Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes anunció la adhesión de Gabriel Calvillo, especialista con más de veinte años de trayectoria, como nuevo consejero de la firma. Calvillo llega a liderar dos áreas: el grupo ambiental (conformado por tres asociados) y la recién estrenada práctica de responsabilidad penal corporativa y cumplimiento criminal.
Ahora la firma cuenta con 15 socios, cuatro consejeros y cerca de 86 asociados.
Tanto el bufete como el nuevo consejero conversaron con LexLatin acerca de la estrategia en la creación de la nueva práctica, las razones para el reforzamiento del área ambiental y el escenario de ambas, actualmente, en México. Además, el especialista comentó en torno a los retos implícitos en este nuevo cargo.
Nuevas necesidades, nueva práctica
Mijares Angoitia explicó que “la práctica de responsabilidad penal corporativa y cumplimiento criminal se inserta en el contexto de los procesos de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y su relación con el Foreign Corrupt Practices Act norteamericano (FCPA), del sistema penal acusatorio y el nuevo procedimiento de responsabilidad penal de las personas jurídicas, de la diversas leyes producto de la reforma energética, de las leyes del sector financiero y fiscal, de la reforma constitucional y la implementación de la legislación secundaria en materia de daño y responsabilidad ambiental, así como de las reformas constitucional y de las leyes secundarias que impulsan los acuerdos reparatorios y el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos”.
La firma evaluó que hay un desarrollo acelerado de leyes, políticas y lineamientos institucionales, y del sistema de responsabilidad de empresa en México, del que surge “la importancia de brindar servicios integrales a nuestros clientes en materia de prevención de conflictos corporativos y litigios penales vinculados con áreas de derecho regulatorio”.
“Las empresas ahora deben implementar políticas y protocolos internos de prevención delictiva, contar con órganos de control permanente que vigilen el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias y deberes de cuidado, capacitar a su personal y establecer mecanismos de respuesta efectiva. Todo ello ha creado la necesidad de Programas de Cumplimiento Penal que complementen las estrategias tradicionales del compliance regulatorio”, señaló.
Área ambiental en crecimiento
La incorporación de Calvillo también reforzó el área ambiental de Mijares Angoitia. “Hemos fortalecido nuestra práctica ambiental para ampliar los servicios consultivos y transaccionales en esta materia, con programas de cumplimiento preventivo (compliance) y estrategias de litigio especializado en daños ambientales. Esto nos permite proporcionar servicios jurídicos integrales en esta materia”.
Esta necesidad surge del crecimiento registrado durante los últimos años “en la magnitud de las contingencias jurídicas y económicas para las empresas en casos de daño al ambiente derivados de desarrollos inmobiliarios, contaminación, afectación a ecosistemas sensibles, incidentes industriales, derrames de hidrocarburos y residuos mineros, así como en el transporte terrestre y marino. Lo mismo sucede con el avance de las acciones judiciales y colectivas, el monto de las sanciones administrativas y los acuerdos reparatorios complejos ante autoridades judiciales, administrativas y penales”.
Por otra parte, “las reformas de derechos humanos y en materia de amparo han tenido también una repercusión significativa en la operación y viabilidad de los proyectos de inversión (…) Temas como la consulta indígena, el reconocimiento de las víctimas ambientales individuales y colectivas, las visitas y relatores de Naciones Unidas a México han generado atención a los principios rectores sobre los derechos humanos y las empresas”, dijo el bufete.
Sobre el especialista
Para Gabriel Calvillo, “la práctica en materia de responsabilidad penal corporativa y cumplimiento criminal representa una oportunidad para contribuir al avance del Estado de Derecho en nuestro país. Este trabajo es útil y particularmente eficaz en áreas que son socialmente sensibles en México como el combate a la corrupción, la protección de la salud y el medio ambiente, la ciberseguridad, el sistema financiero y la custodia de datos personales, así como la prevención de incidentes industriales que pueden representar pérdidas de vidas humanas y afectaciones a la integridad de las personas”.
“Los servicios que proporciona un abogado penalista en esta materia permiten conformar la correcta voluntad empresarial hacia la prevención y el cumplimiento, mediante políticas y prácticas que representan un cambio en la cultura corporativa. Desde la perspectiva del litigio penal y la defensa empresarial esta práctica permite incorporar los modelos de organización corporativa a las estrategias tradicionales de defensa ante investigaciones y en procesos judiciales”, agregó.
La vasta experiencia del nuevo consejero proviene de la práctica del derecho penal tanto privada como pública. “He sido litigante penal de empresa por más de diez años, así como Jefe de Unidad y Fiscal Especializado de la Procuraduría General de la República en materias particularmente cercanas a la actividad corporativa, como son los delitos contra el ambiente y contra los derechos de autor y la propiedad industrial”
Como parte de sus funciones, investigó y logró “la primera sentencia condenatoria en contra de funcionarios de PEMEX por daños tóxicos, así como conocer de un sinnúmero de investigaciones de delitos cometidos en el desarrollo de procesos productivos y desarrollos inmobiliarios”. También defendió casos complejos de homicidio corporativo derivados de explosiones, contaminación, derrames y otros incidentes industriales.
Como Subprocurador Jurídico desarrolló y expidió el primer Protocolo de Responsabilidad Penal Corporativa de una Agencia federal mexicana, e impulsó los Programas de Cumplimiento Penal como garantía de no repetición delictiva empresarial. Además, trabajó con el Programa Nacional de Auditoría Ambiental y su relación con el sistema de compliance penal.
Analizando esta nutrida trayectoria profesional, Calvillo consideró que la práctica privada le permite “ejercer el derecho penal económico en sus aspectos de trabajo preventivo y de litigio en múltiples áreas de especialidad a las que resulta aplicable la responsabilidad penal de las personas jurídicas, así como construir la mejor solución de los conflictos empresariales a través del cumplimiento, la construcción de acuerdos y la defensa contenciosa”.
Antes de ejercer como Subprocurador Jurídico de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, fue socio sénior y socio fundador de Carswell & Calvillo Abogados, desde 2007 hasta 2015.
Fungió como Representante de México en el Consejo Consultivo Público Conjunto en la Comisión de Cooperación Ambiental del TLCAN entre 2011 y 2013; y perteneció a la Procuraduría General de la República desde 1997, entre otras funciones públicas.
Es profesor en los programas de Maestría de la Universidad Anáhuac del Norte, así como Diplomados y Especialización en Justicia y Litigio Penal y Ambiental del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Egresó de la Universidad Iberoamericana y cursó un Máster en Derecho Ambiental Criminal en la Georgetown University Law Center.
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