En el año 2001, cuando las marchas del 8 de marzo transcurrían con más pena que gloria por todo el mundo, a la abogada Linda Loaiza le esperaba el calvario de vivir en primera persona la herida de la violencia sexual. Hace ya casi 17 años (fue un 27 de marzo) -cuando la venezolana tenía solo 18 y soñaba con estudiar Veterinaria- fue secuestrada, golpeada, quemada por distintas partes de su cuerpo y violada en múltiples ocasiones hasta julio de ese mismo año por Luis Antonio Carrera Almoina, quien fue bautizado por la prensa como “El Monstruo de los Palos Grandes”. Pasaron cuatro meses -que se dicen pronto- y cuando Loaiza se daba casi a sí misma por muerta, consiguió escapar y ser rescatada.

Si los seres humanos hubiésemos hecho de este mundo algo justo e igualitario, a pesar de los horrores de la violación, de los golpes y del secuestro, lo que vino después debería haber sido únicamente justicia.

¿Cómo han sido, por el contrario, estos 17 años para Linda Loaiza? Seguramente haya perdido la cuenta de las veces que ha escrito y contado su testimonio a jueces, abogados, periodistas, psicólogos, médicos, amigos, familiares, usuarios de redes sociales…ella es épica, pero no así el relato de los hechos.

Las irregularidades del sistema venezolano la han llevado a ser la primera mujer en llevar un caso de violencia de género en Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Hoy en día se desconoce el paradero de Carrera Almoina. Aun así, en la prensa latinoamericana queda constancia de la primera sentencia absolutoria y de algunos datos relevantes. El agresor viene de una familia poderosa, con fuertes lazos en círculos políticos e intelectuales,  principalmente con la capacidad de influir en el curso de los procedimientos legales en su contra. Es, en definitiva, el reflejo más perverso y deplorable de una justicia patriarcal.

Linda Loaiza no habla solo como superviviente. Es también abogada y está especializada en el área de derechos humanos. “La forma en que se llevó a cabo mi caso es una muestra de cómo funcionaron y aún funcionan las instituciones judiciales venezolanas.”

Antes de seguir avanzando y para aportar brevemente un argumento de por qué ha de existir un día como el 8 de marzo, les dejo algunos datos. Según Naciones Unidas se estima que el 35 % de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su compañero sentimental o violencia sexual por parte de una persona distinta a su compañero sentimental en algún momento de su vida. En otras palabras: se estima que 35 de cada 100 mujeres en todo el planeta somos agredidas física o sexualmente por el mero hecho de ser mujeres. Una cifra que ya de por sí es escandalosa, pero que además no se ajusta ni siquiera a la realidad, ya que en muchos países no existen mecanismos oficiales ni políticas públicas que se encarguen de registrar las agresiones y asesinatos cometidos por violencia de género.

Las irregularidades del sistema judicial venezolano

Linda Loaiza no se resigna. Tras agotar todas las vías penales en Venezuela, decidió acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para demandar al Estado venezolano, convirtiendo así su caso en la primera denuncia de violencia de género que admite la Corte desde la república bolivariana.

Durante todo el proceso penal interno en Venezuela el expediente de Loaiza fue conocido por más de 76 jueces. El sistema judicial procesó el caso bajo múltiples irregularidades. Linda los enumera: la selección de los escabinos, inhibiciones de jueces y magistrados, quitarle la acusación privada como víctim,; un supuesto desistimiento de acusación y diferimientos de 31 audiencias.

Por si lo anterior no fuera suficiente, Loaiza tuvo que poner de nuevo su vida en riesgo. En el año 2004 inició una huelga de hambre para que los tribunales iniciasen el juicio. A pesar de su deteriorada salud, logró el objetivo.

“La huelga dio paso al primer juicio para condenar los delitos del agresor y quienes le habían arreglado una huida.” Aquel primer juicio concluyó con una sentencia que absolvía a Carrera Almoina de los siguientes delitos: homicidio calificado en grado de frustración, violación sexual, privación ilegítima de libertad, tortura, impedimento u obstaculización de una actuación judicial mediante fraude y peculado de uso.

En 2005 Loaiza ejerció el recurso de apelación y una corte declaró nula la sentencia absolutoria, ordenando a su vez la privación de libertad de Luís Antonio Carrera Almoina. A pesar de todo esto, antes incluso de iniciar el segundo juicio se dieron seis diferimientos de audiencias. En marzo de 2006 se emitió una sentencia condenatoria para el acusado de solo seis años y un día con un cambio calificativo de los delitos. Solo se lo sancionó por privación ilegítima de libertad y lesiones gravísimas, quedando en la impunidad los delitos de homicidio calificado en grado de frustración, violación y tortura. 

Linda Loaiza

Agoté todos los recursos penales internos. En noviembre de 2007 acudí a la CIDH, demandando al Estado venezolano por la violación de mis derechos humanos y los derechos de mis familiares consagrados en la Convención Americana”, cuenta Linda Loaiza.

Venezuela en el Sistema Interamericano

En el año 2010 la solicitud de Linda Loaiza fue admitida como competente. Desde junio de 2014 el caso ha sido representado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), por el Comité de Familiares de las Víctimas de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic), y por el abogado Delgado Linares. El día 17 de marzo de 2015, en audiencia ante  la CIDH, Loaiza expuso su testimonio, solicitando que el caso fuera enviado a la Corte. Fue en esa audiencia pública que Loaiza se dirigió por primera vez al Sistema Interamericano:

Estoy aquí para brindar mi testimonio y alzar la voz en nombre de las miles de mujeres venezolanas que hoy están siendo víctimas de violencia sexual y violencia de género.

En los últimos tres años la abogada venezolana ha sido escuchada por la Comisión, el caso pasó a la Corte IDH (noviembre de 2016), y el 6 de febrero de 2018 se celebró la audiencia. Actualmente a la espera de la resolución. Sin embargo, en 2013 ocurrió algo que podría cambiar la suerte de supervivientes venezolanas que se sientan identificadas con Loaiza y que quieran emprender el mismo periplo. El gobierno de Venezuela denunció a la Convención Americana de Derechos Humanos para retirarse de la Corte. Aun así, la decisión por parte del Estado venezolano no significa que el país no forme parte del sistema interamericano, porque según explica Amnistía Internacional:

La Comisión Interamericana, como órgano principal de la organización, aún podrá monitorear el cumplimiento de Venezuela de sus obligaciones de derechos humanos. Los ciudadanos venezolanos podrán continuar enviando peticiones a este organismo cuando sus derechos no estén siendo reconocidos o protegidos dentro del país. Esta decisión, sin embargo, limitará el acceso a la jurisdicción de la Corte Interamericana para casos ocurridos después del 10 de septiembre de 2013”

Larissa Arroyo Navarrete, abogada feminista y especialista en Derechos Humanos, explica qué supone desde el punto de vista técnico que Venezuela ya no forme parte de la Corte, y qué implicaciones tiene para la lucha por erradicar la violencia machista:

Cuando hay protección internacional se blindan mayores parámetros y obligaciones para cumplir con el respeto a los derechos humanos. No obstante, es importante entender que los países tienen normativas -más o menos eficientes- que también son incumplidas aunque formen parte del sistema interamericano. Apunto esto porque, es muy importante entender que los derechos humanos son inherentes a las personas. Este es un criterio académico y personal, pero yo añadiría que al margen de la protección jurídica que exista, hay un deber tanto de terceros como de los Estados en proteger esos derechos. Aunque los tratados y convenciones internacionales no sean vinculantes, mi dignidad como persona no la define la normativa. Es complicado, porque eso no significa que la persona vaya a tener vías para defenderlo"

Para esta abogada costarricense la complejidad y el dilema residen en que todavía hay que entrar en el debate de cómo hacer para que ese derecho internacional lo cumplan las jurisdicciones. Explica que “no hay mecanismos para exigir a los Estados que lo cumplan. Más allá de las sanciones políticas y económicas, no hay nada. Eso nos deja sumamente desprotegidas a varios sectores de la población, entre los que obviamente estamos las mujeres. Cuando pienso en Venezuela, veo el ejemplo de lo que podría ocurrir en Costa Rica precisamente. Ahora que teníamos un candidato a la presidencia que decía que nos iba a sacar de la Corte IDH, para poder decidir lo que él quiera sin responder ante nadie. Eso fue lo que ocurrió en Venezuela y lo que ocurre en EE.UU., porque si bien este país hace parte del sistema, no acepta la jurisdicción de la Corte. La misma Comisión ha hecho manifestaciones muy fuertes alrededor de la prisión de Guantánamo, pero ya han dicho que no la van a cerrar. Las jurisdicciones reconocen al Sistema Interamericano por una cuestión de reputación sobre todo” 

Larissa Arroyo Navarrete

“Todas somos Linda Loaiza”

Audiencia pública de 2015, Linda se dirige a la CIDH:

Reitero que, como víctima, la violencia sexual causa un daño irreparable. Que es como vivir la propia muerte, luchar contra ella, vencerla y heredar sus consecuencias. Por ello considero que el Estado venezolano aún persiste en la impunidad en referencia al delito de violencia sexual”.

El rostro de los representantes de la delegación venezolana parece adivinar algo de empatía y compasión, pero el Estado -de forma escurridiza-  se defiende: “Nosotros sentimos que faltó más por hacer en este caso. Sin embargo, asegurar que el Estado venezolano no ha cumplido con su deber de proteger a Linda Loaiza en su legítimo reclamo de justicia, frente a los abominables hechos de los que fue víctima, y por ende asegurar que el Estado venezolano ha incumplido con los instrumentos internacionales, con la propia Constitución y las leyes, es poco menos que una exageración o, cuando menos, una ingenuidad.”

¿Se ha conseguido en América Latina y en general avanzar en reconocer y condenar la violencia sexual? Según Larissa Arroyo:

“Es algo en lo que hemos trabajado bastante. Lo hemos tratado como una violencia estructural y sistemática. En el caso de Costa Rica nos hemos enfocado en la cultura de la violación, el acoso sexual callejero, etcétera. En países como Colombia se ha tenido que trabajar en la violencia sexual como arma de guerra. Hace falta incidir desde un punto de vista más estructural y dar soluciones. Si las víctimas de la violencia no pueden acceder a la justicia, por lo que sea, hay que brindar un sistema de beneficios. Podríamos pensar en lo que hacen otros países, que permiten la emigración de estas mujeres bajo diferentes figuras internacionales, como por ejemplo la de refugiada. El caso de María Teresa Rivera es un ejemplo, una mujer salvadoreña que fue acogida por Suecia. En El Salvador había sido procesada y encarcelada por practicarse un aborto, cuando ni siquiera eso fue así. En realidad había sido una pérdida espontánea.”

Linda Loaiza ha denunciado el escarnio público al que fue sometida tras su secuestro y el proceso de revictimización por parte del Estado. Habla de sí misma como “una víctima sobreviviente a una muerte horrenda que parecía inminente. Al lograr que me rescataran creí encontrar justicia, pero he vivido la funesta experiencia de la revictimización por parte de las funcionarias y los funcionarios de la justicia venezolana. En lugar de garantizar mis derechos humanos, me han causado otra forma de violación y tortura.”

La venezolana encontró en la sociedad civil lo que la justicia no le ha dado. Así, ha caminado de la mano de organizaciones que luchan por los derechos humanos de las mujeres y que se han sentido  identificadas con su causa. Según ella, fue unánime en el país la consigna de acompañamiento “Todas somos Linda Loaiza”, como rechazo a las actuaciones del sistema judicial.

¿Cuál es entonces el papel de los abogados y las abogadas en su compromiso con la violencia de género? ¿Cómo se puede erradicar la violencia machista si no se aplica la perspectiva de género? Larissa Arroyo Navarrete responde:

Ahí hay varias cosas. La primera es que en la gran mayoría de los países, no se incorpora esa valoración en las facultades. No se puede pedir a un abogado o a una abogada que haga el ejercicio de su profesión desde el barco de los derechos humanos y de la perspectiva de género si no se le brindan las oportunidades y las herramientas. Es cierto que podríamos reclamar muchas cosas. Pero sí creo que la primera vía de entrada y sensibilización tienen que ser las facultades de Derecho. En general no existe ese componente. Y no estoy diciendo que sea cuestión de impartir una materia, sino que tiene que ser algo transversal. La perspectiva de derechos humanos y de género tiene que estar en absolutamente todas las ramas del Derecho, porque incluso en el derecho tributario puede haber un impacto de género.

Larissa además matiza y añade que la obligación es de los Estados para promover un cambio social: “Yo apuntaría a la necesidad de que reconozcan la ausencia de acciones afirmativas dentro del marco regulatorio. Lo jurídico es un componente nada más, no es la solución a todos los problemas. Sin embargo, deja muy claro la necesidad del cambio en el componente cultural de esos patrones discriminatorios.”

En medio de esa sed de justicia, de la ausencia de perspectiva de género real y debido a la traumática experiencia vivida, fue que Linda Loaiza cambió sus aspiraciones de ser veterinaria por las de ser abogada. Cuenta que con apoyo y mucho esfuerzo estudió Derecho e hizo un postgrado en Derecho Internacional. Podría decirse además, y suscribiendo a la propia Linda, que en Venezuela persiste al patrón de la impunidad, a lo que tristemente se suma la falta de datos estadísticos:

“Venezuela cuenta desde el año 2007 con la ley orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley ordena la creación de órganos receptores de denuncia, despachos fiscales y tribunales especializados, entre otros. Las mujeres víctimas de violencia y sus familiares siguen presentando grandes obstáculos a la hora de obtener una adecuada respuesta de las instituciones del sistema de justicia.”

Sobre la decisión del gobierno de Venezuela de salir de la Corte se muestra decepcionada y preocupada. Linda Loaiza ha llegado hasta la Corte con la esperanza de que su caso pueda generar estándares jurídicos en materia de violencia de género como garantía de no repetición, justicia, sanción y reparación todas las mujeres en el mundo.

En Venezuela era la esperanza que nos quedaba para encontrar justicia a las sobrevivientes de tortura y violaciones. A lo largo de todos estos años he buscado con tenacidad justicia, porque creo firmemente que rendirse no es una opción.