Fecha de publicación: 26/01/2016
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El debate sobre el uso de armas de fuego en manos de civiles es uno que se ha sostenido en varios países a lo largo de la historia. En años recientes, el país donde más se ha llamado al debate de este tema es Estados Unidos que, como han indicado medios de comunicación recientes, ha vivido un repunte en el número de muertes por armas de fuego.
En contraste con el gigante del norte, varios países de América Latina tienen leyes que restringen el acceso de la población civil a las armas. Estas leyes fueron revisadas por la Americas Society |Council of the Americas en su Explainer: Gun Laws in Latin America's Six Largest Economies (en inglés).
Por ejemplo, en Argentina, el Registro Nacional de Armas de Fuego (Renar), que será reemplazado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), supervisa el registro de armas y el programa de rendición. Ante el aumento de las muertes causadas por el uso de armas de fuego en Argentina (como en otras naciones de Latinoamérica) y de la compra de estos artefactos, se han buscado soluciones sistémicas que reduzcan estos crímenes.
En esta nación, Anmac no solo cumplirá las labores de Renar sino que desarrollará en paralelo políticas para reducir la compra y uso de armas.
Es interesante ver cómo en otras naciones existen leyes aún más restrictivas que en Argentina u otras naciones y, sin embargo, el número extraoficial de muertes por el uso de armas de fuego es uno de los más altos del mundo.
Tal es el caso de Venezuela, donde según cifras del Observatorio Venezolano de Violencia la tasa de homicidios es de 90 por cada 100 mil habitantes. Lo que significa que al menos una de cada cinco personas asesinada en América (del Norte al Sur) es un venezolano.
Cabe destacar que el gobierno venezolano tiene como política no dar cifras oficiales de crímenes, por lo que cualquier estimado sobre los índices de violencia en esta nación proviene de fuentes extraoficiales, usualmente calculadas por ONG dedicadas a este tema y el estudio de sus orígenes y consecuencias.
Irónicamente, la legislación venezolana fue ajustada en años recientes para limitar al máximo la posesión de armas de fuego. Esta ley, llamada Ley de Desarme, fue promulgada en 2002 y en ella se establece como principal medida no solo la prohibición casi absoluta de porte de armas sino también de venta de todo tipo de armas de fuego y sus municiones a los civiles.
Desde 2012 la ley se ajustó para cerrar más el cerco al comercio de armas de fuego, poniendo estas solo en manos de las fuerzas armadas y los componentes seguridad ciudadana. Aún así, una aparente falla en el sistema ha permitido que, año tras año, la cifra de asesinatos por armas de fuego aumente.
Otras naciones latinoamericanos, como México y Colombia, han establecido leyes para controlar las armas de fuego. Su legislación se pasea entre defender constitucionalmente el derecho de sus ciudadanos a armarse (como en México), hasta restringir la posesión de estas, para cuya compra y porte se necesita un permiso gubernamental.
Las leyes, en general, establecen –a lo largo del continente americano- una serie de pautas cuando de la compra, posesión y portes de armas de fuego se refiere. Una de esas pautas, común en casi todas ellas, es hacerse un examen psicológico que determine que el interesado está capacitado para poseer un arma. Otra de ellas es tener cierta edad (ser mayor legalmente) y no portar dicha arma en ciertas ocasiones o reuniones fuera de casa.
Lo que queda claro para la mayor parte de los estados americanos es que la tenencia de armas de fuego es una realidad que no solo requiere legislación sino también vigilancia, y que no hay un criterio unificado sobre su posesión por parte de civiles. Por ejemplo, países como Chile buscan restringir la compra y posesión, mientras que países como Brasil se alejan de esto. Sin duda, el debate está lejos de terminar.
En contraste con el gigante del norte, varios países de América Latina tienen leyes que restringen el acceso de la población civil a las armas. Estas leyes fueron revisadas por la Americas Society |Council of the Americas en su Explainer: Gun Laws in Latin America's Six Largest Economies (en inglés).
Por ejemplo, en Argentina, el Registro Nacional de Armas de Fuego (Renar), que será reemplazado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), supervisa el registro de armas y el programa de rendición. Ante el aumento de las muertes causadas por el uso de armas de fuego en Argentina (como en otras naciones de Latinoamérica) y de la compra de estos artefactos, se han buscado soluciones sistémicas que reduzcan estos crímenes.
En esta nación, Anmac no solo cumplirá las labores de Renar sino que desarrollará en paralelo políticas para reducir la compra y uso de armas.
Es interesante ver cómo en otras naciones existen leyes aún más restrictivas que en Argentina u otras naciones y, sin embargo, el número extraoficial de muertes por el uso de armas de fuego es uno de los más altos del mundo.
Tal es el caso de Venezuela, donde según cifras del Observatorio Venezolano de Violencia la tasa de homicidios es de 90 por cada 100 mil habitantes. Lo que significa que al menos una de cada cinco personas asesinada en América (del Norte al Sur) es un venezolano.
Cabe destacar que el gobierno venezolano tiene como política no dar cifras oficiales de crímenes, por lo que cualquier estimado sobre los índices de violencia en esta nación proviene de fuentes extraoficiales, usualmente calculadas por ONG dedicadas a este tema y el estudio de sus orígenes y consecuencias.
Irónicamente, la legislación venezolana fue ajustada en años recientes para limitar al máximo la posesión de armas de fuego. Esta ley, llamada Ley de Desarme, fue promulgada en 2002 y en ella se establece como principal medida no solo la prohibición casi absoluta de porte de armas sino también de venta de todo tipo de armas de fuego y sus municiones a los civiles.
Desde 2012 la ley se ajustó para cerrar más el cerco al comercio de armas de fuego, poniendo estas solo en manos de las fuerzas armadas y los componentes seguridad ciudadana. Aún así, una aparente falla en el sistema ha permitido que, año tras año, la cifra de asesinatos por armas de fuego aumente.
Otras naciones latinoamericanos, como México y Colombia, han establecido leyes para controlar las armas de fuego. Su legislación se pasea entre defender constitucionalmente el derecho de sus ciudadanos a armarse (como en México), hasta restringir la posesión de estas, para cuya compra y porte se necesita un permiso gubernamental.
Las leyes, en general, establecen –a lo largo del continente americano- una serie de pautas cuando de la compra, posesión y portes de armas de fuego se refiere. Una de esas pautas, común en casi todas ellas, es hacerse un examen psicológico que determine que el interesado está capacitado para poseer un arma. Otra de ellas es tener cierta edad (ser mayor legalmente) y no portar dicha arma en ciertas ocasiones o reuniones fuera de casa.
Lo que queda claro para la mayor parte de los estados americanos es que la tenencia de armas de fuego es una realidad que no solo requiere legislación sino también vigilancia, y que no hay un criterio unificado sobre su posesión por parte de civiles. Por ejemplo, países como Chile buscan restringir la compra y posesión, mientras que países como Brasil se alejan de esto. Sin duda, el debate está lejos de terminar.
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