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Luiz Inácio “Lula” da Silva y el camino por el que transita

Los últimos han sido días tumultuosos para el expresidente brasileño Luiz Inácio “Lula” Da Silva, quien desde principios de marzo está en el ojo del huracán por estar presuntamente implicado en la trama de corrupción Operação Lava Jato, que está siendo investigada a fondo por las autoridades nacionales.

A principios de este mes, se confirmó que estaba siendo investigado por las autoridades brasileñas por su participación en el esquema, al igual que  varios colaboradores de la actual presidenta, Dilma Rousseff.

En esa ocasión se supo que el Fiscal General de Brasil, Rodrigo Janot, investiga a da Silva desde finales de 2015. Las pesquisas se centran en determinar específicamente si está relacionado con las constructoras señaladas de haber participado en el entramado de sobornos.

Pocos días después, el 5 de marzo, el exmandatario fue llevado a un interrogatorio forzoso durante tres horas sobre Lava Jato. El operativo en medio del cual fue conducido a la fiscalía fue ampliamente cubierto en medios por lo llamativo: 200 policías y 30 auditores se desplegaron a lo ancho de los estados São Paulo, Río de Janeiro y Bahía.

Esta operación, llamada Aletheia (“búsqueda de la verdad” en griego), tuvo como objetivo ejecutar órdenes judiciales en distintos puntos para recabar pruebas sobre la implicación de Lula y varios de sus allegados en Lava Jato, que desangró a Petrobras durante años.

Ese día se concretaron las acusaciones (hasta ese momento “ligeras” y más basadas en la sospecha que en acciones tangibles) contra el expresidente, quien ha sido acusado por el ministerio público de ser uno de los principales beneficiarios del esquema de corrupción.

Lo que ocurrió después

Lula calificó de “show mediático” su detención. En medio de este hecho detractores y defensores del exmandatario se reunieron ante su casa y ante la fiscalía para apoyar o protestar contra las medidas tomadas por el ministerio público. Dichas manifestaciones no han parado desde entonces y se han extendido a varias ciudades brasileñas, incluyendo una marcha que exigía la renuncia de Dilma Rousseff.

En los días siguientes, Lula se reunió en el auditorio nacional del Partido de los Trabajadores (PT), en el centro de São Paulo, con sus seguidores, integrantes del partido, sindicalistas, representantes estudiantiles y periodistas para declarar sobre el interrogatorio al que fue sometido.

En esa oportunidad dejó entrever que coquetea con la idea de lanzarse como candidato presidencial en 2018. Ese día (5 de marzo) también dejó algo en claro: Según él, la Policía Federal y el Poder Judicial brasileño trabajan con sectores desestabilizadores de la prensa para desprestigiarlo con el fin de evitar que sea elegido presidente en 2018.

Aún así, la Fiscalía de São Paulo denunció a Lula y a su esposa, Marisa Letícia da Silva, por lavado de dinero y ocultación de patrimonio. Como era de esperarse, Lula negó las acusaciones y se supo que algunos ministros fieles a él pusieron a su disposición la oportunidad de tomar un puesto como ministro. Propuesta que se concretó más adelante.

Cabe decir que la fiscalía paulista pidió prisión preventiva para el exmandatario, pues considera que existe riesgo de fuga además de obstaculización de las investigaciones, ya que tanto Lula como sus allegados podrían amenazar a víctimas y testigos así como azuzar a los partidarios para que protesten en las calles, situación que podría tornarse violenta fácilmente.

Finalmente, Lula fue designado por Dilma Rousseff como ministro de la Casa Civil (el ministerio más importante del gobierno brasileño) lo que concretó la sospecha de que se protegería de cualquier acción legal en su contra desde un cargo público que le diera inmunidad. Con este movimiento Sergio Moro, el juez que lleva la causa de Petrobras y que pedía cárcel para este no podrá proceder pues ahora esta decisión depende enteramente del Supremo Tribunal Federal de Brasil.

Así las cosas, un juez federal, Itagiba Catta Preta Neto, suspendió cautelarmente el nombramiento alegando un supuesto “riesgo de daño al libre ejercicio del Poder Judicial”, sin embargo esta decisión fue apelada horas después por el gobierno de Dilma, por lo que Lula sigue bajo la protección de su nuevo cargo público.


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