El 17 de junio, un Tribunal Arbitral desestimó la demanda presentada por Estados Unidos contra el Estado de Guatemala por supuestas violaciones al capítulo laboral del DR-CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre EE. UU., Centroamérica y República Dominicana), vigente desde 2006.
En este caso, BLP representó al Estado guatemalteco a través del equipo liderado por el socio Rodolfo Salazar, quien desde 2014 asistió al país desde la firma Arenales & Skinner Klée - LatamLex, y posteriormente (septiembre 2016) como socio de BLP.
La firma centroamericana coordinó la recolección de pruebas con abogados de organismos del Estado y dejó en manos del equipo de defensa de la Dirección de Administración de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y de Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP -que asistió a la Delegación Permanente de Guatemala ante la Organización Mundial de Comercio- lo relacionado con el derecho comercial internacional.
En la defensa del país también participaron la Dirección de la Administración de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, los ministerios de Relaciones Exteriores y del Trabajo y la Procuraduría General de la Nación.
Estados Unidos, por su parte, fue asesorado por miembros de la Oficina del Representante de Comercio, del Departamento del Trabajo y de la Embajada en Guatemala.
Aunque el caso se remonta a 2011, fue el 3 de noviembre de 2014 cuando EE. UU. presentó la demanda ante el tribunal arbitral alegando que Guatemala había dejado de aplicar efectivamente su legislación laboral directamente relacionada con el derecho de asociación, organización y negociación colectiva, al no garantizar el cumplimiento de órdenes judiciales, en violación del artículo 16.2.1(a) del DR-CAFTA.
Además, adujo que el país centroamericano no aplicaba efectivamente su legislación laboral directamente relacionada con las condiciones aceptables de trabajo, al no llevar a cabo inspecciones obligatorias ni imponer las sanciones obligatorias, en violación del Artículo 16.2.1(A) del CAFTA-DR.
Por último, planteó que Guatemala había dejado de aplicar efectivamente las reglas asociadas al derecho de asociación, con el derecho de organizarse y negociar colectivamente, y con condiciones aceptables de trabajo, al no registrar sindicatos de manera oportuna ni establecer procedimientos de conciliación, en violación del artículo 16.2.1(a) del CAFTA-DR.
De acuerdo con BLP, los alegatos de EE. UU. se sustentaron en 402 casos, documentados con pruebas de violaciones a las leyes laborales por parte de 39 empresas guatemaltecas, que afectaban el libre comercio entre ambos países.
La nación norteamericana reclamó USD 15 millones anuales durante el tiempo que persistiera el incumplimiento después de declarado por el Informe Final, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 20.17 del DR-CAFTA.
El tribunal estaba compuesto por expertos internacionales en derecho comercial y laboral de Canadá, Estados Unidos y México.
Sin embargo, la firma resaltó que Guatemala desmontó las acusaciones, logrando un fallo contundente a su favor, que aclara “el estándar legal para demostrar una violación bajo el Capítulo Laboral del DR-CAFTA y evitando que se afecte la imagen internacional, así como las exportaciones de Guatemala”.
“El presente caso es el primer caso por el cual un país del DR-CAFTA invoca el incumplimiento del artículo 16 del mismo y pone en funcionamiento el procedimiento establecido en el artículo 20 del mismo tratado, resolviendo retos administrativos relacionados con la operación del panel arbitral, dentro del cual se suscitaron situaciones no previstas en el Tratado, que no obstante fueron resueltas dejan ver la necesidad de su consideración para futuros casos”, dijo Salazar.
Resaltó que el caso representó una gran victoria para Guatemala y el sector productivo, pues logró establecer en contra de las acusaciones de EE. UU. y de los sindicatos de dicha nación que Guatemala cumple con las obligaciones del DR-CAFTA, y que si hay incumplimientos aislados, como los puede tener cualquier país, esto no afecta el comercio entre las dos naciones.
Asesores del Estado de Guatemala:
- BLP: Socio Rodolfo Salazar. Asociado Sergio Cojulún.
Asesores de la Delegación Permanente de la Misión de Guatemala ante la Organización Mundial de Comercio
- Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP: Socios Stephen Kho y Robert Lian. Consejeros sénior Alan Yanovich y Brian Patterson.
Asesores de Estados Unidos:
- Timothy M. Reif (Head of Delegation, General Counsel, Office of the United States Trade Representative).
- Daniel Brinza (Senior Counsel for Dispute Settlement, Office of the United States Trade Representative).
- Justin Miller (Attorney, Office of the United States Trade Representative).
- Carlos Romero (Deputy Assistant U.S. Trade Representative for Labor Affairs, Office of the United States Trade Representative).
- Annelies Winborne (Deputy Assistant U.S. Trade Representative for Monitoring and Enforcement, Office of the United States Trade Representative).
- Kathleen Claussen (Assistant General Counsel, Office of the United States Trade Representative).
- Erin Rogers (Special Assistant General Counsel, Office of the United States Trade Representative).
- Andrea Malito (Senior Director, Central America & the Dominican Republic, Office of the United States Trade Representative).
- Deborah Birnbaum (Attorney, Office of the Solicitor, United States Department of Labor).
- Carlos Quintana (International Relations Officer, Bureau of International Labor Affairs, United States Department of Labor).
- Sally Meyers (Political Officer, United States Embassy of Guatemala).
}
Add new comment