Jenny Caldas: “Pueden coexistir la industria y el medioambiente”

Jenny Caldas es socia de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados en Perú desde hace un año. Tras más de dos décadas como abogada en la práctica de medioambiente, como asesora de empresas del sector hidrocarburos, ha logrado conocer en gran profundidad los retos a los que las compañías  enfrentan para cumplir con los estándares que exige el marco regulatorio.

Sobre las realidades de la industria minera frente al derecho y las autoridades que lo regulan, así como de la Ley Marco del Cambio Climático en Perú y los estudios ambientales con enfoque de género, hablamos con Caldas en Rompiendo moldes. 

¿Cuál es su carta de presentación como abogada?

Decidí ser abogada desde que estaba en el colegio, a los 13 años de edad. Nunca dudé de mi vocación. Me siento afortunada de haber hecho una carrera que me gusta, me apasiona y me inspira. No puedo ejerciendo otra profesión.

Soy abogada básicamente de estudio. Toda mi carrera la he hecho en despachos, por lo que tengo un gran compromiso con mis clientes. Requiere una enorme vocación de servicio y de sacrificio porque hay que trabajar con mucha integridad. No siempre se logran los resultados que uno espera. Pero lo que a mí me deja tranquila es saber que hice un gran esfuerzo por dar lo mejor de mí, y eso el cliente lo nota y lo reconoce. Que un cliente me diga que se siente tranquilo por un consejo que le di, que diga que sabe que está en buenas manos, es la parte más gratificante de mi carrera. 

Cuando mira atrás y hace una valoración de lo que ha recorrido en su carrera ¿qué experiencias y qué personas han tenido mayor impacto en lo personal y lo laboral?

Trabajé 20 años en la firma Estudio Muñiz en el área de minas y medioambiente. Empecé como asistente y llegué a ser socia. Ahora, sin embargo, hace justo un año que llegué a Rodrigo, Elías & Medrano Abogados para asumir un nuevo reto profesional. Me siento muy cómoda y muy orgullosa de estar en esta firma.

En cuanto a quiénes me han inspirado, en lo personal mis padres han tenido un gran impacto. Me inculcaron mucho el amor por los estudios y la idea de que con esfuerzo una podía lograr lo que se propusiera. Mi esposo también es una pieza muy importante en mi carrera. Ambos compartimos el rol del cuidado del hogar. Eso hace en verdad que yo haya podido dedicar el tiempo necesario a la profesión.

En lo profesional no puedo dejar de mencionar a mi mentor, Jorge Pérez-Taiman. Aún tengo el privilegio de trabajar con él. Trabajamos juntos en Estudio Muñiz y ahora en Estudio Rodrigo. Desde muy joven me dejó tener contacto con los clientes, tener mis criterios y me dio además la confianza necesaria para que yo sacara las cosas adelante.

Ya nos ha contado que siempre tuvo muy claro que quería ser abogada. Aun así ¿se ha preguntado cómo habría sido usted haciendo otro trabajo?

En verdad sí. Creo que tengo una gran capacidad para comunicar. Podría haber sido buena periodista. Me hubiera gustado tener un programa de entrevistas en radio o televisión . Me gusta el periodismo de investigación. Me habría sentido cómoda en una profesión en la que pueda comunicar y expresar.

¿Qué es lo más satisfactorio y lo más frustrante de ejercer el Derecho Medioambiental en Perú?

Lo más satisfactorio es poder asesorar a empresas de la industria extractiva y ayudar en los aspectos legales de la prevención y mitigación de impactos ambientales. Perú es un país biodiverso. Es gratificante saber que pueden coexistir las industrias extractivas y un medioambiente saludable. Eso se logra con un apoyo adecuado a las empresas y, por supuesto, con el cumplimiento de la norma. Ahí es donde entra mi trabajo. Siento que contribuyo al desarrollo de mi país y de la industria.

La parte más frustrante es que no se cumplan los plazos dentro de la administración pública. Todo eso paraliza inversión, creación de empleo, etc. Ocurre muchas veces por la falta de conocimiento sobre la realidad de la industria minera y petrolera, que deriva en exigencias poco razonables. La realidad de esta industria supera muchas veces a las normas y disposiciones legales. Eso hace que los funcionarios públicos no puedan entender la situación e impongan sanciones, pese a que la empresa hizo lo posible por cumplir la normativa.

¿Cuáles son las situaciones en las que el funcionariado desconoce estas realidades? Cuesta pensar que un gobierno o institución pública no trabaje bajo todas estas premisas.

Hay aspectos técnicos muy específicos que solo se pueden ver cuando trabajas en el terreno. En algunos casos las normas no reflejan las cosas tal cual. Tanto en petróleo como en minería, ocurre que las empresas muchas veces se tienen que mover de un lugar a otro por aspectos geológicos. Finalmente cuando se terminan de trasladar, o si se hace sin alguna autorización, la empresa se ve inmersa en un proceso sancionatorio. Son cosas tan reales que ahora se están mejorando para que las empresas se puedan mover. Los proyectos son mucho más dinámicos de lo que se pueda imaginar en la fase de redacción.

Desde su práctica laboral y académica del derecho medioambiental, ha expuesto en varias plataformas su análisis sobre los puntos de encuentro y desencuentro entre el derecho minero y el derecho a la propiedad. Pensando en el concepto de licencia social, ¿cuáles son los desafíos al asesorar en proyectos del sector minero? ¿cree que se debería convertir en instrumento legal la licencia social?

No veo la licencia social como un instrumento legal. Finalmente esta es la aceptación por parte de la población de un proyecto y eso es algo que se va ganando. Es importante mantenerla, porque un proyecto puede tener la licencia social al inicio y perderla en unos años.

Sin embargo, hay mecanismos legales que buscan que la empresa obtenga la licencia social. Perú ha ratificado el convenio 169 de la OIT, que es la consulta previa. Es un mecanismo para acercar los proyectos a las comunidades indígenas a través de reuniones y acuerdos. También tenemos el mecanismo de la participación ciudadana durante la evaluación de los estudios ambientales, que es distinta a la consulta previa. Ambos están regulados legalmente y son coadyuvantes para obtener la licencia social.

Definitivamente los conflictos sociales siguen siendo un gran problema en la industria minera y petrolera en nuestro país. La empresa tiene el deber de implementar bien todos estos mecanismos para socializar su proyecto, pero el Estado debe cumplir su rol de atender a las necesidades básicas de la población. Si el Estado no cumple con esto, la conflictividad social va a ser un factor importante. Muchos gobiernos regionales no saben cómo gestionar los recursos económicos que reciben y terminan siendo entregados al gobierno central. Eso genera la sensación en la población de que los proyectos de la industria no les benefician en nada. No observan el desarrollo de su población, a pesar de que el gobierno sí recibió el aporte que hizo la empresa. La población obviamente no tiene capacidad para desarrollar proyectos de saneamiento e infraestructura.

¿Existen soluciones de tipo medioambiental que vayan más allá de las del marco regulatorio para mejorar la gestión de proyectos en el sector minero?

Sí. La regulación acá es el piso. Es lo mínimo que se debe cumplir. Por supuesto que siempre se pueden tener estándares más altos, que pueden ir más allá del marco regulatorio y que pueden venir de la asesoría que reciben las empresas. Un ejemplo que se ha dado es con el uso del agua de mar para proyectos mineros en general, que en su momento no estuvo regulado y ahora sí lo está. Se vio que el uso del agua en Perú es mayoritariamente agrícola. Los agricultores no veían con buenos ojos que llegara una empresa y cogiese agua de un río. Pensaban que esa actividad afectaría a su trabajo en el campo. De ahí regular el uso de agua de mar. Las empresas pueden proponer y adoptar prácticas para mejorar su gestión.

Perú está cada vez más cerca de contar con una Ley Marco de Cambio Climático. ¿Cree que esta ley, además de promover la responsabilidad del país para combatir el cambio climático, ayudará a atraer más inversión? ¿es la coyuntura actual la adecuada para que esta norma se aplique de forma efectiva en el supuesto de entrar en vigor?

Tener una ley podría ser positivo, siempre y cuando se adecúe a la realidad. Perú no está industrializado a los niveles que nos gustaría. Por tanto, la generación de gases efecto invernadero no es tan importante como en los países desarrollados. Con base en eso hay que diferenciar. Nuestro país no podría reducir límites por ejemplo a niveles muy exigentes todavía. Eso desincentivaría la inversión.

Sin embargo, hay aspectos que también contribuyen al cambio climático y que sí están siendo manejados. Tenemos que combatir por ejemplo la deforestación en nuestra selva. Perú tiene que luchar por erradicar la minería ilegal.

Otro problema es la sustitución de los bosques por los cultivos de coca. Muchos campesinos deforestan y siembran cultivos de coca, porque finalmente es más rentable. Mientras no haya medidas que incentiven a estas personas para llevar a cabo otras actividades económicas que las sustenten, la situación no va a cambiar. Es un círculo vicioso.

Vemos que, independientemente de las normas, hay aspectos que contribuyen al cambio climático. Por ejemplo también la gestión de residuos sólidos. Hay demasiados botaderos ilegales. La pregunta es quién es el titular: el Estado. Hay regulación sobre eso, pero no se cumple.

Este año el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles de Perú (Senace) publicó los “lineamientos que promueven la participación de la mujer en el proceso de certificación ambiental” ¿Qué impacto tendrá esta iniciativa si se cumple en la práctica? ¿cuál es la importancia del rol de la mujer en la elaboración de estudios ambientales?

En 1995 Perú suscribió los acuerdos de Beijing. Lo que está haciendo ahora es incorporar en sus políticas públicas el enfoque de género. Lo veo como algo positivo. Como parte de estos lineamientos, se encuentra la incorporación de mujeres intérpretes en los procesos de participación ciudadana. De la misma manera que las personas que vayan a hacer la consulta de participación ciudadana sean mujeres también. Esto es importante para que las mujeres se sientan más cómodas y se animen a participar más. Ahora bien, es importante tener en cuenta otros aspectos, como por ejemplo la obtención de datos. La parte del tratamiento de la línea base ambiental y social deben contener aspectos relacionados. Por ejemplo, evaluar las necesidades de la mujer en la zona donde se va a desarrollar el proyecto e identificar si existen situaciones sucesivas de violencia contra las mujeres, problemas de salud, analfabetismo, etc. Eso es una herramienta para que el Estado haga una evaluación y adopte medidas.

Por otro lado, hace que en el estudio ambiental se evalúen los impactos sobre la mujer. Por ejemplo, muchos proyectos toman mucha mano de obra. Eso hace que los hombres que normalmente se dedican a actividades agrícolas, tengan que dedicarse más a la actividad minera y generen una sobrecarga en el hogar. Otro aspecto es el de las indemnizaciones. El que recibe el dinero es el hombre, lo cual genera que haya conflictos dentro del hogar porque es uno solo el que maneja el dinero. Es interesante ver cómo un proyecto puede afectar tanto a la mujer. Con los lineamientos se buscan precisamente ver cómo mitigar estos impactos.