Nueva Ley de Inversión Extranjera en Venezuela: de mal en peor

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) - convocada y elegida al margen de la Constitución de Venezuela - ha dictado una nueva “ley constitucional”, usurpando así la función legislativa que corresponde a la Asamblea Nacional.

Crisis de la inversión extranjera en Venezuela

Ante la grave situación socio-económica que atraviesa el país, habría sido razonable esperar que la ANC intentara incentivar la inversión extranjera. A fin de cuentas, uno de los principales problemas económicos a los que se enfrenta el país es, precisamente, el declive de ésta. Dicha caída se ha manifestado, entre otras formas, en la escasez de bienes y servicios, además de menos ingresos fiscales para el Estado. Aun así, está claro que al dictar la ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva, la ANC no tenía intención de atraer inversión extranjera. 

Por paradójico que parezca, la primera ley que se dictó en Venezuela para expresamente atraer inversionistas internacionales, fue dictada mediante un decreto ley del entonces presidente Chávez. Fue en 1999, tras pocos meses de su elección. No olvidemos que en su discurso de campaña, uno de los pilares fundamentales era el nacionalismo económico.

La ley de 1999 fue sustituida por otro decreto ley del presidente Maduro, en 2014. Esta norma de 2014 restringió significativamente las libertades y el ambiente para atraer inversores. De hecho, puede decirse que su promulgación es una de las razones por las cuales la inversión extranjera ha caído dramáticamente en Venezuela en los últimos tres años. Un análisis de los efectos prácticos puede verse en el trabajo “La inversión extranjera a finales de 2012” del profesor Eugenio Hernández-Bretón.

La ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva

Como dijimos, lo razonable habría sido esperar que ante el agravamiento de la crisis, la ANC hubiera dictado una ley constitucional para favorecer las inversiones. Si bien en algunos aspectos la nueva legislación intenta favorecerlas, en otras normas establece condiciones claramente desfavorables y que dejan un saldo negativo. De hecho, y como se verá más adelante, un riesgo importante es que finalmente podría ser utilizada como un instrumento para el control político de la inversión extranjera. Algunos rasgos positivos a tener en cuenta son:

1. En efecto, establece algunas medidas que mejoran el ambiente para la inversión en Venezuela. Así, se vuelve a permitir la remisión del 100 % de utilidades o dividendos al exterior (artículo 28).


2. El artículo 22 establece un programa de beneficios especiales otorgados a las inversiones extranjeras que hayan acordado, previamente, un contrato que establezca un cumplimiento de objetivos. Algunos de esos beneficios pueden ser: desgravaciones; amortización acelerada; compra de la producción por parte del sector público; bonificación en impuestos; exenciones arancelarias; exenciones tributarias (artículo 23).


 

Los riesgos de la nueva ley

Pero cuando se analizan otros aspectos de la norma, se puede concluir que el balance no es favorable a la inversión extranjera. En efecto, contiene algunos puntos que podrían estar orientados al control político y económico de la actividad del inversionista.

Por una parte, se incluyen normas que exigen que la empresa extranjera se comprometa a tener una “conducta empresarial responsable”. Ésto podría derivar en que se le exija colaboración con la política económico-social del Gobierno de Venezuela (artículo 32). Además, se prohíbe a la empresa extranjera asumir conductas que entorpezcan, detengan o dificulten el proceso productivo por motivos políticos, así como adherirse a “paros o boicots productivos”.

Por señalar otro ejemplo, el numeral 6 del artículo 32 exige que se obtenga una autorización para contribuir a través de donaciones, aportes, rentas con instituciones públicas o privadas, organizaciones benéficas y asociaciones civiles o personas naturales. Además, no podrán participar directa o indirectamente del debate político nacional, ni contribuir directa o indirectamente a la conformación de opinión sobre temas de interés público en los medios de comunicación (numeral 7).

Tales exigencias y prohibiciones están orientadas a controlar políticamente la actividad de la empresa extranjera, en la misma línea con la que se ha acusado durante años a parte del empresariado en Venezuela de perseguir fines políticos. Se busca cohibir la actuación del sector privado, susceptible de ser considerado como "provocador" de formas de oposición política al Gobierno nacional.

Por otra parte, la “ley constitucional” incluye una nueva figura denominada “contrato de inversión”, el cual deberá ser celebrado entre el inversionista extranjero y el Estado. Ese contrato es, precisamente, el vehículo que permitiría al inversor participar de los “beneficios” a los cuales aludimos más arriba. Es difícil precisar, en este momento, cuál será el contenido de esos acuerdos, pero también podrían ser utilizados como un instrumento para el control político de la empresa extranjera.

Dos elementos esenciales deben existir para incentivar la inversión extranjera: libertad económica y seguridad jurídica. El contenido de la nueva ley de Inversión Extranjera ataca precisamente ambos principios, empeorando las condiciones de un régimen inversor que ya era bastante restrictivo.

De todas las medidas de rescate económico que necesita Venezuela, agravar la crisis de la inversión internacional no era definitivamente una de ellas.