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La travesía de Uber en América Latina

Desde que el servicio de taxis particulares Uber salió a las calles no han sido pocas las polémicas relacionadas con él. La primera de ellas es el proceso regulatorio que debería acompañar a este servicio que, al no estar normado directamente bajo las directrices de los organismos oficiales de transporte de las ciudades donde ha sido implementado, ha generado discusiones sobre cómo normarlo, cómo darle permisos a los conductores uber, cómo recolectar de ellos los impuestos que los taxistas registrados sí pagan y, sobre todo, cómo impedir que este servicio afecte a los conductores registrados y autorizados por, valga la redundancia, las autoridades.

En América Latina las complicaciones asociadas a Uber no han sido ajenas. Por ejemplo, hace unas pocas semanas taxistas de varias ciudades de Brasil protestaron abiertamente para impedir que este servicio se implementara. Además, el alcalde de Río de Janeiro prohibió, a finales de septiembre, el uso de la aplicación en la ciudad, aunque dejó la puerta abierta a la discusión regulatoria. Mientras tanto, su homólogo de Sao Paulo prometió, más o menos en la misma fecha, discutir a fondo el marco regulatorio.

En Brasil el rechazo por Uber ha sido de tal magnitud que incluso su presidenta, Dilma Rousseff, en rueda de prensa acusó a la plataforma móvil de quitarle trabajo a los taxistas registrados. La mandataria calificó de “compleja” la relación con Uber porque “le quita el empleo a muchas personas”. Señaló también que como no es el gobierno federal el ente que regula el servicio esto añade complejidad al tema, por esto se debe a su juicio “tener una posición más ponderada” ante la tecnología y los avances que impulsa, incluso en el sistema de transporte.

A la vez, en la nación carioca las asociaciones de taxistas piden fiscalizar a fondo el servicio. Aunque el caso de Brasil ha sido el más sonado en las últimas semanas, este no es el único. Hagamos un repaso de la travesía de Uber por el continente latinoamericano.

En Costa Rica

Luego de que el Consejo de Transporte Público de Costa Rica declarara, en dictamen jurídico, ilegal todas las operaciones de la aplicación de transporte a mediados de septiembre y multara e incautara los vehículos de dos taxistas uber en la capital del país, el pasado 30 de septiembre, el diputado Franklin Corella Vargas hizo público un documento donde exigía una reforma de la ley que declaró Uber ilegal en la nación, para impulsar una modernización en la Ley de Transporte de Costa Rica.

De acuerdo con la oficina del legislador, la base de su propuesta es estudiar y regular las “plataformas de transporte digitales y otras formas de movimiento colectivo”.

Según Corella Vargas, Uber es un servicio basado evidentemente en nuevas tecnologías y plataformas y el hecho de que la Oficina del Fiscal del Gobierno tico se haya visto obligada a declararlo ilegal, porque no está contemplado en el Acuerdo entre la República Dominicana y Centro América de Libre Comercio con Estados Unidos, demuestra que el estado costarricense debe actualizar la ley de transporte “para cubrir las nuevas tecnologías y plataformas de servicios en esta área” teniendo en cuenta las nuevas realidades que la tecnología está creando.

El diputado señaló que creará una mesa redonda entre los taxistas, los servicios de transporte privado, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y el Departamento de Obras y Transportes del Ministerio Público para determinar un marco normativo para Uber.

A pesar de que el gobierno tico declaró ilegales las actividades relacionadas con Uber, la compañía continuó operando en la nación centroamericana, reclutando nuevos operadores, y sumando además al asegurador privado Quálitas que ofreció una póliza especial para los conductores Uber de Costa Rica. De acuerdo con el gerente general de la compañía en la nación, Humberto Pacheco, el servicio continúa creciendo con nuevos conductores y nuevos clientes.

Pacheco, un exabogado, insistió en que el servicio es privado y que bajo esta premisa no requiere regulación alguna, al contrario, las autoridades difieren de esta posición. El director del Consejo de Transporté Público –CTP- dijo que todo conductor que sea capturado ofreciendo este servicio pagará una multa de 110 mil colones.

En Colombia

En la nación neogranadina, se hizo hace poco viral un video de una usuaria de Uber que era conminada, bajo amenazas, a bajarse de la unidad de transporte por otros taxistas que a gritos le explicaban que este servicio es ilegal. Esta es una muestra de cómo la aplicación ha desatado pasiones y complicado las relaciones entre los usuarios y los taxistas.

En este país, existen actualmente cerca de 10 mil automóviles afiliados a Uber y más de 150 mil usuarios repartidos entre Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín. Estos números, de acuerdo con expertos, aumentarán a pesar de la oposición del gremio de taxistas que insisten en que el servicio compite deslealmente contra ellos.

Entretanto, los legisladores colombianos se apuran a dar una respuesta consensuada para regular el servicio de transporte. Por ahora, el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, informó que el ejecutivo neogranadino dará a conocer la reglamentación de Uber en noviembre de este año, luego del proceso electoral de la nación.

Este decreto, recalcó, definirá el funcionamiento de este servicio tomando en cuenta las  necesidades del gremio de taxistas tradicionales para evitar que la aplicación se convierta en un ente de competencia desleal para ellos.

Sin embargo, el gobierno colombiano no es el único promotor de una ley pues los directivos de la plataforma insisten en su regulación desde el pasado julio, a manera de legalizar el servicio como ya ha ocurrido en otras naciones. Esto lo libraría de acciones como las ejecutadas por la Superintendencia de Transporte y la Policía de Tránsito colombianas que han planteado la posibilidad de bloquear la aplicación en el país, bajo el argumento de que promueve la piratería.

Al respecto, el presidente de la Federación Nacional de Taxistas, Alberto Mendoza, explicó que Uber es un servicio pirata que les ha quitado campo laboral a los taxistas regulados. Mientras tanto, el presidente de la Federación de Taxis de Bogotá, Hugo Ospina, indicó que sus afiliados continuarán los bloques de búsqueda contra el servicio a la vez que iniciarán una serie de acciones pedagógicas para los usuarios, a quienes considera cómplices por desconocimiento de esta actividad.

Ospina critica que los conductores de Uber no pagan impuestos y que hacen apología al delito, incitando a la población a violar la ley al contratar el servicio que, además, calificó (como otros antes de él) como “competencia desleal y publicidad engañosa”.

En México

La primera nación en Latinoamérica que recibió a Uber fue México, donde el servicio de taxis privados se desplegó en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Tijuana. A pesar de esto, varios han sido los reportes de ataques violentos a los conductores de Uber y a sus unidades, como cuando el pasado julio un grupo de taxistas tradicionales atacó con piedras y palos varios vehículos afiliados a la plataforma en el Aeropuerto de Ciudad de México.

Sobre los ataques, la directiva de Uber México expresó indignación a la vez que recalcó que el suceso pone en peligro “la libertad de todos los conductores de la plataforma de trabajar dignamente”.

Este incidente aceleró la legislación que controlará Uber en la capital mexicana. En el reglamento se impone a los conductores pagar 1,5% de comisión por cada carrera a un fondo federal destinado a mejorar el transporte. La ley también obliga a los uber taxistas a registrarse y someterse a inspecciones anuales, además de prohibirles aceptar dinero en efectivo o establecer paradas de taxis.

Adicionalmente, la compañía tendrá que pagar 1.599 pesos mexicanos anuales como cuota de licencia por cada uno de los vehículos registrados en su plataforma. Sobre la comisión de 1,5%, el director de Políticas Públicas de Uber, Corey Owens, dijo que esta es la más alta de todas las impuestas en las ciudades donde opera la compañía. Este costo no puede ser pasado a los pasajeros o a los conductores sino que debe ser pagado por la empresa, aclaró un funcionario mexicano.

Más al sur

Como en casi todas las ciudades donde Uber ha sido implementado, los taxistas de Santiago de Chile han demostrado oposición al servicio mientras las autoridades ven con recelo a los conductores y al servicio en general.

A pesar de lo anterior, los usuarios de Uber en Santiago de Chile han crecido 350% en los últimos doce meses, mientras los conductores afiliados a la plataforma crecieron en 600%, informó la Gerencia de Expansión de la compañía en la nación suramericana.

En contraste, el gremio de taxistas de Buenos Aires, en Argentina, se ha adelantado a la expansión de la empresa en otras ciudades latinoamericanas y ha frenado, por ahora, los avances de la aplicación en sus calles, especialmente luego de que la empresa empezara en febrero de este año una discreta búsqueda de taxistas en la capital argentina.

Esto provocó una movilización instantánea de los taxistas bonaerenses, a través de sus sindicatos, para comprometer al alcalde porteño en impedir la llegada de la compañía a la ciudad. La polémica generada, aparentemente, fue efectiva ya que Uber anunció -días después del incidente- que no tenía contemplada una pronta llegada a Argentina.

 


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