Con ocasión de la investigación que realiza el Estado venezolano ante el ataque contra el Presidente Maduro el sábado 4 de agosto, el Ministerio Público ha señalado que supuestamente los diputados Julio Borges y Juan Requesens habrían participado en el ataque.
A partir de una peculiar lectura de la Constitución, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha decidido dictar órdenes de aprehensión en contra de esos diputados, y la Asamblea Nacional Constituyente ha decidido “levantar” la inmunidad parlamentaria que les corresponde. En el caso del Requesens, de hecho, ya se practicó su aprehensión, al ser sacado por la fuerza de su domicilio.
La inmunidad parlamentaria es una de las “prerrogativas parlamentarias” que se reconocen a los diputados en el ejercicio de sus funciones. Es decir, son beneficios que se reconocen a los diputados para asegurar la independencia del Parlamento con respecto a otros poderes públicos.
Conforme al artículo 200 de la Constitución de 1999, la inmunidad parlamentaria que se reconoce a los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones alcanza a tres aspectos: (i) los presuntos delitos que cometan los integrantes de la Asamblea Nacional deben ser conocidos en forma privativa por el Tribunal Supremo de Justicia; (ii) para que un diputado pueda ser detenido y enjuiciado por orden del Tribunal Supremo de Justicia, se requiere necesariamente que la Asamblea Nacional autorice su detención o enjuiciamiento, y (iii) en caso de delito flagrante cometido por un diputado, la autoridad competente lo pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia.
La inmunidad parlamentaria como mecanismo de protección al Parlamento
De tal manera, por la inmunidad parlamentaria, se otorga la protección a los diputados a que su enjuiciamiento por el Tribunal Supremo de Justicia deba ser autorizado por el propio Parlamento. En ese sentido, la Cámara puede constatar la acusación que se hace al Diputado y verificar que ésta no sea arbitraria, discriminatoria o temeraria.
Por ello se considera que la inmunidad parlamentaria no es tanto un beneficio para el parlamentario como tal, sino un mecanismo de protección para el propio Parlamento. Si bien el destinatario directo del beneficio es el parlamentario, en realidad la finalidad última de la inmunidad parlamentaria es proteger al Parlamento como institución de las interferencias en su funcionamiento que pretenda ejecutar otro poder público, como el Ejecutivo.
En ese sentido, la inmunidad parlamentaria es no sólo fundamental para el correcto funcionamiento del Estado venezolano, sino que se constituye en una garantía de protección a la misma voluntad de los electores que han elegido a sus representantes ante el Parlamento, en nuestro caso, la Asamblea Nacional.
Por ello, la interpretación que han realizado tanto el TSJ como la ANC, supone una violación abierta de las distintas garantías que el artículo 200 de la Constitución de 1999 reconoce a esos diputados.
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