Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Coltel), que opera comercialmente bajo la marca Movistar, propiedad de la española Telefónica, y la República de Colombia -La Nación-, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, celebraron varios acuerdos para la conversión de deuda en capital que la primera tenía con el Estado colombiano.
En la negociación de los citados acuerdos -que se concretaron el 29 de agosto y el 27 de septiembre- Telefónica fue asistida por Brigard & Urrutia, única firma de abogados involucrada, y su equipo legal interno. Colombia Telecomunicaciones y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público también fueron asesorados por sus equipos jurídicos internos.
Brigard & Urrutia explicó que para efecto de los acuerdos se recurrió a una figura según la cual la nación colombiana asumiría un porcentaje de la deuda de Colombia Telecomunicaciones a cambio de acciones en la compañía. Además, Telefónica inyectaría capital en Coltel a fin de adelantar los pagos adeudados a cambio de determinada participación. “De esta forma, Colombia Telecomunicaciones expidió nuevas acciones y pudo eliminar los pasivos mencionados en su totalidad”, señaló el bufete.
El caso se remonta al año 2003, cuando Telecom, antigua empresa estatal de servicios de telecomunicaciones, celebró con el Estado colombiano un contrato de explotación de activos y derechos para el uso de ciertos bienes necesarios para la prestación de servicios de telefonía móvil. Esa fecha marca la constitución de Coltel que, desde entonces, acumuló obligaciones por más de COP 4 billones (USD 1.356.100 al 10 de octubre).
La firma agregó que “la deuda se constituyó a favor de una entidad fiduciaria, propiedad de La Nación, y los fondos destinados al pago de tal deuda fueron posteriormente usados para cubrir pasivos pensionales de Telecom”.
El diario El Espectador indicó en un reporte que el 29 de agosto el Ministerio de Hacienda anunció que había sido acordada la recapitalización de Coltel por un monto de COP 6,45 billones (USD 2.049.410). De esa cantidad, 4,8 billones (USD 1.627.320) serían destinados al pago de pensiones de unos 16.000 extrabajadores de Telecom y los 1,6 billones (USD 542.441) restantes correspondientes a la deuda de Coltel con el Estado colombiano. El aporte, sin desembolso, de La Nación fue de COP 2,1 billones (USD 711.953).
En Colombia Comunicaciones, La Nación tiene una partición de 32,5 %, mientras que Teléfonica es dueña del 67,5 % restante.
En julio, Colombia Telecomunicaciones fue condenada por el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá a pagar más de COP 1,6 billones, como resultado de una disputa sobre la propiedad de bienes de telecomunicaciones entregados en concesión. Estos activos fueron inicialmente explotados por Telecom y posteriormente transferidos a Colombia Telecomunicaciones.
El proceso -conocido como Reversión de los contratos de concesión para la prestación del servicio de telefonía móvil celular- fue resuelto el 25 de julio a favor de La Nación en un laudo arbitral. Este fue introducido a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en contra de Coltel y Comunicación Celular S.A. (Comcel), propiedad de Claro, en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Asesores de Telefónica:
Abogado in-house: Juan Ignacio Vergara Mañeru.
Brigard & Urrutia: Socio Darío Laguado. Director Fernando Castillo. Asociadas María Jimena Isaza, Catalina Manga y Laura Valencia Cossio.
Asesores de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.:
Abogados in-house: Fabián Andrés Hernández Ramírez, Martha Elena Ruiz Díaz-Granados y Faride Guerrero Mosquera.
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