contra Luis M. Sánchez-Valle, quien ya fue procesado en EE.UU., y sobre cuyo procedimiento Verrilli dijo violaría las leyes de cosa juzgada ya que Puerto Rico no es una nación independiente.
Según lo expuesto en la carta de García Padilla, esto significa que “el procurador general de EE.UU. ha cambiado la postura sobre Puerto Rico asumida por décadas ante la comunidad internacional", además de que puede interpretarse que el funcionario norteamericano tiene la postura de que las leyes en la isla no emanan de un poder propio y popular sino del congreso estadounidense.
Para el gobernador puertorriqueño la postura del procurador es adversa a la jurisprudencia federal vigente. En su misiva recordó que Puerto Rico tiene “autoridad legislativa completa en materia de asuntos locales” y que las declaraciones de Verrilli son irreconciliables “con las expresiones hechas por Estados Unidos a las Naciones Unidas sobre las cuales esta entidad les relevó de sus obligaciones bajo el Artículo 73.”
En ese artículo, se lee en la carta, “los Estados Unidos (…) reconoció expresamente el principio de gobierno por consentimiento por lo que se ofreció a la gente de Puerto Rico un ‘pacto’ por el cual ‘el pueblo de Puerto Rico podrá organizar un gobierno en virtud de una constitución de su propia adopción’”.
García Padilla concluye su documento recalcando que la isla “cree que la reciente interpretación hecha por el Procurador General, a nombre de los Estados Unidos de América, es incorrecta y no debe prevalecer en la Corte Suprema. Sin embargo, a la luz de la suma importancia de este asunto cumplo mi deber ante el pueblo de Puerto Rico y la comunidad internacional al informar sobre este hecho.”
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