Está pasando. La lucha anticorrupción en América Latina empieza tímidamente a ser una característica más propia de la región que la propia corrupción en sí. No podemos obviar que este fenómeno se produce precisamente por la falta de prácticas limpias de que han adolecido los países latinos por décadas y décadas. A fin de cuentas, la denuncia y el activismo surgen cuando el sistema cae por su propio peso. Una caída que se embala cuando vemos que ese sistema maltrecho no solo beneficia injustamente a las élites, sino que además se está llevando por delante la oportunidad de crecimiento de las economías, de atraer a inversores internacionales y de acabar con la desigualdad. La revista Americas Quarterly ha declarado que si las prácticas anticorrupción continúan, se generará uno de los cambios más importantes en América Latina en el siglo XXI, se fortalecerán las democracias, haciendo que el mundo empresarial sea más transparente y esté más abierto a nuevos actores. Más importante aún, ayudará a reducir la pobreza y la desigualdad, permitiendo que esos miles de millones de dólares perdidos a través de la corrupción sean redirigidos hacia los más necesitados.
El mercado legal en América Latina presencia importantes cambios en la mentalidad de sus abogados, políticos y empresarios. Este discurso viene motivado, quizás, por el escándalo de Petrobras en Brasil, pero en este momento estamos viendo un proceso similar en Argentina. Según David Gurfinkel, socio encargado del Departamento de Compliance & Investigaciones de Allende & Brea, quien ve con optimismo el desarrollo de la lucha contra la corrupción en Argentina, "la indignación social sumada a la necesidad de cumplir finalmente con las normas anticorrupción de tratados internacionales para así beneficiarse de la inversión extranjera, son una combinación muy valiosa”. Gurfinkel considera que esto seguramente impulse la sanción de leyes en la materia, tal y como ha ocurrido ya en otros países de la región, y donde se podría decir que se está demostrando que han sido útiles para combatir la corrupción.
Además, el optimismo parece estar presente en varias firmas. “Estamos ante un escenario de mayor transparencia y en donde la justicia siente menos presión en el momento de actuar, lo cual se refleja en el gran avance que han tenido muchas de las causas en el último año”, afirma Pedro Serrano Espelta, socio de Marval, O´Farrell & Mairal.
Recientemente supimos que el juez Ercolini dictó una resolución por la cual se ordenó el procesamiento y embargo de 10.000 millones de pesos argentinos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), por asociación ilícita. Este procesamiento entra dentro de la causa por el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral –conocida como Caso Grupo Austral-, proceso que también implica al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, al exsecretario de Obras Públicas, José López, y al empresario patagónico Lázaro Báez, entre otros funcionarios. La resolución del juez suma un total de 17 personas procesadas, incluyendo a los ya mencionados.
El juez Julián Ercolini ha procesado a los acusados por considerarlos prima facie coautores de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada, motivo por el cual ordenó el embargo. Además, también ha considerado que este plan se extendió durante 12 años y que fue diseñado desde la cúpula del Poder Ejecutivo con la intención de apoderarse de forma ilegítima de los fondos asignados a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, en Argentina. Esta noticia y el conocimiento de otros casos de la misma índole en el país, que comenzaron en el año 2016, hacen que nos planteemos qué va a suponer la coyuntura para la lucha contra el soborno.
El juego político y la corriente anticorrupción
En mayo de 2016, Financial Times informaba sobre las acusaciones que ya por entonces enfrentaban la expresidenta CFK y antiguos cargos de su gobierno por malversación de fondos, soborno y lavado de dinero, describiendo la reacción a estos hechos como la llegada de “una corriente anticorrupción”. Cabe preguntarse si se puede incluir al juez Ercolini dentro del grupo de fiscales, jueces y activistas que algunos han denominado “corruption busters” .
Si el lector de este reportaje ha seguido de cerca la noticia, se habrá encontrado con que son varias las voces que apuntan a un paralelismo entre Argentina y Brasil, al hilo de la Operación Lava Jato. Esto se comenta en el sector, pero a nadie se le escapa lo que hace falta para que se mantenga el optimismo. Según Serrano Espelta, “figuras como la de Sérgio Moro, en Brasil, o Thelma Aldana, en Guatemala, sólo son posibles en sistemas donde la justicia, o al menos ciertos actores del sistema judicial, pueden actuar de forma independiente”.
Gustavo L. Morales Oliver, asociado de Marval, O´Farrell & Mairal, ha escrito sobre el compromiso que demuestra Argentina, país que participó en el 2016 London Anticorruption Summit, prometiendo tomar medidas que aborden nuevos mecanismos que fortalezcan a las agencias gubernamentales, garanticen la firma y cumplimiento de convenios internacionales y, sobre todo, que promuevan la introducción de nuevos instrumentos de acusación como el testigo, el colaborador o el denunciante.
A pesar del moméntum que vive el continente, es inevitable hacer una valoración del juicio paralelo del que somos testigos debido al enfrentamiento político que ha protagonizado el debate social. Sin ir más lejos, antes de conocerse el embargo, CFK envió un escrito al juzgado federal nº10 (a cargo del juez Ercolini), reclamando que se readecuara el objeto procesal de la causa. En cualquier caso, estos reclamos no se han hecho solo en los juzgados. Todo personaje público del siglo XXI conoce el poder de difusión y presión que se puede ejercer en las redes sociales. La expresidenta ha utilizado muy activamente su cuenta de Twitter para opinar sobre su propio procesamiento. Durante las fiestas navideñas hizo mención a comentarios de la abogada Graciana Peñafort, quien publicó hasta más de 30 tweets haciendo un análisis del fallo del juez Ercolini y tildando la causa de “persecución”.
En este sentido, nos preguntamos ¿qué efecto tiene el uso de estas plataformas sobre el prestigio de la Justicia en Argentina?
“Los poderes son independientes entre sí y la administración actual se ha expedido en numerosas oportunidades sobre la importancia de esta independencia. Pareciera que el impulso que se les está dando a las causas por corrupción, ya desde el 2015, responde principalmente a una mayor libertad e independencia del Poder Judicial para investigar y perseguir este tipo de delitos. Si bien podría decirse que el avance de las causas se evidenció en aquellos casos donde los imputados son exfuncionarios del gobierno kirchnerista, existen indicios de que -a la fecha- el compromiso con la transparencia en el sector público es real. El perjuicio que las presuntas actividades corruptas pueden haber ocasionado al Estado argentino resulta ser de una entidad significativa. No investigar y no clarificar los hechos del caso implicaría un actuar negligente de la Justicia”, afirma Serrano Espelta.
Gurfinkel hace una valoración similar: “En la lucha anticorrupción es fundamental respetar la libertad de acción de los fiscales y la independencia del Poder Judicial. Ellos son los organismos encargados de investigar y de dictar condenas cuando existe algún hecho de corrupción en cualquiera de los tres poderes. En el caso puntual de la resolución que dispuso el procesamiento y embargo de bienes de CFK, entiendo que no debe analizarse como una disputa entre la anterior Administración y la actual, y que es imprescindible que los funcionarios y exfuncionarios que son sometidos a un proceso realicen defensas técnicas y no políticas. Que se defiendan en los juzgados y no a través de los medios de comunicación”, explica.
Nuevas leyes entre Diputados y el Senado
Se han creado dos figuras penales para combatir la corrupción y el narcotráfico en Argentina. Estos proyectos vienen de la Cámara de Diputados y fueron bastante criticados en el Senado en sus primeras discusiones. El proyecto sobre extinción de dominio (todavía en el Senado) otorga al Estado la potestad para adquirir los bienes de los implicados en delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y narcotráfico, mientras que la figura del arrepentido – ya aprobada por la Cámara de Diputados - facilita información a la Justicia, de modo que se puede avanzar en la investigación del delito de corrupción. Esta figura ya existía para algunos delitos (denuncias por narcotráfico, el lavado de activos de origen ilícito, terrorismo, trata de personas y secuestros extorsivos), pero con la nueva norma se ha ampliado su ámbito de aplicación, por lo que actualmente alcanzaría los delitos de asociación ilícita, prostitución y corrupción de menores, delitos contra el orden económico y financiero, y actos de corrupción de los funcionarios públicos.
La cobertura que se la ha dado a estos proyectos de ley en el país ha incentivado este debate del que venimos hablando y en el que, como decíamos, algunos son optimistas. Hay quienes valoran los pasos que el Gobierno de Macri está dando para que algún día los informes y listas en las que se evalúa la transparencia dejen de situar a Argentina en una posición de poco prestigio. Así, fue la actual administración la que inició la denuncia a partir de una presentación que hizo el actual titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel. Este último sostuvo que el kirchnerismo entregó 52 obras en rutas de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez, por 46.000 millones de pesos.
Por otro lado, Gurfinkel dice que “es muy importante que en el proceso de redacción de leyes relevantes como la extinción de dominio, la figura del arrepentido, y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, participen profesionales especializados. En la sanción de leyes, es esencial evitar que la urgencia conduzca a dictar normas de difícil implementación práctica o que por contener inconsistencias técnicas den lugar a recursos de inaplicabilidad o de inconstitucionalidad que además frustren su aplicación en sede judicial.”
Miller & Chevalier publicó recientemente su 2016 Latin American Corruption Survey, en el que se refleja que Argentina es percibida como una de las economías más corruptas de la región por sus participantes. Según Gurfinkel, estos resultados están “en sintonía” con los del ranking 2015 del Transparency Internationals’ Corruption Perceptions Index, en el que Argentina aparece en el número 107. Según Gustavo L. Morales Oliver “estas estadísticas demuestran la alta percepción de corrupción que existe en Argentina”.
Argentina comparada: el sistema judicial que está por llegar
Las leyes argentinas operan con estándares que difieren de las leyes anticorrupción en otros países que han generado tendencia. Hablamos, por ejemplo, de la FCPA de Estados Unidos, la Bribery Act 2010 de Reino Unido y la Ley Anticorrupción en Brasil. Las diferencias más palpables tienen que ver con la responsabilidad de las empresas en los casos de corrupción, las consecuencias de implementar un programa de compliance, los beneficios de confesar y colaborar con la Justicia, el trato al delator, la privacidad, las normas de privilegios y evidencia, así como la defensa por soborno.
Marcelo Bermolén, Director del Observatorio de la Calidad Institucional (OCI) de la Universidad Austral en Argentina y socio de Accounting & Law Consortium S.A. dice que la diferencia clave en el caso de Argentina y Brasil – ya que el sector legal parece fijarse sobre todo en la evolución que ha habido en Brasil - es la forma en que operan sus sistemas judiciales federales.
Seguramente muchos pensarán que Argentina ha encontrado a su “Sérgio Moro”, pero Bermolén señala las diferencias y vemos que las comparaciones son odiosas: “El juez Moro en Brasil fue capaz de avanzar en su investigación aprovechando una serie de circunstancias a favor, de las cuales muchas estuvieron asociadas a un sistema judicial fortalecido. Sus conocimientos profesionales sobre el intrincado mundo del lavado de dinero se vieron acompañados por su fortaleza moral, su capacidad para crear equipos especializados y su inquietud por seguir investigando. Resolver este rompecabezas por módulos, hacer demandas, preservar pruebas y la protección a testigos y criminales arrepentidos le permitieron construir un caso fuerte, el cual fue, sobre todo, resultado de su independencia. Los grupos de presión y la actividad en redes sociales aceleran o retrasan el progreso del caso, a la vez que hacen evidente la influencia política de algunos agentes en Argentina”, sentencia.
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