DLA Piper LLP abrió una nueva oficina en la capital de Puerto Rico, San Juan. Esta sería la cuarta de la firma en las Américas, pues ya tiene presencia en Brasil, a través de un acuerdo de cooperación con Campos Mello Advogados; en México, con la alianza con Gallastegui y Lozano, C. S., y en Colombia, con Martínez Neira Abogados.
Roger Meltzer, copresidente global de la firma, precisó mediante un comunicado de prensa que la presencia de DLA Piper en Latinoamérica es “creciente y estratégica, y ahora estamos en condiciones de proporcionar el más alto nivel de servicio a los clientes en Puerto Rico, complementando nuestra plataforma en la región”.
Considerando la importante crisis económica que atraviesa la isla, con una deuda de USD 70 mil millones, el anuncio de esta apertura ha sido impactante. En ese sentido, Nikos Buxeda, socio director de la nueva oficina, indicó a LexLatin que “[el área de reestructuraciones corporativas] está cambiando constantemente y existe gran incertidumbre, especialmente en vísperas de las elecciones y de la constitución de la Junta de Control Fiscal”. Sin embargo, continuó Buxeda, “DLA Piper ha tomado la decisión institucional de no representar clientes en procedimientos contra el Gobierno de Puerto Rico, posición que considero muy valiente por parte de la firma”.
Agregó además que “uno de los beneficios de unirnos a DLA Piper es su robusto equipo en las áreas de reestructuración y relaciones gubernamentales en Washington, D.C. Esta transversalidad y presencia en múltiples jurisdicciones solo la tiene DLA Piper en el contexto de Puerto Rico, por lo que creo y espero esto nos dé una ventaja competitiva”.
A este respecto, y en declaraciones recogidas por The American Lawyer, Meltzer aseguró que DLA Piper no está interesada "en captar el trabajo de las firmas locales” sino en “competir con otras firmas globales como Allen & Overy, y Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, por ejemplo". Esta última, de hecho, representó en 2014 al Banco Gubernamental de Puerto Rico durante la crisis financiera.
"Creemos que Puerto Rico superará su actual crisis fiscal y estará lista para crecer nuevamente y, al darle un voto de confianza a Puerto Rico en tiempos difíciles, estaremos bien posicionados con la comunidad de negocios local, una vez que la crisis haya pasado", agregó Buxeda. "La gente olvida fácilmente que el tamaño de la economía puertorriqueña es significativo en comparación con el de varios países vecinos en El Caribe y Sudamérica y que muchas transnacionales, incluyendo empresas farmacéuticas, de tecnología y manufactura globales, tienen operaciones significativas aquí", señaló.
El optimismo del bufete internacional con esta apertura contrasta con la decisión tomada en marzo de este año al cesar la alianza que mantuvo desde 2011 con InterJuris Abogados, S.C., denominada hasta ese entonces DLA Interjuris Abogados, S.C. en Venezuela, país que afronta la crisis económica-social más aguda de su historia contemporánea.
Por otra parte, Juan Picón, copresidente global de la firma y para las Américas, adelantó que esta apertura “se verá reforzada en un corto plazo con colaboraciones adicionales en otros países”.
El equipo
Cuatro socios y dos asociados conforman el equipo bajo el liderazgo de Nikos Buxeda, como socio director.
Buxeda proviene de Adsuar Muñiz Goyco Seda & Pérez-Ochoa, P.S.C., donde fue socio desde el año 2000, y previamente se desempeñó como asociado de Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle, y Morgan, Lewis & Bockius. Ha enfocado su práctica profesional en derecho corporativo; fusiones y adquisiciones; colocaciones privadas, financiación de proyectos, asociaciones público-privadas y escisiones.
Posee vasta experiencia en organización de fondos mutuales en Puerto Rico y fondos de capital privado; contratos de distribución; emisiones de deuda y financiación de préstamos. Entre algunos de los casos relevantes que ha asesorado se cuenta la adquisición del 50 % de una compañía propietaria de once empresas de gestión de activos en América Latina y Europa, en una operación valorada en dos mil millones de euros. Ha asesorado, además, al Gobierno de Puerto Rico en un préstamo subordinado por USD 25 millones para financiar la construcción de un hotel.
Es egresado de la Universidad de Harvard y posee un doctorado por la Escuela de Leyes de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos.
Completan el equipo los socios Miriam de Lourdes Figueroa, José Alberto Sosa-Lloréns y Manuel López-Zambrana.
Miriam de Lourdes Figueroa, quien formaba parte de Pietrantoni Méndez & Alvarez LLC, también fungió como general counsel y vicepresidente ejecutivo del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF).
Figueroa se ha especializado en finanzas públicas, estructuración de asociaciones público-privadas y derecho administrativo. Entre los casos relevantes de su ejercicio profesional, destaca la asesoría al Gobierno de Puerto Rico en el marco de la Ley de Recuperación y Reinversión de 2009. Actualmente, integra el equipo multidisciplinario que participa en la reestructuración financiera y organizativa de la empresa eléctrica estatal de Puerto Rico.
Egresó del Macalester College en 1991, obtuvo un J.D. por la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en 1995 y posee un LL.M. por la Escuela de Leyes de Harvard.
José Alberto Sosa-Lloréns proviene de Fiddler González & Rodríguez P.S.C., donde fue socio y líder de la práctica corporativa durante 23 años. Ha centrado su práctica profesional en asesorar instituciones financieras multilaterales e internacionales, y en fusiones y reorganizaciones corporativas. Tiene amplia experiencia en la creación de sociedades de inversión en Puerto Rico.
Entre los casos que ha liderado se cuenta la representación de la empresa adjudicataria para el contrato de arrendamiento por 40 años del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, el más grande del Caribe y el primero bajo la Administración Federal de Aviación (FAA) Programa piloto. Además, ha sido asesor en operaciones de financiación pública en Puerto Rico, y de entidades gubernamentales en relación con la promulgación de leyes en materia de finanzas públicas.
Es egresado en Finanzas y en Derecho de la Universidad de Puerto Rico, y también posee una maestría por la Universidad de Columbia. Ha sido, desde 2007, profesor adjunto en la Universidad de Puerto Rico, donde imparte cursos y seminarios sobre regulación bancaria y finanzas públicas.
Manuel López-Zambrana es reconocido por su pericia en controversias fiscales. Proviene de López Sánchez & Pirillo LLC, donde se desempeñó como socio.
“Manuel (“Nolin”) posee una vasta experiencia en asesoría fiscal a compañías y particulares con elevado patrimonio, en el establecimiento o reorganización de sus operaciones en Puerto Rico, los Estados Unidos y otras partes del mundo”, indicó Buxeda.
López-Zambrana ha sido asesor del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico y del Departamento del Tesoro de Puerto Rico, obteniendo resoluciones favorables significativas para este último.
Sus clientes pertenecen a diferentes industrias, como fondos de inversión, sector financiero, manufacturero, ONGs, empresas aseguradoras y de telecomunicaciones.
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