Fecha de publicación: 27/09/2015
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Nicaragua y Colombia acuden de nuevo a la Corte Internacional de Justicia –CIJ- al inicio de las audiencias públicas donde se decidirá si la corte de La Haya tiene competencia para fallar en dos litigios interpuestos por Nicaragua sobre fronteras marítimas en el mar Caribe. En las audiencias se analizarán las excepciones preliminares presentadas por Colombia sobre las dos demandas de Managua.
Esto viene dado porque en 2013, el gobierno nicaragüense pidió a la Corte fijar la frontera marítima de la nación con Colombia, sobre una plataforma continental más allá de 200 millas náuticas, siguiendo los preceptos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar. La nación también pidió delimitar la plataforma marítima colombiana.
En la primera fase de las audiencias, la CIJ oirá las objeciones de Bogotá, quien niega que la Corte tenga competencia en este litigio. Según Colombia, la CIJ no puede pronunciarse ante este nuevo litigio por la denuncia neogranadina del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas. Adicionalmente, el gobierno de Santos indica que no existe controversia o duda alguna en lo que respecta a la frontera marítima establecida en 2012, sin contar que, según ellos, ambas naciones aún no han agotado todas las negociaciones directas.
En la segunda fase, La Haya analizará las objeciones presentadas por Nicaragua ante Colombia, en 2013, cuando se exigió delimitar la plataforma continental bajo el mar Caribe. El gobierno de Daniel Ortega asevera que los dos litigios actuales fueron introducidos antes de la materialización de la renuncia de Colombia al Pacto de Bogotá.
Ambos países han sostenido tensas relaciones por estos conflictos limítrofes desde hace casi un siglo. En 2012, por ejemplo, la CIJ confirmó la soberanía de Colombia sobre varias islas en el archipiélago de San Andrés mientras dio a Nicaragua soberanía sobre una zona en el mar, antes bajo control colombiano. En ese momento, Bogotá denunció al llamado Pacto de Bogotá, en cuyo marco consideró inaplicable esta sentencia.
Esto viene dado porque en 2013, el gobierno nicaragüense pidió a la Corte fijar la frontera marítima de la nación con Colombia, sobre una plataforma continental más allá de 200 millas náuticas, siguiendo los preceptos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar. La nación también pidió delimitar la plataforma marítima colombiana.
En la primera fase de las audiencias, la CIJ oirá las objeciones de Bogotá, quien niega que la Corte tenga competencia en este litigio. Según Colombia, la CIJ no puede pronunciarse ante este nuevo litigio por la denuncia neogranadina del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas. Adicionalmente, el gobierno de Santos indica que no existe controversia o duda alguna en lo que respecta a la frontera marítima establecida en 2012, sin contar que, según ellos, ambas naciones aún no han agotado todas las negociaciones directas.
En la segunda fase, La Haya analizará las objeciones presentadas por Nicaragua ante Colombia, en 2013, cuando se exigió delimitar la plataforma continental bajo el mar Caribe. El gobierno de Daniel Ortega asevera que los dos litigios actuales fueron introducidos antes de la materialización de la renuncia de Colombia al Pacto de Bogotá.
Ambos países han sostenido tensas relaciones por estos conflictos limítrofes desde hace casi un siglo. En 2012, por ejemplo, la CIJ confirmó la soberanía de Colombia sobre varias islas en el archipiélago de San Andrés mientras dio a Nicaragua soberanía sobre una zona en el mar, antes bajo control colombiano. En ese momento, Bogotá denunció al llamado Pacto de Bogotá, en cuyo marco consideró inaplicable esta sentencia.
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